Publicado en línea el Lunes 27 de junio de 2016, por Agencia Andar/CPM

ANDAR en San Isidro

(Agencia) Industrias RB, fundada en 1958, había sido vaciada y abandonada por sus dueños en 2001. Los trabajadores se organizaron y en 2003 legalizaron una cooperativa. RB Ltda es una empresa metalúrgica recuperada por sus trabajadores, sobre la que está vigente una orden de expropiación a favor de la cooperativa que la gestiona hace más de 15 años. Los trabajadores, luego de que la patronal declarara la quiebra, convinieron con los acreedores un plan de pago para mantener la maquinaria y las fuentes de trabajo. Luego de un largo proceso de lucha legal y económica, en el que se unieron al Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), hoy son 18 los trabajadores empleados por la Cooperativa de Trabajo Industrias RB Ltda que se dedican a la producción de diversos instrumentos y aparatos de medición y control.

Según la justicia ya no hay más prórroga. El Juzgado de Garantías N°2 de San Isidro, a cargo del Dr. Orlando Abel Díaz ordenó el desalojo y la represión de ayer se dio tras el reingreso de los cooperativistas a la planta de Martínez, a dos semanas de haber sido desalojados por orden judicial. Los trabajadores plantean la ilegalidad de la orden dictada ya que en el año 2007 la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sancionó la expropiación a favor de los trabajadores, ley que fuera prorrogada en 2012 por cinco años más.

Eduardo “Vasco” Murúa, presidente del MNER- Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas- estuvo en la ocupación de la fábrica, fue uno de los que padeció en el cuerpo el desalojo y posteriormente detenido en la comisaria 1 de San Isidro. “Nosotros comenzamos a movilizarnos a la justicia, hablamos con la Cámara para que salga la restitución del inmueble y en ese momento aparece un nuevo pedido del testaferro de la fábrica a este juez Diaz que es sacar las máquinas del lugar. Para nosotros ese fue el límite. En la justicia eso que es imposible, en este país, es posible. La fábrica había quedado, por disposición judicial, con una fuerte custodia policial de infantería de día y de noche. Fuimos a hablar a la comisaria porque para nosotros se había frenado todo, teníamos cosas que entregar, pagar a proveedores… Pedimos reuniones a través de nuestro defensor oficial pero nada, incluso el fiscal en turno no estaba de acuerdo con la decisión del Juez. Ante esto no nos quedo otra, teníamos que entrar”, contó para Agencia ANDAR el Vasco y continuó diciendo: “Las maquinas son de los trabajadores, eso no se discute. Nosotros con esta ocupación no buscamos provocar otra cosa que no sea volver a trabajar y vamos a intentar para cualquier decisión de este juez, que ahora sabe que no somos sólo 18 trabajadores sino que estamos acompañados por muchas organizaciones y que estamos hablando de un conflicto mucho más grande y que lo están mirando de todos lados. Sabíamos que el costo podía ser el que fue pero sentíamos que no nos quedaba mucho margen.”

Trabajador de RB lastimado por bala de goma

 

Los trabajadores de la empresa recuperada ingresaron al edificio para intentar recuperar el control de la fábrica pero fueron desalojados con palazos, gas lacrimógeno y balazos de goma por la policía; hubo heridos y detenidos pertenecientes al Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y la CTEP. Tras la represión durante el desalojo, la violencia policial continuó frente a la comisaría primera, donde trabajadores y militantes se manifestaban para exigir la liberación de los detenidos. “Estamos muy golpeados, la mayoría tenía golpes en la cabeza y cortes. Se ve que la orden fue rompernos la cabeza”, dijo Murúa. Entre los heridos se encuentra también un reportero gráfico de la Agencia Télam, Raúl Ferrari, que estaba cubriendo la represión frente a la Comisaría 1ra, y fue alcanzado por una bala de goma.

Adolfo Pérez Esquivel, presidente de la CPM, junto a otras organizaciones, se hicieron presentes en la comisaría primera de San Isidro, solicitaron ver a los detenidos y recién entrada la madrugada se consiguieron las excarcelaciones de todos. “Nos recibió el Comisario Mayor, jefe departamental del conurbano norte, Dr. Sergio Augusto Pérez. Lo que argumentó fue que se encontró con la resistencia de los trabajadores a ser desalojados y, ante eso, la policía cumple la orden judicial”, explicó Pérez Esquivel y continuó diciendo: “estas son las consecuencias de las políticas de exclusión neoliberales que existían y que están imponiendo: falta de trabajo, cierre de fábricas. Las pymes son las más afectadas, ya no tienen como sostenerse frente a la avalancha del ajuste. Lamentablemente, uno ve que esto se va a agravar. Si hay jueces y fiscales que dan órdenes, la policía va a actuar”.

Para el Presidente de la CPM “aquí se privilegia el capital financiero sobre la vida del pueblo. Esto no es un hecho aislado, se va a repetir mientras se profundicen estas políticas. Creo que vamos a tener que reforzarnos, organizarnos mucho más. Se vienen tiempos y situaciones de conflicto y eso nos demanda articular las cosas lo mejor posible para dar soluciones y evitar que se generen hechos de violencia”.

Desde la cooperativa de trabajo analizan presentar una denuncia contra el juez Díaz por incumplimiento de los deberes de funcionario público por hacer caso omiso a la ley de expropiación vigente y por dictar el desalojo desde un juzgado que no debería intervenir en el caso. A su vez, van a realizar en la PROCUVIN la denuncia por el accionar policial.

“Los daños son siempre daños, esperamos que nuestros clientes, que son de muchos años y nuestros proveedores no se asusten y podamos recomenzar a producir después de todo esto”, concluyó Murúa.


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