Publicado en línea el Martes 10 de enero de 2023, por Martina Neyra

El teatro visible inicial está en las cárceles y en los barrios marginales. Todas las violencias se reducen a una en el relato desde el poder: la disputa de las bandas locales, la amenaza del sicariato, la violencia criminal. Desaparece la raíz, la fusión del narcotráfico con el poder económico y político, se disuelven las denuncias sobre los paraísos fiscales, los narcogenerales, las condenas de los banqueros y de los operadores financieros, los vínculos con el capital criminal global. Desaparecen las otras violencias, las invasiones coloniales de los territorios comunales, las violencias patriarcales contra las mujeres, las violencias de la sobreexplotación y la exclusión de los empobrecidos.

Hay un consenso, el problema principal es la seguridad. Desde el poder se levantan las voces, los gritos para enfrentar el narcotráfico, la violencia criminal… del otro. La embajada retira las visas a los narcogenerales y a los narcobanqueros, reclama la parcialidad de la justicia, sin mirar que el consumo y los circuitos económicos principales del narcotráfico y de los tráficos criminales pasan por sus dominios y por los países centrales. El Presidente denuncia la incapacidad de la justicia, los vínculos de los candidatos con las mafias, pero no actúa para depurar las fuerzas del orden o para controlar los flujos financieros vinculados. El Vocero de la Comisión Presidencial Anticorrupción informa que ha ubicado más de dos mil candidatos que participan en las próximas elecciones seccionales de 2023 con vínculos con el narcotráfico y el capital criminal; pero el CNE sigue el curso de la calificación y la anuencia de las candidaturas.

Las principales víctimas de la violencia criminal no son los capos, contra los que se levanta una vaga amenaza de extradición, sino los jóvenes sicarios que vienen de las barriadas pobres, puede afectar a algunos mandos medios, con nombres perdidos en los alias, y afecta sobre todo a las familias que caen en medio de la disputa por el control de un territorio precario.

La versión policial ante cualquier violencia está resuelta: es un problema de venganza o disputa entre bandas; el parte policial está listo, cualquier violencia es un asunto del narcotráfico. Y por este camino también las protestas populares y los levantamientos indígenas no pueden tener otra inspiración y financiamiento que el aportado por el narcotráfico y el crimen organizado, como lo enunció en junio el Presidente, y repiten sus devotos. Claro que cuando se encuentra involucrado algún personaje policial, como en el caso Bernal, la versión del Ministro del Interior es que apenas se trata de un crimen pasional y que hay que comprender el error humano; el caso está resuelto, no hay complicaciones ni complicidades de la institución policial.

El narcotráfico y la violencia criminal no son excrecencias extrañas al funcionamiento del sistema. En nuestro país hay una combinación de la mafiación de México, la violencia criminal de Colombia, y las maras de El Salvador. Las mafias locales y transnacionales no funcionan en el vacío del Estado y del capital, sino que se articulan con los poderes económicos y políticos.

Como dice Zavala refiriéndose a la situación de México: “Los cárteles, tal y como nos los han querido vender, no existen. Existen las estrategias políticas que los idearon. Existe el tráfico de drogas, pero fuertemente controlado por instituciones oficiales. Existe la violencia, pero en buena medida perpetrada por el mismo Estado que debería protegernos. La historia del narcotráfico en México es, a fin de cuentas, la historia del perverso sistema político que nos gobierna.” (Zavala, 2018, pág. contratapa)

La cara del poder se muestra en los vínculos económicos del narcotráfico y el terror como procesos de acumulación y reproducción del capital sobre todo financiero y rentista, y en los vínculos políticos con decisores claves, públicos y privados, civiles y militares: “los carteles son un dispositivo simbólico cuya función principal consiste en ocultar las verdaderas redes del poder oficial que determinaban los flujos del tráfico de drogas.” (Zavala, 2018)

Entre los dispositivos del bio-psicopoder está la gestión del miedo. Por caminos diversos, en Oriente y Occidente se construye la imagen de los nuevos héroes. Mientras a nivel oficial se debilita el relato moderno del héroe como fuente de motivación para la racionalidad moral (Habermas, 1999), en el espectáculo posmoderno de la narco novelas surgen nuevas figuras emblemáticas, como constitutivo del patrón de reproducción ampliada del capital criminal y de la legitimación del Estado de seguridad policíaco.

