Publicado en línea el Sábado 25 de junio de 2016, por ANRED - C (redaccion@anred.org)


Los abusos de poder ejercidos por instituciones policiales o por otros sectores de choque (patotas, barras bravas, oficiales de civil) no siempre ocupan los principales titulares de los medios masivos. En muchos casos sólo lo hacen en alguna dirección particular. En otros casos, lo hacen mucho tiempo después que la noticia haya circulado por otras vías de comunicación (medios alternativos, redes sociales, o movilizaciones masivas). Desde el accionar de barras bravas o patotas ligadas a diversos partidos políticos o sectores de poder, o amenazas, la voluntad de los medios masivos para informar no siempre es la misma. Tampoco con los casos de gatillo fácil, o muertes por las represión institucional. La Masacre de Avellaneda fue un caso testigo, entre muchos otros. Por Ramiro Giganti, para ANRed.

Con impunidad, frente a las cámaras

El pasado 12 de diciembre de 2014 la legislatura porteña debatía un paquete de leyes vinculadas a terrenos de la Ciudad de Buenos Aires. Las propuestas del ejecutivo porteño, que en ese entonces tenía como Jefe de Gobierno al actual presidente Mauricio Macri, estaban vinculadas a cesiones de terrenos para emprendimientos privados. El diputado del Frente de Izquierda, Marcelo Ramal, se opuso denunciando “clientelismo inmobiliario”. Entre los terrenos en cuestión estaba el recientemente desalojado “Barrio Papa Francisco”, donde las topadoras y un operativo en conjunto de la Gendarmería Nacional con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desalojaron violentamente a familias, incluídos niños. La intervención del diputado Ramal fue interrumpida por otro miembro de la legislatura quien en plena sesión se le acercó y le dijo “la barra te va a romper la cabeza”. Era el legislador Roberto Quattromano, miembro del PRO, cercano a Cristian Ritondo, y vinculado a un sector de la barra brava del Club Nueva Chicago. Tanto “el gran diario argentino” como la “dinastía Mitre”, le dieron un espacio marginal en sus diarios, titulando la noticia como “pelea entre diputados”.

El pasado 4 de mayo un joven fue acuchillado en una reunión vecinal de la Comuna 4, que reúne a los barrios de La Boca, Barracas, Parque Patricios, y Pompeya. El episodio se dio en el CGP de la calle Centenera al 2900, donde se estaba discutiendo la cesión de los terrenos de la Casa Amarilla al Club Boca Juniors, para la construcción de un nuevo estadio. Dos días después y luego de denuncias y de que circule en la redes un video de las agresiones se supo que uno de los agresores era Rodolfo Corzo, hijo del Manuel “el cordobés” Corzo, ambos empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y vinculados al PRO, más precisamente al comunero Jorge Apreda.
Desde el PRO las respuestas apuntaron a “enfriar” el conflicto. De hecho, al poco tiempo dejó de ser noticia en los principales medios masivos. Actualmente Rodolfo Corzo sigue prófugo: nada se sabe de él, al menos públicamente. Su padre, además de haber militado en las recientes campañas políticas del PRO, está afiliado al PJ porteño desde hace muchos años.

La nota de color en relación a las coberturas, aunque sin muchas repercusiones, volvió a estar en manos de “el gran diario argentino”, que en un artículo del viernes 6 de mayo en su sitio web cuyo título fue modificado, intentó otorgarle al agresor una vinculación mayor con el kirchnerismo buscando desligar su vinculación con el actual gobierno, porque su madre había sido militante del FPV. Su madre incluso había sido candidata por el FPV, de la misma manera que su padre militaba en el PRO, y que ambos (padre e hijo) tenían un trabajo en el Gobierno de la Ciudad, pero el uso del “título y la bajada”, que es lo que más se lee, para dar solo una parte de la noticia es notable, y su práctica es común en los medios masivos.
De hecho, son muchos los casos donde tanto el título como la bajada no están en manos del trabajador de prensa que escribe la nota. La contradicción entre el título y lo que decía en aquella nota fue desopilante. Actualmente la nota está disponible con un título modificado, pero en la bajada dice “Está vinculado a una candidata del FPV” y luego “también estaría vinculado al PRO”, mostrándonos su desopilante manejo del condicional. Lo cierto es que el árbol genealógico de este sujeto no sería el único lugar donde el PRO y el FPV se unen en defensa de alguna medida vinculada a negociados inmobiliarios, ya sea el desalojo al barrio “Papa Francisco” mencionado antes, o la gran cantidad de leyes que ambos bloques votaron en conjunto.

