Publicado en línea el Jueves 15 de diciembre de 2022, por Martina Neyra

A esta trágica situación, Acción Ecológica coloca además la vulneración -también creciente- de los derechos de las comunidades y de la naturaleza: territorios enteros expuestos a nuevas actividades extractivas, despojo y criminalización a comunidades que defienden sus territorios y muchos desastres mal llamados “naturales”.

La humanidad creó el concepto de “derechos humanos” después de la segunda guerra mundial,[1] para poder defenderse de si misma, de los sistemas de poder que históricamente habían desplegado mecanismos de violencia, represión, silenciamiento.

Sin embargo, 74 años después de la primera declaración de los DDHH, las actividades más destructivas en el país se mantienen y amplifican con un ejercicio de poder descontrolado,puertas giratorias, desvío de poder, corrupción y falta de control, impulsados casi siempre bajo el concepto de “interés nacional” .

El artículo 10 de la Constitución de 2018 reconoció como sujetos de derechos a las personas, las comunidades y la naturaleza. Podría haber quien piense que frente a la tragedia que sufren las personas las otras violencias son secundarias, pero la verdad es que todo está ligado. Con la destrucción de la comunidad y la naturaleza se entierran las posibilidades de habitar el mundo con dignidad, de pensar siquiera en cómo evitar que jóvenes y niños caigan atrapados en los modelos criminales, que hombres y mujeres deban exponer sus cuerpos a actividades destructivas, que el futuro no sea el colapso y la guerra, sino sociedades solidarias y cuidadoras.

Los derechos individuales (humanos), los económicos y sociales, los colectivos y los de la naturaleza, están interligados. Las agresiones a la naturaleza corren paralelas con las agresiones a los territorios de las comunidades y estas afectan a las personas e impiden el ejercicio de sus derechos. “Se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente no solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas, como la salud, la vida o la integridad personal, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos”.[2]

Iniciamos con este boletín un balance de las políticas del país en materia ambiental, donde se verán casos de criminalización de personas defensoras; casos de naturaleza contaminada, militarizada, comercializada; políticas que destruyen las bases de subsistencia de sociedades que viven en armonía con la naturaleza; zonas de sacrificio en donde se acumulan vulneraciones a los territorios y a las comunidades que allí habitan y en general vulneraciones a los derechos de las personas, comunidades y naturaleza.


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