En la versión de los yihadistas radicales se predica la mística suicida de la inmolación como héroes divinos, en base a la instrumentación religiosa del Islam. En Occidente se ha ido difundiendo una doble versión desde el poder del capital criminal: para la seducción y el reclutamiento de los jóvenes por las bandas se ha construido desde fines del siglo pasado un relato de las ventajas hedonistas, cruzadas con la seguridad sustitutiva del vacío de la familia y el Estado. La lista de las “mejores narco series y novelas en Neflix 2022” (The staff, 2022), El señor de los cielos, Narcos México, El Chapo, Narcos, Historias del narco mundo, Rosario Tijeras, El Chema, Sin senos no hay paraíso, Pasión de Gavilanes, Tierra de reyes, la Reina del Sur, Las muñecas de la mafia, Sobreviviendo a Escobar, alias J.J., El cartel, Silvana sin lana, Dueños del paraíso, muestra no sólo el éxito de esta temática, sino la creación de un mundo normalizado e idealizado del narcotráfico y el crimen organizado.

Zavala, en Los carteles no existen (2018), realiza un estudio crítico de la participación de la literatura y el periodismo en la creación de un imaginario arquetípico del narcotráfico y el crimen organizado que funciona como fundamento de la estrategia de expansión del Gran capital, mexicano y norteamericano, y de fusión del capital criminal con el Estado, a partir de los años 90 del siglo pasado.

En nuestro país no hay este tipo de investigaciones, para reconocer, por ejemplo, el impacto y el papel de portales como La Posta, que centra la mirada en la guerra de pandillas, eludiendo el contexto de los vínculos políticos y económicos con el poder del capital “normal” y el criminal, con la institucionalidad militar y policial. O para estudiar el consumo y el impacto de las narconovelas, sobre todo en las nuevas generaciones.

De vez en cuando se filtran algunos datos reales. La trama del desfalco de 900 millones de dólares del ISSPOL muestra tanto la incapacidad de la policía de proteger incluso sus propios fondos, como el involucramiento de altas autoridades policiales y de organismos de control. Don Naza encabeza una red piramidal de fondos con clientes en las instalaciones militares; aparece y fuga del Ministerio de Defensa, el centro de dirección de las Fuerzas Armadas, y luego es asesinado, para silenciar los nexos. La Embajada retira la visa a Narcogenerales, aunque por razones de seguridad no revela sus nombres. Banqueros poderosos, incluido Danilo Carrera, el dueño principal del Consorcio Banco de Guayaquil, aparecen vinculados a narcotraficantes y estafadores. Políticos y hasta Asambleístas aparecen en fiestas compartidas. Pero pronto la opinión pública y la justicia logran que se cierren las fisuras. Hay un discurso oficial que se reproduce en círculo.

No es un discurso original. La génesis viene desde el poder central, un dominio imperial. El narcotráfico y los “carteles” son el enemigo necesario después de la caída del Muro y la desaparición del comunismo. En 1986 Ronald Reagan “firmó la National Security Decision Directive 2021, que desde entonces designó a las drogas ilegales como la nueva amenaza contra la seguridad nacional estadounidense. La guerra contra las drogas (…) tomaría el lugar del comunismo para legitimar la política intervencionista de Estados Unidos.”. (Zavala, 2018)

El Plan Colombia es el nombre de una estrategia fracasada de guerra contra la droga en el vecino país. Y ahora, el Presidente Lasso, evoca un Plan Ecuador, para combatir al narcotráfico y al crimen organizado.

También en nuestro país, la trama secreta de la “guerra contra las drogas” en el agro, como sucedió en Colombia, apunta a vaciar de población los terrenos comunales en el Litoral, a fin de dar paso a la apropiación violenta y posterior legalización de títulos, para dedicarlos a camaroneras, a plantaciones de agroexportación, a negocios ganaderos, o a resorts globales. Si seguimos el rastro de la apropiación violenta de las tierras comunales en la Costa, podemos encontrar los rastros de las operaciones del capital especulativo y criminal, local y sobre todo transnacional.