Cerrando (por ahora) lo vinculado a las patotas, barras bravas y entramados mafiosos, la figura de Marcelo Mallo, ex líder de Hinchadas Unidas Argentinas, volvió a aparecer en los medios por vinculación con los recientes casos de corrupción. Su vinculación con Aníbal Fernandez es inocultable, y se lleva la gran atención por todos los medios. Lo que si aparece como “ocultable” es que en el año 2011, Hinchadas Unidas Argentinas, creada algunos años antes con el apoyo de Néstor Kirchner, y con una fuerte adhesión al gobierno de ese entonces (conocidas fueron sus banderas de “clarín miente”), “se vendió a otro equipo”.

En las elecciones del 2001 Hinchadas Unidas Argentinas jugó para la candidatura a Gobernador de Buenos Aires de Francisco De Narváez, que en ese entonces formó un frente con Ricardo Alfonsín, y que entre sus figuras legislativas estaba Graciela Ocaña, quien de hecho fue diputada nacional entre 2011 y 2015 por la banca lograda en esa elección de la mano de Francisco De Narváez. Si, la misma Graciela Ocaña que hoy figura como principal denunciante de los negociados de la AFA fue candidata por un frente político que contó con los “servicios” de Hinchadas Unidas Argentinas. Si bien Macelo Mallo no fue parte de ese “pase” y siguió “jugando” para el kirchnerismo, no deja de ser un dato para recordar en este juego de alianzas y rupturas y como el uso de barras bravas en campañas políticas a veces es denunciado pero muchas veces no recibe crítica alguna.

Un aniversario, mucha impunidad

En estos días se cumplen 14 años de la Masacre de Avellaneda, ocurrida el 26 de junio de 2002, cuando durante una feroz represión al piquete en Puente Pueyrredón, fueron asesinados Dario Santillán y Maximiliano Kosteki. Los principales autores intelectuales gozan de impunidad, incluso algunos fueron candidatos y ejercen cargos políticos actualmente. Quienes también gozan de impunidad, además de quienes ejercían cargos políticos en ese entonces, son quienes participaron de toda una campaña mediática, que primero se dedicó a criminalizar a los manifestantes difundiendo información falsa y luego buscaron ocular información. El aniversario de la Masacre de Avellaneda es también el aniversario de la portada, al día siguiente, de “el gran diario argentino” que tituló “La crisis causó dos nuevas muertes”.

El mismo medio que ahora muestra el dinero enterrado tuvo enterradas las fotos tomadas por Pepe Mateos, en ese entonces fotógrafo de “el gran diario argentino”, que no fueron publicadas al día siguiente. Es el aniversario de numerosos “flashes informativos” que dijeron durante ese día que era un “incidente entre piqueteros”, cuando fue claramente una represión con balas de plomo y que todas las balas venían de un mismo lado.

Mención aparte para las declaraciones de Luis D’Elía y Aníbal Fernández, que hoy se presentan como enemigos de “el gran diario argentino” pero en su momento hicieron declaraciones públicas en consecuencia con este. Aníbal Fernández había “calentado el ambiente” hablando de un supuesto “cronograma de hostilidades”, criminalizando a la protesta y acusando a los movimientos de “hablar de lucha armada”. Por su parte, Luis Delía acusó a los movimientos de ese corte (del que su organización “misteriosamente” se había bajado) de “negociar una represión con el gobierno”.

