Publicado en línea el Miércoles 21 de diciembre de 2022, por Gerardo Magallón

Cuando el pasado 7 de diciembre, el ahora expresidente Castillo anunció de manera sorpresiva el cierre del Congreso y que se iba a instaurar “un gobierno de emergencia nacional”, se desencadenaron una serie de acontecimientos, tanto en la esfera política como en la social. Lo cierto es que apenas unas horas después, el Congreso logró los votos necesarios (algo que había sido imposible hasta ese momento) para vacar al presidente Castillo y poner en su lugar a la vicepresidenta Dina Boluarte. Como lo señalan varios informes y los propios testimonios de asesores presidenciales, todo indicaba que ese día por la tarde el tercer intento del Congreso de vacar al presidente iba a fracasar ya que la oposición no contaba con los 87 votos necesarios.

Sin embargo, lo que a todas luces iba a ser una nueva victoria política para el gobierno en la pugna que sostenía con el Congreso, se convirtió en una contundente derrota que se expresó en los 101 votos a favor de la vacancia. Hasta ahora no está del todo claro qué es lo que llevó al expresidente Castillo a tomar la decisión de cerrar el Congreso, repitiendo la puesta en escena y utilizando casi las mismas palabras que en 1992 utilizó Alberto Fujimori. Lo cierto es que en la larga historia de golpes de estado o intentos de golpe que tiene el Perú, éste será recordado como uno de los más absurdos: el golpe débil de un gobierno débil que a todas luces estaba destinado al fracaso.

Los acontecimientos posteriores a la vacancia

Desde el momento en que la nueva presidenta asumió el cargo y con el expresidente Castillo detenido, se comenzaron a desatar una serie de protestas en todo el país que rápidamente se expresaron en movilizaciones que, con el transcurrir de los días se han vuelto masivas y, en varios casos, violentas. Al momento de redactar estas líneas ya son 25 personas fallecidas (entre las cuales hay menores de edad) como consecuencia de los enfrentamientos y la fuerte represión de las fuerzas policiales, y decenas de personas detenidas en todo el país. Los organismos de derechos humanos se despliegan a nivel nacional para atender la grave situación.

Pese al Estado de Emergencia que ha decretado el gobierno, poblaciones de diferentes partes del país se han seguido movilizando, sobre todo desde zonas rurales, tomando en varios casos las plazas de las capitales de sus departamentos e incluso llegando a la ciudad de Lima. En varias ciudades del país se han producido actos de violencia, vandalismo, saqueos y afectaciones a la propiedad pública y privada e incluso algunos aeropuertos han sido tomados por varias horas por los manifestantes. Aunque con algunos matices, las principales demandas que se escuchan en las calles apuntan a exigir el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones generales, la realización de una asamblea constituyente y también la liberación del expresidente, Pedro Castillo.

A muchos ha sorprendido la contundente respuesta de la población, sobre todo desde el interior del país, como respuesta a la destitución del expresidente y su posterior detención. Sin embargo, lo que queda claro es que importantes sectores de la población han seguido identificándose con la figura de Castillo. Pese a las denuncias de corrupción y las evidencias de una pésima gestión, perciben al expresidente Castillo como uno de los suyos, al que desde un inicio las élites le hicieron la vida imposible, precisamente por su origen, por el racismo y clasismo que impera en el país y porque no forma parte de los grupos de poder que siempre gobernaron.

Lo cierto es que queda claro que las percepciones, la identificación y los símbolos cuentan en un país como el Perú. El hartazgo de sectores importantes de la ciudadanía por el accionar de la oposición, de las fuerzas políticas que tienen hoy en día el control del Congreso, las campañas y los sesgos de los medios de comunicación, son factores que provocaron que, por ejemplo, Castillo tenga un crecimiento sostenido en las encuestas en los últimos meses: en la última encuesta elaborada por Ipsos y publicada por el diario conservador El Comercio hace unas semanas, se puede apreciar que, entre abril y noviembre, la aprobación a Castillo había aumentado 8 puntos y la desaprobación bajó 10 puntos. Todo esto se daba pese a una avalancha de denuncias de colaboradores eficaces y una mayor campaña mediática a favor de la vacancia.

En las zonas de trabajo de CooperAcción, sobre todo en el sur andino del país, donde hay una fuerte presencia de actividad minera, se vive una situación de extrema tensión, con movilizaciones, bloqueo de carreteras y enfrentamientos entre la población y las fuerzas policiales. En Apurímac, Cusco y también en regiones vecinas como Puno, Arequipa y Ayacucho se han registrado movilizaciones masivas, que, todo indica, seguirán creciendo. Pueblos indígenas de nuestra Amazonía también están movilizados y, en algunos casos, sobre todo desde la selva central, han iniciado marchas hacia la ciudad de Lima.

El pasado 17 de diciembre, en pleno centro de la ciudad de Lima, la Policía Nacional allanó el local de la Confederación Campesina del Perú, donde se encontraban ciudadanos que habían llegado de varios departamentos y que fueron retenidos. Si eso ha pasado en Lima, en medio de todos los reflectores (incluso con el burdo intento de “sembrar pruebas” de preparativos de actos de violencia o supuestos atentados), no es difícil imaginar lo que se vive en el interior del país. Hoy en día estamos muy preocupados por la situación en las zonas de trabajo institucional, sobre todo en el sur andino, que ha sido uno de los epicentros de las movilizaciones. El nivel de desprotección es mayor en esta zona del país. Además, están apareciendo algunos “informativos de prensa” que apuntan al trabajo que hacemos varias instituciones en el sur andino.

Los escenarios posibles

Es difícil pensar que un gobierno sin partido político, sin bancada congresal propia (más bien rehén de la actual mayoría del Congreso) y, sobre todo, con el rechazo masivo de la población, se pueda mantener en medio de esta situación. Sin embargo, ni el gobierno de Dina Boluarte y tampoco el Congreso parecen estar dispuestos a ceder en sus posiciones: por un lado, el gobierno ha endurecido las medidas para enfrentar el levantamiento de la población y el Congreso busca dilatar la posibilidad de aprobar el adelanto de elecciones.

Es importante subrayar que el desborde popular que se ve en estos días en buena parte del país carece de liderazgos claros, es heterogéneo y sobrepasa la capacidad de cualquier referente organizativo social o político. Como lo han señalado algunos analistas, el Perú sufre una grave crisis de representación política y social: nadie en toda la élite política y social puede responder con una cierta legitimidad y autoridad a la crisis que estamos viviendo.

La salida no será sencilla y tampoco será similar a transiciones pasadas (como, por ejemplo, fue la del año 2000/2001). Sin embargo, el riesgo de una salida autoritaria que, a todas luces, está en curso en el país, tiene que ser enfrentada con la búsqueda de consensos democráticos básicos expresados en un plan mínimo, en primer lugar, para salir de esta situación de enfrentamiento y entrampamiento acompañado de una creciente violencia y en segundo lugar para sentar las bases de una nueva convivencia.

Desde nuestra ubicación como institución de la sociedad civil, estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para que los derechos de los peruanos y peruanas no sigan siendo vulnerados y, sobre todo, para aportar a construir esa salida democrática.

Publicada originalmente en CoperAcción.

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