Un proceso paralelo se realiza en la invasión de los territorios indígenas en la Amazonía por la expansión de la minería y el extractivismo; espacios que serán pronto declarados como zonas de seguridad nacional, que deben ser protegidos por las Fuerzas Armadas. “La ‘guerra contra las drogas’ es el nombre público de las políticas para el desplazamiento de comunidades enteras y la apropiación y explotación de recursos naturales que de otro modo permanecerían inalcanzables para el capital nacional y transnacional.” (Zavala, 2018)

La paradoja es que los voceros oficiales, la policía y los periodistas pueden nombrar a las bandas responsables, “los Choneros, brazo armado del Cartel de Sinaloa en Ecuador”, los Águilas, los Lagartos, los Lobos, “con más de 8 mil integrantes y vinculados al cartel mexicano Jalisco Nueva Generación”, los Chone killers, los Latin King, y una larga fauna zoológica, “con miles de integrantes”; pueden mostrar sus organigramas y sus cabecillas, los “Rasquiña, los JR, los Fito, los Negro Willy, los Choclo, los Pipo, y una larga lista de alias y seudónimos; pero no pueden detenerlos y, dentro de la cárcel, no pueden controlarlos. Son sobreseídos por los jueces, o liberados después de breves condenas, tienen a su haber decenas de causas judiciales iniciadas, pero cuentan con la impunidad. (Primicias, 2022)

El rostro social se muestra en la incorporación de las familias y la sociedad a la lógica del capital criminal, sobre todo de los jóvenes que no encuentran salidas alternativas. Atrás están los altos índices de desempleo, de desnutrición infantil, de negación del acceso a las universidades, de pobreza.

El discurso oficial de la violencia elude las causas profundas y se convierte en un recurso para garantizar las condiciones de reproducción del capital especulativo y criminal. En nombre del combate al narcotráfico y al crimen organizado se justifica el disciplinamiento y el control de la sociedad, la represión y la violencia contra la movilización y la resistencia de los movimientos sociales.

El contagio

Freud distingue: “La angustia designa cierto estado como de expectativa frente al peligro y preparación para él, aunque se trate de un peligro desconocido; el miedo requiere un objeto determinado, en presencia del cual uno lo siente; en cambio, se llama terror al estado en que se cae cuando se corre un peligro sin estar preparado: destaca el factor de la sorpresa.” (Freud, s/f, págs. 5,6)

Hay un juego neurótico social para tratar de enfrentar la angustia causada por la inseguridad. Se amplifican las situaciones de inseguridad a todos los campos posibles para evitar la sorpresa y el terror que ésta desata. Los relatos se estructuran como experiencias cercanas, vividas por el propio sujeto o por conocidos. Los relatos, amplificados por la redes, muestran la amenaza permanente de situaciones que se tornan reales en la percepción social; por lo cual la angustia se transforma en miedo, vivimos la sociedad del miedo, con momentos de explosión del terror.

La dinámica de repetición de los relatos de los riesgos intenta mantener la guardia en alto ante las amenazas ubicuas: el peligro ya no viene del delincuente, sino de la delincuencia, pasamos del riesgo concreto a su abstracción, el funcionamiento del miedo sin actor-sujeto. No se trata de un recuerdo, sino de una vivencia: “en la vida anímica existe realmente una compulsión de repetición que se instaura más allá del principio de placer.” (Freud, s/f, pág. 12)

Estos procesos no se dan como formas conscientes, sino como la acumulación de dinámicas de una especie de inconsciente colectivo secundario, asentado en formas arquetípicas: el miedo a la muerte se vuelve cotidiano. En el otro extremo, los operadores, los jefes mafiosos y los sicarios, se mueven en la banalidad de la muerte, en su licuación, como un límite que exige la aceleración del tiempo del placer mostrado por las figuras amplificadas por los relatos de la vida ostentosa de los mafiosos y los gánsteres: el sueño americano pasa por el sueño de Al Capone, la trama de «El Padrino» lo vuelve amigable, y la imagen de Pablo Escobar se torna novelesca. La doble dinámica se mueve en rutas de contagio colectivo, en una relación de amo-esclavo, con reacciones masivas de miedo transformado en terror y conductas de adicción a la violencia.

En este punto las dinámicas del bio-psicopoder terminan por arrastrar a la sociedad a la angustia de una amenaza que pone en riesgo la propia supervivencia, una especie de retruécano del principio de muerte, no como estado deseado, sino como estado temido.

