Publicado en línea el Miércoles 18 de mayo de 2016, por ACTA

En el marco de los tarifazos y el ajuste que estamos atravesando los trabajadores y el pueblo en general, el mundo de la educación y la enseñanza pública no escapan de este plan de achicamiento de derechos adquiridos y conquistas alcanzadas a través de la historia.

Las políticas de ajuste impulsadas por el actual gobierno nacional ponen en riesgo muchos logros históricos conseguidos por el pueblo argentino que son nuestro estandarte en el mundo entero. En el marco de un proceso de precarización de las condiciones de vida en general, la educación pública no escapó de esto y empezó a sufrir las primeras consecuencias. De esta manera, al cercenar el normal funcionamiento de los establecimientos viéndose muchos de ellos imposibilitados de afrontar las desorbitadas subas en las tarifas de luz y gas, se pretende arrinconar la enseñanza no sólo pública, sino independiente y crítica.

Por otro lado, debemos tener en cuenta los devaluados salarios de los docentes, los cuales muchos de ellos se encuentran por debajo de la canasta familiar. Sin embargo, este resultado inevitable no es casual, sino que es la consecuencia de una educación concebida no como un derecho constitucional sino como un conjunto de mercancías destinadas a rentabilizar al máximo y aumentar la acumulación de grandes capitales, pasando a pensar el Estado como una gran empresa privada que debe ser administrada y gestionada como tal. Entendemos que esto no es accidental, sino que tiene una lógica muy clara que es la privatización de la educación debido a que el desfinanciamiento en miras de generar un mal funcionamiento, y malestar en la población, suele utilizarse como excusa de los gobiernos neoliberales para trasladar a manos del capital privado la gestión, tanto de servicios, industrias, institutos, etc.

Por este motivo, resulta pertinente expresar nuestro repudio ante el silencio por parte del Gobierno ante la histórica marcha de docentes, estudiantes, sindicatos y organizaciones sociales llevada a cabo el pasado jueves 12. Nuestra CTA Autónoma fue y es protagonista a través de la Conaduh y la Federación Nacional Docente, por lo que defenderemos tenazmente nuestro derecho a la educación pública ya que desde el punto de vista jurídico el Presidente, además de estar violando la Ley 26.206, viola descaradamente nuestro derecho constitucional (art. 75 inc. 17, inc. 19), como así también los tratados internacionales de rango constitucional incorporados en la reforma de 1994 y ratificados en la materia donde el Estado es el principal garante del pleno ejercicio al derecho a la educación.


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