La muerte de 39 extranjeros y 29 heridos a causa del incendio en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, significa que “estamos en un punto crítico y que se vive una crisis humanitaria a nivel global de quienes migran”, indicó la maestra Jazmín Sánchez Estrada, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En entrevista, manifestó su más sentida solidaridad por ese grave acontecimiento, pues “lo ocurrido en Ciudad Juárez, el fallecimiento de esas personas es profundamente lamentable, se habla de números, pero se trata de gente y cada una de ellas tiene hijos, padres y cónyuge, quienes con mucho dolor recibirán la noticia de un deceso tan trágico”.

La jefa del Departamento de Derecho de la Unidad Azcapotzalco puntualizó que en ninguna parte de la legislación mexicana están considerados los mal llamados centros de detención, no existen como tal en el marco jurídico, “se trata de estaciones migratorias o de acogida para niños migrantes no acompañados, lo cuales lamentablemente operan, en términos reales y prácticos, como sitios de detención”.

Ajenos de todo protocolo propuesto por organizaciones de derechos humanos, en esos espacios las condiciones son muy limitadas. “Lo básico es separar niñas, niños y mujeres de los varones, contar con un espacio limpio dónde asearse, realizar actividades recreativas y procurar una convivencia supervisada en el caso de niñas y niños”.

Además, la estancia no puede durar más de 15 días, aunque podría extenderse en casos extraordinarios a dos meses, por lo cual –agotado dicho periodo– el Instituto debe resolver la situación.

Para Sánchez Estrada “es importante cuestionarnos por qué hay quienes han permanecido por tanto tiempo en lugares que no son lugares de detención, que no tienen un fundamento legal, sin que su situación migratoria sea resuelta, lo cual claramente provoca graves violaciones a derechos humanos”.

Si bien México no ha aceptado de manera explícita ser un tercer país seguro, en términos prácticos opera como tal, resultado de la puesta en vigor en el año 2020 del título 42 por parte de Estados Unidos (EU), “una medida de naturaleza emergente y con fundamentos sanitarios que evita la entrada de migrantes a esa nación que ha propiciado que la nuestra se convierta en receptora de ellos, con todo lo que eso implica”.

A la mayoría no le interesa quedarse en México, pues su objetivo es llegar al vecino país, precisó la investigadora, “pero al no estar vigente la posibilidad de ingresar a aquel país y no poder entablar un juicio en tribunales para ser reconocido como refugiado, automáticamente se cierra toda posibilidad para acceder físicamente a territorio estadounidense”.

Lo anterior ocasiona que muchos tengan que esperar en territorio mexicano en tanto se suprime esa disposición, que el presidente Joe Biden ha declarado que podría derogarse en mayo, apuntó la jurista.

“Esa situación ha traído mucha presión para México, pues hay una gran cantidad de personas que siguen transitando por el país con la esperanza de que les sea permitido ingresar a territorio estadounidense”, apuntó.

A pesar de que este asunto migratorio nos llega de forma indirecta, “no podemos inmiscuirnos ni hacer cosas respecto a la política migratoria de Estados Unidos, pero tenemos que ser más claros de que se requiere una cooperación bilateral, que la responsabilidad es mutua, que se debe derogar el título 42 y reconocer que el problema nos supera”, abundó la maestra en Gobierno y Asuntos Públicos.

Sobre lo sucedido en Ciudad Juárez, “se puede presumir que fue la desesperación –debido al número de días de detención– que los migrantes tomaron la decisión de ser escuchados y manifestarse por la vía de un recurso que puso en riesgo su vida”.

Estados Unidos responsabilizó a México “de una situación que es mundial, pues existe la necesidad imperiosa de muchos individuos de salir de sus países, asunto muy delicado que debe movernos porque ahora se habla de 39 fallecidos, pero esto es apenas una muestra de la crisis humanitaria que se vive en la frontera norte”.

El tema migratorio debe regularse en forma distinta, considerando un sustento teórico, bioético, filosófico y biojurídico, “y la solución a esta crisis debe partir de reconocer que la migración no debe ser un privilegio de algunos, sino un derecho humano”.

Por tanto, “es conveniente reconocer que todos somos migrantes y pocos son los que nacen se desarrollan y mueren en el mismo espacio geográfico, pues cuando entendamos que es una cuestión natural y que se entrecruzan factores extraordinarios y es la violencia de distintos tipos la que obliga a la movilización, será más factible la descriminalización del desplazamiento”.

Este fenómeno es una garantía que debe reconocer la dignidad de las personas, es decir, su reconocimiento como ser humano, pretender una mejor vida no debe ser un delito.

“Mientras no se cambie ese paradigma de considerar la movilidad como un privilegio y se transite hacia algo fundamentado en un derecho natural motivado por las necesidades propias de la gente –entendiendo que cada estado y región establece su normatividad para regular la migración– en esa medida será proporcional la crisis humanitaria que se genera”.

Dado que el problema es multifactorial, “las acciones de gobierno deben tener esa perspectiva, es imposible que hoy este tema global pueda ser atendido por un solo país, las medidas inmediatas deben ser el reconocimiento de una corresponsabilidad cuando se comparten fronteras o cuando se coexiste en una región donde hay complejidades y, por tanto, la respuesta debe ser multilateral y multifactorial”, precisó Sánchez Estrada.