Foto: Red TDT

Ciudad de México | Desinformémonos. La falta de investigación a los elementos de la Guardia Nacional que se encontraban en el lugar donde fueron desaparecidos los defensores contra la minería Ricardo Lagunes y Antonio Díaz en Colima, así como las «graves dilaciones» de la fiscalía estatal y la falta de investigación a la minera Ternium «permiten confirmar la existencia de una desaparición forzada en la que el Estado es partícipe», denunciaron familiares de las víctimas y las organizaciones de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).

A tres meses de la desaparición forzada de los defensores, «la inoperancia gubernamental persiste y defender derechos humanos en Michoacán se convierte en sinónimo de riesgo, muerte y desaparición», añadieron.

En un comunicado, los familiares de Lagunes y Díaz, organizaciones y la Red TDT lamentaron la omisión de las autoridades para investigar la desaparición de los defensores comunitarios, quienes luchaban contra la operación de la minera Ternium en la comunidad de Aquila y fueron vistos por última vez el 15 de febrero, cuando viajaban en la carretera entre Colima y Michoacán.

«Como en otros casos, el gobierno de Michoacán y el gobierno de Colima se han mostrado omisos ante las múltiples peticiones sobre investigar de manera exhaustiva a las empresas mineras, para determinar su relación con las desapariciones y asesinatos en la región, así como los presuntos vínculos con organizaciones criminales», señalaron las organizaciones.

Añadieron que tampoco desde el gobierno federal se han condenado enérgicamente las desapariciones, sino que, al contrario, se han fortalecido las relaciones económicas «permitiendo la ampliación operativa de Ternium en otros estados».

«Estas acciones son preocupantes, refuerzan un mensaje de impunidad que favorece a los perpetradores y a los autores intelectuales, pero también devela el grado de corrupción que existe entre las autoridades municipales, estatales y federales», destacaron los familiares y las organizaciones de derechos humanos.

Por ello, exigieron avances significativos en la investigación, búsqueda y localización de Ricardo y Antonio, así como en la identificación de los actores materiales e intelectuales, además de que se implementen medidas urgentes de protección a favor de las personas defensoras defensoras en riesgo, sus familias y comunidades.

A continuación el comunicado completo:

Se cumplen 3 meses de la desaparición forzada de Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, defensores del territorio en Michoacán y Colima. Su búsqueda significa 3 meses de incertidumbre, desesperación, dolor e impunidad para las familias, colectivos y organizaciones que acompañan el caso. A pesar de tocar múltiples puertas, la inoperancia gubernamental persiste y defender derechos humanos en Michoacán se convierte en sinónimo de riesgo, muerte y desaparición. Manifestamos nuestra preocupación ante el incremento de las agresiones en la entidad, pues en lo que va de 2023 contabilizamos con indignación 5 asesinatos y 2 desapariciones.

Las organizaciones sociales hemos documentado graves e irreparables violaciones de derechos humanos dirigidas a los defensores de la tierra y el territorio: El 13 de enero asesinaron a 3 guardias comunales en Santa María Ostula ; el 15 de enero fueron desaparecidos Ricardo y Antonio ; el 21 de febrero fue asesinado Alfredo Cisneros en Sicuicho, Los Reyes y el 3 de abril se reportó el asesinato de Eustacio Alcalá , desaparecido desde el 1 de abril.

En San Juan Huitzontla, el asesinato de Eustacio Alcalá, defensor del río quien ganó un amparo ante las concesiones ilegales obtenidas por la minera Ternium y ArcelorMittal, enciende las alertas nuevamente sobre el papel de las empresas en la región, al ser el segundo acontecimiento grave e irreparable durante 2023 con una relación vinculada al rol de la empresa. En el caso de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz hemos solicitado que se investigue a la firma italo argentina Ternium, su influencia para la fractura del tejido social-comunitario y su actuación debido a las amenazas documentadas contra los defensores.

Como en otros casos, el Gobierno de Michoacán y el Gobierno de Colima se han mostrado omisos ante las múltiples peticiones sobre investigar de manera exhaustiva a las empresas mineras, para determinar su relación con las desapariciones y asesinatos en la región, así como los presuntos vínculos con organizaciones criminales.

Lamentablemente, tampoco desde el Gobierno Federal se han condenado enérgicamente las desapariciones, por el contrario, se fortalecieron las relaciones económicas permitiendo la ampliación operativa de Ternium en otros estados. Estas acciones son preocupantes, refuerzan un mensaje de impunidad que favorece a los perpetradores y a los autores intelectuales, pero también devela el grado de corrupción que existe entre las autoridades municipales, estatales y federales.

De acuerdo con información oficial, sabemos que en el lugar en donde fueron desaparecidos Ricardo y Antonio se encontraba un puesto de la Guardia Nacional, los agentes que se encontraban presentes fueron removidos y no se les ha investigado. Nos preocupan las graves dilaciones de la fiscalía de Colima, que desde las primeras horas dejó de realizar acciones tendientes a localizarlos y a detener de forma inmediata a los perpetradores, omisión que ha colocado en grave riesgo a Ricardo y Antonio. Estos hechos, sumados a la falta de investigación hacia la empresa minera, nos permiten confirmar la existencia de una desaparición forzada en la que el Estado es partícipe.

Existe una gran preocupación por la vida de las personas defensoras del territorio y las comunidades afectadas, puesto que la región se encuentra en una zona de conflictos que cuenta con una gran riqueza: minerales, agua, salidas estratégicas a carreteras y puertos que benefician a las empresas mineras trasnacionales, lo que ha propiciado que sea fuertemente golpeada con actos violentos generados por grupos de delincuencia organizada.

Por lo anterior, las organizaciones de sociedad civil exigimos: A

vances significativos en la investigación, búsqueda y localización de Ricardo y Antonio,

así como en la identificación de los actores materiales e intelectuales. Se implementen medidas urgentes de protección a favor de las personas defensoras defensoras en riesgo, sus familias y comunidades. Se investigue de manera inmediata e imparcial la desapariciel asesinato de Eustacio Alcalá, agotando todas las lineas de investigación posibles, incluida la relacionada con su defensa de la tierra y el territorio ante las tareas extractivistas de las mineras que operan en la región, así como el vínculo que éstas puedan tener con los grupos de delincuencia organizada que operan en ese territorio.

¿Quién defiende a quienes nos defienden? Presentación con vida ¡Ya!

#TodosxRicardoyAntonio

Firmas:

Familiares y amig@s de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz

Aluna acompañamiento psicosocial

Alianza Americas

Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)