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Imagen: Cortesía de Disculpen La Molestia

Pero, por un lado, las fotos de Pepe Mateos no fueron las únicas: también el fotógrafo Sergio Kowalewsky registró el asesinato de Darío Santillán. Por su parte, el rol de los medios alternativos fue fundamental: Indymedia Argentina, que en esos momentos tenía miles de visitantes diarios en su sitio, había realizado una cobertura, que fue publicada el mismo 26 de junio por la noche con fotos de cartuchos usados que daban testimonio del uso de balas de plomo y denunciando la represión desde los testimonios. También tuvo su aporte la Agencia de Noticias Red Acción (ANRed) en la difusión de lo que había sucedido.

Al día siguiente, mientras la portada titulada “la crisis causó dos nuevas muertes” contaminaba los kioscos de diarios, una masiva movilización a plaza de mayo, disparada por asambleas barriales, pero acompañada de organizaciones de derechos humanos, partidos de izquierda, y obviamente, movimientos de desocupados, llenó Plaza de Mayo forzando a los medios masivos a cambiar el enfoque de sus titulares y editoriales.

Actualmente “el gran diario argentino” se jacta de haber publicado las fotos de Pepe Mateos, pero como suele pasar hay mucha “información enterrada”. Como por ejemplo, el vínculo con el gobierno de Duhalde y como el medio se benefició de la pesificación acompañada de la Ley de concursos y quiebras de febrero del 2002, que le permitió licuar deuda y ahorrar millones. La pregunta vuelve a ser la misma: ¿en cuántos jardines de cuantos conventos entraría la cifra millonaria que ganó esta empresa con esa ley?

Demás está decir que este no fue un hecho aislado y que tampoco lo fue la portada de un diario aquel 27 de junio de 2002. Las declaraciones previas de funcionarios criminalizando a las protestas fueron acompañadas de numerosos títulos en los principales medios masivos. De hecho, durante las primeras horas los titulares de los medios hablaban de “enfrentamientos”, en algunos casos incluso se difundió la falsa información de “peleas entre piqueteros”. Son muchos los casos donde se titula “enfrentamientos” cuando la violencia viene de un solo lado, basta recordar lo escrito en esta misma nota en los primeros párrafos. También ocurrió en otras represiones en los años siguientes. Volviendo a la masacre de Avellaneda, hubo programas de televisión que incluso mostraban “tumberas”: supuestas armas que usaban los piqueteros, según ese informe, pero que jamás se pudo probar que así fuera.

El tono espectacular estuvo siempre presente, como para distorsionar aún más el compromiso con la información. El oficio criminalizador de Aníbal Fernandez siguió los años siguientes durante el gobierno kirchnerista: entre muchas otras declaraciones vale recordar cuando acusó a la izquierda sin prueba alguna de quemar trenes, tanto al Partido Obrero como al dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero, a quien incluso se lo detuvo sin causa y después se probó su inocencia. Incluso llegó a acusar a Pino Solanas, diciendo que había organizado una quema de trenes para promocionar su película: un delirio que jamás tuvo sustento alguno. No tan distinto de “el gran diario argentino”. No tan distinto del gobierno actual.

El caso Lucas Cabello y la malversación del “ni una menos”

El 9 de noviembre del pasado año 2015, Lucas Cabello, de 20 años, fue a comprarle comida a su hija de dos años a una panadería. Estaba buscando trabajo y mientras tanto se ganaba la vida cuidando coches en las inmediaciones de un restaurante cerca de donde dónde vivía en el barrio de La Boca. Mientras se dirigía hacia su hija con la comida tuvo una discusión con un policía de la metropolitana: Ramón Ayala, de 24 años, quien le disparó tres balazos a quemarropa con su arma. Lucas no estaba armado, solo tenía dos sándwiches de milanesa en su mano. Su hija vio como su padre recibía dos balazos y empezó a llorar. El policía dio un tercer disparo con Lucas en el piso, mientras su hija lloraba. Los vecinos venían denunciando episodios de hostigamiento por parte de la policía. Lucas vivía con su esposa y su hija en un inmueble que pertenece al IVC (Instituto de la Vivienda). Lucas fue internado, estuvo varios días al borde de la muerte peleando por su vida: recibió varias operaciones. Actualmente sigue internado con parálisis en sus cuatro miembros (paraplejía). Pese a ello pudo dar su testimonio el pasado 15 de marzo, cuando la noticia hacía meses que no circulaba en los medios masivos.