No se trata, por tanto de una reacción síquica individual, sino de la instauración de una cultura de miedo: “… la influencia desorientadora de la cultura del miedo en el siglo XXI puede atribuirse a la separación del miedo de su gramática moral y su sentido. (…) El indicador más dramático de esta tendencia estriba en que el temor a Dios ha sido paulatinamente desplazado por una fuerza difusa, y por lo tanto confusa y a menudo sin sentido: el miedo al propio miedo.” (Furedi, 2022)

El paso al Estado de seguridad policial

La segurización de la política tiene un doble resultado: la despolitización de la vida social, la destrucción de los tejidos sociales y el encierro en salidas individuales que adoptan en lo económico la forma de los emprendimientos de autoexplotación en la sociedad del rendimiento, y promueven una cultura hedonista del consumo y el éxito inmediato, con formas tribales de supervivencia. La figura emblemática es el joven sicario que encuentra en la banda la familia y las oportunidades perdidas. Y el viraje hacia el Estado de seguridad policial: la guerra a la corrupción, al crimen organizado, al narcotráfico se convierte en el ordenador de la política pública, mientras se fortalecen los procesos de acumulación por desposesión de los bienes comunes, comunales y públicos.

En un lapso corto de tiempo, nuestra sociedad ha estado sometida a dos procesos traumáticos intensos: la pandemia del COVID-19 que nos ha colocado ante las preguntas originarias de la vida y la muerte; y la irrupción de nuevas formas de violencia criminal articuladas al poder de las mafias y del capital criminal.

La respuesta ha sido el retorno del Estado autoritario, bajo su forma de Estado de seguridad policial, superpuesto al mundo de la seducción postmoderna. Seducción del mundo de oropeles del capital criminal y sustitución del orden democrático liberal por el orden policial.

En períodos anteriores los Estados capitalistas autoritarios de excepción han tomado otras formas: el fascismo, las dictaduras, los Estados de seguridad nacional que tenían como actor principal a las Fuerzas Armadas. Actualmente la segurización de la política y del Estado tiene como actor principal a las fuerzas policiales y parapoliciales.

La «segurización» de la política parte de una alteración del funcionamiento del Estado en una dinámica perversa: la normalización del Estado de excepción y la legalización de las formas autoritarias de control de la sociedad. Se operan varios cambios: “el Estado se funda duraderamente en el miedo y debe, a toda costa, mantenerlo, pues extrae de él su función esencial y su legitimidad. (…) si el Estado necesita el miedo para legitimarse, es entonces necesario, en última instancia, producir el terror o, al menos, no impedir que se produzca. (…) el enemigo debe permanecer en lo vago, para que cualquiera —en el interior, pero también en el exterior— pueda ser identificado como tal. ” (Agamben, 2015)

Se produce un efecto de despolitización y de canje social de libertad por seguridad: si se despolitiza a los ciudadanos, ellos no pueden salir de su pasividad más que si se los moviliza mediante el miedo contra un enemigo” (Agamben, 2015) que hay que crearlo permanentemente, en un contagio ascendente, el discurso de la guerra contra el crimen organizado se desplaza a la condena de las subversiones sociales, financiadas e impulsadas por el narcotráfico y el terrorismo para desestabilizar al Estado y la democracia.

Se produce “la transformación radical de los criterios que establecen la verdad y la certeza en la esfera pública, (…) la renuncia integral al establecimiento de la certeza judicial. Mientras en un Estado de derecho es entendido que un crimen sólo puede ser certificado con una investigación judicial, bajo el paradigma seguritario uno debe contentarse con lo que dicen de él la policía y los medios de comunicación que dependen de ésta.” (Agamben, 2015)

El parte policial es el punto de partida de la verdad jurídica del caso. Pero no se trata solo del funcionamiento circular de la justicia, sino también de la repetición generada en la opinión pública: los noticieros televisivos y radiales se han convertido en gran parte en la lectura de los partes policiales del día, asesinaos, robos, violencias, sicariatos.

Este cambio se aceleró en el lapso del Gobierno de la Revolución ciudadana: los permanentes Estados de excepción, sobre todo a raíz de los acontecimientos del 30S, terminaron por normalizar la suspensión de derechos colectivos básicos, debilitar el funcionamiento democrático de las instituciones estatales, mientras se instaura la acción directa de los aparatos represivos, sobre todo policiales. “En un país que vive en un estado de emergencia prologando, y en el que las operaciones de policía sustituyen progresivamente al poder judicial, cabe aguardar una degradación rápida e irreversible de las instituciones públicas.” (Agamben, 2015)

Si bien la Constitución del 2008 contiene el germen de la restricción de los derechos colectivos, sobre todo laborales, y la sobrecarga de un sistema político hiperpresidencialista, el punto de quiebre está en la judicialización de la protesta social en el Código Orgánico Integral Penal, emitido en 2014, bajo la lógica del Código del enemigo. El resultado fue la muerte de al menos seis dirigentes y luchadores sociales y la persecución judicial de más de 800.

