Publicado en línea el Sábado 11 de junio de 2016, por ANRed - Sur (redaccion@anred.org)

En Salta, una niña de 12 años perteneciente a una comunidad Wichí con retraso madurativo, fue violada por un grupo de al menos 7 criollos. A pesar de la denuncia de violación, el Estado no informó la posibilidad de practicar un aborto no punible, contemplado en el Código Penal, incurriendo en una grave violación sobre los derechos humanos y el acceso a la salud a la niña. Por ANRed

En Salta, en el territorio de las comunidades de Lhaka Honhat una niña de 12 años perteneciente a una comunidad Wichí con retraso madurativo, fue violada por un grupo de al menos 7 criollos.

A pesar de la denuncia de violación, el Estado no informó la posibilidad de practicar un aborto no punible, contemplado en el Código Penal. Además la niña no pudo declarar en la denuncia penal sobre su violación por no contar con traductor de su lengua originaria: el wichí. El equipo de salud que la atendió ignoró el Protocolo para la Atención Integral de Personas Víctimas de Violaciones Sexuales del Ministerio de Salud de la Nación, que data del año 2011.

El caso encuadra dentro de los contemplados como legales en el Código Penal argentino (Art 86 C.P inc 1 y 2 ) y ratificado en el fallo F.A.L de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La niña, no tuvo acceso a la información de su derecho a acceder a un aborto legal violándose su derecho humano a la salud, a su integridad y su dignidad personal. Al carecer de dicha información fue obligada a atravesar una gestación de alto riesgo para su salud física y mental durante 7 meses.

Recientemente se le ha realizado una cesárea en el Hospital Materno Infantil de la capital salteña, al haberse comprobado que se trataba de un caso de gestación de un feto anencefálico que no tuvo sobrevida. Se le realizó una cesárea, habiendo otras prácticas menos invasivas “se la privó de su derecho no contando con el acceso a la información y de la posibilidad de optar, constituyendo esto un caso de violencia obstétrica e institucional, (Ley 26.485), vulnerando los derechos humanos de la niña, y la familia que la asiste, a ser oída y su opinión tenida en cuenta y en desconocimiento inadmisible de las leyes que protegen sus derechos como paciente (Ley 26.529)” asi lo expresó la Capaña Nacional por el Aborto Legal Gratuito y Seguro, mediante un comunicado.

Desde las autoridades de los diferentes ministerios provinciales que tiene injerencia sobre el caso, no han actuado con celeridad, aplicando el protocolo de violación. Incurriendo en una grave violación sobre los derechos humanos y el acceso a la salud a la niña. Asimismo el caso tiene una fuerte resonancia racista, teniendo en cuenta que la pequeña pertenece a una comunidad de pueblos originarios “cuando el caso tomó conocimiento público lxs funcionarixs de diferentes ministerios provinciales se debatían quien tenía competencia para dar respuesta y asistencia para garantizar a la niña sus derechos. Todos y cada uno de esos ministerios tuvo y tiene injerencia y jurisdicción para actuar, no a los siete meses de embarazo sino al en el momento en que se produce y se denuncia la violación, y especialmente antes, de manera preventiva, aplicando el protocolo de violación. Igual responsabilidad le cabe al Ministerio Público Provincial a través de su asesora de menores actuante."

Los acusados del delito están en libertad por decisión del juez, aún cuando el fiscal penal de Salvador Mazza, solicitó la detención.

Desde la Campaña Nacional Por el derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito exigen:
“La renuncia de los y las responsables políticos de semejante atentado a los derechos humanos en nuestro país. Se inicie procedimiento de sumario administrativo a los profesionales de salud que intervinieron en el caso y que desconocieron los derechos de la niña. Se repare a la niña M.A.S., víctima de la violencia de género y se aseguren todos sus derechos humanos y los de la comunidad originaria a la que pertenece.
Que el Estado proceda inmediatamente al reconocimiento de la propiedad ancestral de los territorios de las comunidades de Lhaka Honhat e intervenga para dar solución a los conflictos entre las comunidades wichí y criollos en la zona. Inmediata respuesta a la denuncia por discriminación realizada por el director del INADI, delegación Salta, Alvaro Ulloa. Medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en el caso de la niña wichí y en casos análogos.
Se respeten los derechos de las niñas, las personas con discapacidad y de miembros de comunidades originarias en todo el territorio nacional. “

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