Como suele pasar, los primeros informes que circularon en los medios masivos los días 10 y 11 de noviembre hablaron de “enfrentamiento”, pero no fue esa la única versión: al ser indagada al respecto a recientemente electa gobernadora de Buenos Aires, pero que todavía en esos días ocupaba el cargo de vice jefa de gobierno porteña, María Eugenia Vidal, declaró frente a las cámaras que se trataba de un caso de “violencia de género”, acusando a Lucas de haber atacado a una mujer que, según Vidal, “había usado el botón antipánico". No solo no se probó nunca lo que dijo Vidal, sino que además hubo respuestas, tanto de la esposa de Lucas Cabello, como del Colectivo Ni Una Menos que emitió un comunicado titulado “No en nuestro nombre”, en donde además de oponerse a que se use la violencia de género para justificar la violencia policial denuncia que desde 2011, “ya hay casi tres decenas de muertos por el uso letal de armas”.

El policía Ramón Ayala fue detenido, liberado pocos días después y detenido nuevamente, al probarse en el transcurso de las investigaciones la falsedad de las primeras versiones policiales que hablaban de “legítima defensa”. También hubo presiones por parte de la policía hacia testigos intentando que cambien sus testimonios. Nada de eso ocurrió. Luego del testimonio de Lucas fue hecho el pedido de llevar a juicio al policía.

Los medios masivos dieron cobertura en su prensa gráfica al caso durante los primeros días, aunque sin tener presencia en los titulares o en los informes televisivos. Luego la noticia dejó de estar presente mientras las investigaciones continuaban y las pruebas reforzaban el testimonio de familiares y amigos de Lucas.

En aquellos días María Eugenia Vidal era una de las “estrellas” de las recientes elecciones y desfilaba por medios masivos en entrevistas benévolas por parte de los conductores radiales y televisivos. En ninguno de los programas se le volvió a preguntar por este caso, y por sus falsas acusaciones hacia quien era la víctima. A todos y cada uno de los entrevistadores o productores de los programas donde Vidal era invitada parece haberles preocupado poco la vida de Lucas, o la de su hija de dos años. La sensibilidad parece tomarse sus descansos en determinadas situaciones. No importaba la vida de Lucas, como no importó durante años la desaparición de Luciano Arruga, hasta que una intervención impuso la noticia tiempo después de su desaparición, como tampoco les había importado la vida de Dario y Maxi a quienes hablaban de “incidentes”. O mejor dicho, solo les importa cuando no se interpone con el negocio.

Los casos son muchos, esta nota solo mencionó una muy pequeña parte. La violencia institucional, o la complicidad de las instituciones con la violencia, muchas veces cuentan con la omisión de los medios masivos, que al ser desbordados por la noticia a veces deben “modificar su agenda”. Como le ocurrió a “el gran diario argentino” luego de su portada “La crisis causó dos nuevas muertes”, o como le ocurrió a tantos medios que silenciaron y desaparecieron a Luciano Arruga, pero con la fuerza de quienes lucharon por justicia tuvieron que dar su brazo a torcer, al menos por un momento, e informar lo que omitían. La movilización y el uso de herramientas alternativas de comunicación muchas veces da resultado, aunque nos quieran “informar” lo contrario.


Nota relacionada:

- Información enterrada: la corrupción en los medios masivos (Parte 1)


Cobertura de Indymedia Argentina de la Masacre de Avellaneda:

http://argentina.indymedia.org/news...


"La Crisis Causó Dos Nuevas Muertes" (2006 - 86 minutos, documental de Patricio Escobar y Damián Finvarb)


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