En el nuevo milenio se opera el paso desde el tratamiento político de la conflictividad social, a la concepción de las protestas como un atentado contra la democracia y la seguridad del Estado. En el COIP, conductas colectivas que eran vistas como parte del reportorio de la resistencia social, los cierres de carreteras, las ocupaciones de las calles en las ciudades, la toma de iglesias y locales públicos, las barricadas y las piedras para enfrentar la represión policial, se convierten en actos subversivos, en contra de la seguridad nacional.

Terror y miedo

Hay una relación especial entre terror y miedo. El terror se mueve más en el campo político, el miedo, en el campo cultural.

La teoría hobessiana del Leviatán trataba de encontrar un fundamento al poder del Estado en la funcionalidad del terror legitimado por una soberanía popular negativa, dispuesta a renunciar a sus derechos individuales en función de un Estado fuerte que controle el peligro de guerra permanente de unos individuos contra otros, un preanuncio de la forma actual de canje de liberad por seguridad.

La génesis del terror legitimado parte de la constitución autónoma moderna de lo político ante la religión. Maquiavelo señala: Es mucho más seguro ser temido que amado porque el amor es preservado por el vínculo de obligación que, debido a la bajeza de los hombres, se rompe en cada oportunidad para su ventaja; pero el miedo te preserva por un temor de castigo que nunca falla.

En nuestro tiempo hay un retorno de formas autoritarias reforzadas: el paso del Estado de derecho al Estado de seguridad policial se asienta en la construcción de un tiempo permanente de terror difuso, ubicuo, ante el cual el Estado es la garantía de seguridad.

El miedo ha tenido un tratamiento diferenciado en diferentes épocas y latitudes. La visión griega dominante buscaba subordinar el miedo a los valores de defensa de la ciudad. En la tradición cristiana, el miedo a Dios, el castigador, era el fundamento de la religión. Con la modernidad se produce una ruptura del miedo con la religión y la moral.

En el tiempo actual, el miedo se proyecta hacia el futuro. Los nuevos miedos se combinan con la incertidumbre de un mundo complejo, que se mueve en un círculo sin salida. La metáfora principal es el agotamiento de un tiempo y la llegada de la catástrofe: “el paso del tiempo se asemeja a una máquina que avanza inexorablemente hacia una explosión futura”, por las amenazas del crimen organizado, de los virus, del cambio climático, de las guerras infinitas. Vivimos una amenaza ineluctable, sin esperanza.

“La advertencia de que «vamos a contrarreloj» no se dirige simplemente a los megadesafíos como las bombas de relojería biológica, genética o climática. La exhortación a hacer algo enseguida, antes de que sea demasiado tarde, se extiende hasta los dominios más íntimos de la vida privada. (…) Los expertos en autoayuda también brindan consejos sobre relaciones, matrimonios y amistades «para anticiparse al futuro». (…) Esta teleología de la fatalidad domina la percepción que tiene la sociedad de la relación entre el presente y el futuro. (…) A diferencia de las historias pasadas sobre una revelación futura, sobre redención, progreso, liberación o incluso más de lo mismo, la «bomba» solo nos dice que nuestras vidas serán mucho peores que la de ahora. ” El argumento central es un cambio permanente. “La percepción del hipercambio domina el saber convencional acerca del tema del futuro.” (Furedi, 2022, págs. 100-102)

El shock del futuro anunciado por Alvin Toffler en los 70, combina a la vez la aceleración de los cambios por la ciencia y la tecnología, y la incapacidad de la ciencia y la tecnología para comprender el alcance de los cambios y encontrar respuestas adecuadas. “La devaluación del conocimiento confiere estabilidad a la incertidumbre y conduce a que se dramatice. A su vez, la dramatización de la incertidumbre la convierte en una fuerza aterradora e incomprensible.” (Furedi, 2022) Lleva la visión del progreso a su forma extrema: una línea infinita, sin raíz y también sin futuro.

