Varios testigos aseguran que la cúpula conocía los abusos, los encubrió y ocultó pruebas. El reciente escándalo pone en duda la credibilidad de la institución más antigua del país, aquella que arribó a “evangelizar” a los indígenas sin alma.
El delito de violencia sexual o la pederastia descubierta dejó de ser un hecho individualizado para convertirse en un fenómeno extendido en varias parroquias del territorio plurinacional. Esta nueva arista de la presencia católica muestra que el colonialismo no solo se sustentó en la violación de los cuerpos de las mujeres indígenas, sino que la práctica se afincó en la sociedad colonizada, constituyendo un hecho estructural que apenas si revela algunos de los casos en la actualidad.
El horror que se está develando -lentamente- expone a cientos de miles de niñas, niños y adolescentes que pasaron por las manos de los católicos en colegios, hogares y centros de rehabilitación a lo largo de décadas, por no decir centurias. Madres y padres expresan la inseguridad de sus hij@s ante la posibilidad de que hayan compartido espacios “educativos” con la depravación religiosa.
Porque al perfil del pederasta se adhiere el ególatra que saca fotografías de y con sus víctimas, las guarda en computadoras o describe sus retorcidos placeres en un diario, como rescató el periódico El País de España, con relación al extinto sacerdote español “Pica”. A la fecha, ya suman cinco curas pederastas españoles que se establecieron en Bolivia, y algunos con antecedentes penales.
Del universo descubierto de niños y niñas abusadas, un grupo considerable de víctimas no tendrá quien reclame por su dignidad, pues según el medio digital Boliviapress, los curas buscaban niños pobres, huérfanos o con discapacidad (sordomudos, por ejemplo). Se trata de esxs niñxs que llegaron a habitar los “internados” debido al abandono, la exclusión y el olvido. Una revisión a sus orígenes dirá que provienen de pueblos indígenas.
Estos rasgos, nos remontan a la triple opresión: el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo sobre los cuerpos más indefensos de la sociedad: las infancias. Y resulta ser la iglesia católica, la institución que encarna los tres poderes perversos y seculares, a plenitud. No solamente se abarca la pederastia, sino que además la iglesia goza de privilegios económicos e interfiere en los asuntos del Estado, extralimitando todas sus atribuciones.
El 2009, la Constitución Política del Estado estableció el Estado laico. Es decir que el Estado boliviano garantiza las creencias y espiritualidades diversas, sin embargo, la iglesia católica nunca se rigió por la nueva normativa y siguió actuando en el país con total impunidad, acumulando riquezas, tierras y medios de comunicación (investigación en curso en la Procuraduría del Estado) apoyando desde el púlpito de sus homilías a los grupos más conservadores de ultraderecha e incentivando movimientos antidemocráticos y violentos.
El periódico La Razón de La Paz registró la participación de los obispos católicos en las reuniones previas al golpe de Estado, en 2019. La cúpula eclesiástica avaló el régimen violento que desató dos masacres con 54 muertos en El Alto y Cochabamba. Durante el gobierno de facto, no se manifestó ni una sola vez sobre los millonarios casos de corrupción de Janine Añez y sus ministros. El asalto a las arcas estatales pasó inadvertido por la Conferencia Episcopal.
En otros momentos de la historia política, fueron los obispos quienes se opusieron a reformas sociales urgentes como los derechos sexuales y derechos reproductivos, métodos anticonceptivos y políticas ante embarazos no deseados por violación, como sucedió con una niña de apenas 11 años, en 2021 (https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-59214387 ). Tal parece que ese comportamiento de negar la sexualidad, la educación sexual, proviene del temor a dejar de ejercer su poder sobre las y los más débiles.
En estas circunstancias, el gobierno nacional lanzó algunas medidas como una comisión de la verdad y una carta al Papa Francisco Bergoglio pidiendo los antecedentes de los acusados y reservándose el derecho de admisión de los próximos misioneros. La Fiscalía y la justicia realizan allanamientos para buscar pruebas, en tiempos que ya se conocen demasiado lentos para llegar a esclarecer y resarcir a las víctimas. Uno de los acusados ya huyó del país.
Resumiendo: la ciudadanía y la comunidad de fieles católicos están obligados a develar y denunciar, cuantas veces sea necesario, los delitos que la iglesia católica busca minimizar. Esta es la “mala hora” de la institución que durante siglos tapó su responsabilidad en los crímenes cometidos contra los pueblos, las mujeres y las infancias.
Una última encuesta de Diagnosis S.R.L apunta que el 64% de encuestados en áreas urbanas y rurales cree que la cúpula ha encubierto los delitos de pederastia de los jesuitas. Ese es un signo relevante que cuestiona los cimientos del oscurantismo católico. Poner en evidencia estos delitos representa, cuando menos, dar pasos gigantes hacia los derechos individuales y colectivos.
Claudia Espinoza es periodista de Bolivia