El futurismo tecnológico se articula a un conservadurismo político. La renuncia a los grandes relatos encuentra salida en la pequeña-política, que puede fabricar enemigos a la medida de la fortaleza asediada.

El Plan Ecualombia

Con el Gobierno de Lasso el proceso securitario se institucionaliza. La transformación del papel del Ecuador en el proceso de reproducción del narcotráfico al transitar de zona de paso a territorio de lavado sistemático, sobre todo a partir de la dolarización, y a plataforma de circulación global, desata la viralización del discurso de la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado como la explicación de la crisis económica y política. Se abren las condiciones para condenar la protesta y la movilización social como parte constitutiva de la estrategia criminal. Un calco y copia del antiguo discurso securitario de Estados Unidos sobre el narco-terrorismo y la narco-guerrilla, en el marco del Plan Colombia.

Es una línea sistemática. En víspera de su posesión, el 23 de mayo de 2021, ante sus amigos del Foro de Desafíos de la libertad, organizado por la derecha internacional, “hablando con el corazón”, el Presidente electo concluyó su intervención señalando que las movilizaciones del 2019 en Ecuador y en otros países de América Latina respondían a un plan de desestabilización, ante el cual estaba listo para responder.

El 8 de junio, en vísperas de la Cumbre de las Américas y cinco días antes del inicio del Paro indígena, el Presidente Lasso anunció que planteará a Estados Unidos el auxilio para un Plan Ecuador, pues “requiere apoyo internacional en la lucha contra el narcotráfico, las bandas criminales que pretenden utilizar el territorio nacional para el tráfico de drogas y a la vez producir actos de violencia que tienen inquieta a la población ecuatoriana.” Durante su intervención en el IV Foro Empresarial de las Américas, en Los Ángeles, señaló: “El enemigo es el narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico de personas y se requiere de nuevas tecnologías. Al presidente Joe Biden y a los Estados Unidos les diré: Oiga, así como con Colombia y el Plan Colombia necesitamos el Plan Ecuador, porque no es posible que la factura la pague solo un país pequeño.” (Primicias, 2022)

Este relato se intensifica durante los momentos de movilización social. El paro de junio 2022 fue calificado por el régimen como una estrategia de desestabilización del gobierno y de la democracia, impulsada por el fantasma ubicuo del correismo, y la vinculación con el narcotráfico y el crimen organizado. El Presidente llegó a cuantificar el costo del paro en 20 millones de dólares y concluyó que no puede haber otra fuente de financiamiento que el crimen organizado y las mafias del narcotráfico. Los puntos más álgidos de confrontación en los acontecimientos de Calacalí, Shushufindi, Puyo, de acuerdo a los partes policiales, sólo se pueden explicar por la presencia de grupos subversivos organizados. (Saltos, 2022)

Hay un crecimiento paralelo y complementario de las estrategias de guerra y del número de muertes violentas. En Ecuador, de 14 muertes violentas por 100 mil habitantes en 2021, subió a 25,32 por 100 mil en 2022; el 87% de esos decesos, están relacionados con el microtráfico y el tráfico internacional de drogas. Y se han registrado 78 femicidios, es decir 6,5 por mes. (Noti mundo a la carta, 2022)

La violencia y el miedo copan el espacio de la opinión pública, disuelven los temas políticos reducidos a disputas por el control de cargos, silencia las demandas sociales y convierte la protesta en acto subversivo. Un patrón similar al que se dio en México: “para dejar de considerar los reclamos políticos, el Estado articuló una estrategia sin contenido político alrededor del tema de la seguridad nacional” (Zavala, 2018)

Hay una cadena de actos: el viaje a Israel se centra en la compra de instrumentos para fortalecer el control y la represión de la Policía. Luego el turno fue para la Ley del “uso progresivo de la fuerza”, a fin de permitir el empleo de armas y munición letales. El objetivo es el control de la movilización social, aunque el argumento sea la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia.

El paso siguiente es legalizar la intervención represiva de las Fuerzas Armadas en “ayuda” a las fuerzas policiales, para garantizar la seguridad. El circuito se cierra: están listos los decretos para declarar zonas de seguridad nacional las zonas de extracción minera.

Está en juego el papel de las Fuerzas Armadas y la Policía, volver las armas contra su propio pueblo. La orientación es implantar un Estado de seguridad policial, convertir a los ciudadanos en potenciales delincuentes que deben ser vigilados, controlados, reprimidos, implantar la pena de muerte disfrazada de control de la delincuencia. Queda pendiente una pregunta: ¿es un oxímoron pensar que en las Fuerzas Armadas surja alguna voz para detener la estrategia de muerte?

La Consulta Popular convocada para el 5 de febrero de este año, busca instrumentalizar la preocupación ciudadana por la seguridad, para orientarla a salidas falsas o parciales, como la extradición de los delincuentes involucrados en el narcotráfico y el crimen organizado, renunciando a la responsabilidad del Estado ecuatoriano y confesando la incapacidad de reformar la justicia y de controlar los vínculos del poder con el crimen organizado. La trampa principal está en los anexos, que pocos leen, en todas las preguntas, menos en una se dispone que hasta que la Asamblea dicte las leyes correspondientes si la Consulta se aprueba, el Ejecutivo dictará los Decretos y resoluciones provisionales. De modo que se cumplirá el sueño anunciado en febrero del año pasado, el Ejecutivo no necesita de la Asamblea, y podrá gobernar por Decreto.

El derecho a la rebelión y a la paz

El poder sabe que la movilización social se acerca ante las políticas de hambre que se ha implantado, bajo los mandatos del Fondo Monetario Internacional. Dos de cada tres ecuatorianos no tienen empleo que les garantice las necesidades básicas de alimentación, salud y educación. En medio de los anuncios de los logros macroeconómicos, aparecen los dolores sociales: un signo es el crecimiento de la desnutrición infantil que pasó del 24,5% en 2014, al 27,2% en 2022.

Por un breve lapso, el proceso electoral concentrará la atención de la gente. Luego la dura realidad volverá sobre la gente. Y allí volverá también la protesta social, no por decreto de alguna organización, sino como una ruta para que se escuche la angustia por la crisis social. Y volverá el discurso de la criminalización, tratando de silenciar la condición básica de una democracia real, la voz del soberano.

Ante la estrategia de guerra es posible impulsar una estrategia de paz desde la participación y la solidaridad social, la reconstitución de los tejidos de vecindad y de redes de poder autónomo. El derecho a la paz no puede ser garantizado por un Estado de seguridad policial.

Trabajos citados

Agamben, G. (Diciembre de 2015). Del Estado de derecho al Estado de seguridad. Obtenido de http://artilleriainmanente.blogspot.com/2015/12/giorgio-agamben-del-estado-de-derecho.html?spref=fb

Freud, S. (s/f). Más allá del principio de placer. Huila: Freeditorial. Obtenido de https://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/MAS%20ALLA%20DEL%20PRINCIPIO.pdf

Furedi, F. (2022). Cómo funciona el miedo. La cultura del miedo en el siglo XXI. Madrid: Rialp.

Habermas, J. (1999). Problemas de legitimación en el capitalismo tardío. Madrid: Cátedra.

Noti mundo a la carta. (30 de Diciembre de 2022). Ecuador cierra el 2022 con 25,32 muertes por cada 100 mil habitantes, según el comandante Fausto Salinas. Obtenido de https://notimundo.com.ec/ecuador-cierra-el-2022-con-2532-muertes-por-cada-100-mil-habitantes-segun-el-comandante-fausto-salinas/

Primicias. (11 de Junio de 2022). Lasso pide a Estados Unidos un Plan Ecuador para combatir el narcotráfico. Primicias. Obtenido de https://www.primicias.ec/noticias/politica/lasso-plan-ecuador-combatir-narcotrafico/

Primicias, R. (26 de Octubre de 2022). El Estado libra “nuevas guerras” contra seis bandas criminales. Primicias. Obtenido de https://www.primicias.ec/noticias/en-exclusiva/bandas-criminales-peligrosas-guerras-ecuador/

Saltos, N. (2022). Las violencias. En Varios, Los ocho de mayo (Vol. IV de la Otra historia). Quito: Árbol de Papel.

The staff. (18 de Febrero de 2022). Estas son las mejores series de narcos en Netflix – 2022. Obtenido de vidamoderna.com: https://vidamoderna.com/estas-son-las-mejores-narco-series-y-novelas-en-netflix/

Zavala, O. (2018). Los cárteles no existen: Narcotráfico y cultura en México. México: Malpaso Ediciones.


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