Publicado en línea el Martes 6 de diciembre de 2022, por JDF

Mohamed Said Badaoui había permanecido encerrado un mes en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona, y ejercía como presidente de la Asociación en Defensa de la Comunidad Musulmana en Reus (Tarragona); Amarouch Azbir participaba en la Asociación islámica Al-Forkan en el municipio de Vilanova i la Geltrú (Barcelona); llevaban más de tres décadas viviendo en España.

Reivindicaron la causa de los dos activistas las cerca de 150 personas concentradas, el pasado 29 de noviembre, frente al CIE de Zapadores en Valencia, para exigir el cierre del centro. Convocados por la Campaña CIES NO, que promueve las concentraciones el último martes de cada mes, los movilizados reiteraron consignas como Ningún ser humano es ilegal; No al racismo, sí a la justicia; o Tancarem, tancarem els centres de internament. Varios agentes y un furgón de la Policía Nacional se ubicaron junto a la puerta del CIE.

Durante la acción, un miembro de Casa Marruecos leyó un manifiesto que denunciaba en el primer parágrafo: “Nuestros compañeros, Mohamed Said Badaoui y Anarouch, dos ciudadanos marroquíes, han sido expulsados por el mero hecho de ser ‘musulmanes’; les acusan de ‘salafismo’, ‘radicalismo’ y ser ‘una amenaza para la seguridad nacional’… sólo porque defienden los derechos de la comunidad musulmana en Cataluña”.

A esta denuncia se sumó la de un portavoz de la asociación La Voz Marroquí en la Comunidad Valenciana, que rechazó la orden de expulsión de los dos activistas, emitida sin que obtuvieran respuesta las “múltiples alegaciones” del abogado del caso, ni sentencia alguna que lo justifique.

Además el portavoz de CIE NO, Xavier Torregrosa, hizo referencia a los vuelos de deportación de personas inmigrantes en situación oficialmente considerada “irregular” (el Grupo de Trabajo Stop Deportación, integrado en la Campaña, alertó en noviembre de un posible vuelo el día 22 desde Madrid a Bogotá; en consecuencia, advertían de una mayor probabilidad de “citas trampa” a comisarías y redadas por perfil étnico en el estado español; el blog de Stop Deportación añadía que el avión realizaría una escala en la República Dominicana).

“Exigimos la destitución del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska”; con estas palabras Torregrosa concluía el recuerdo de las (al menos) 27 víctimas mortales y centenares de heridas en la frontera entre Nador y Melilla el pasado 24 de junio (la ONG Caminando Fronteras elevó la cifra de jóvenes africanos muertos a 37); a primeros de noviembre, la BBC hizo pública una investigación en la que se exponía “cómo la policía española vio y no impidió que decenas de migrantes murieran en su frontera con Marruecos”.

A partir de fuentes como vídeos en Internet, El canal público británico detalló que, en el paso fronterizo denominado barrio chino, “muchos de los migrantes fueron golpeados y aplastados entre la barrera de ocho metros de altura y los guardias fronterizos marroquíes, que desplegaron porras y gases lacrimógenos”.

En un primer escrito de conclusiones (14 de octubre), el Defensor del Pueblo señaló que el “rechazo” de 479 personas en la frontera no tuvo en consideración las previsiones legales estatales e internacionales. La Defensoría detalla, en el texto de Recomendaciones, que el lanzamiento “por ambas partes de piedras y el hecho de que algunos agentes españoles les rociaran con un espray pudo intensificar la situación de peligro”.

En concreto, en el vídeo número 10, el Defensor del Pueblo aprecia cómo un agente de la Guardia Civil rocía a las personas migrantes con gas “para que no sigan intentando derribar la puerta del puesto”; y también en el vídeo 12, “algunos agentes españoles les continúan lanzando piedras”.

La Campaña CIE NO convoca las concentraciones frente al CIE de Zapadores desde hace más de una década. A menudo las denuncias de las ONG se centran en la ciudad de Valencia; de hecho, el 29 de noviembre se evocó el fallecimiento –una semana antes y al raso de la noche- de Martín F. A., la tercera persona sin hogar que muere durante 2022 en Valencia; según informó la asociación Divina Misericordia, tenía 57 años, provenía de Ghana, era viudo y padre de dos hijos, contaba con permiso de residencia, autorización para trabajar y “vivía en condiciones infrahumanas”.

Por este motivo -la muerte de frío y miseria de los tres jornaleros temporeros (procedentes de Ghana)-, València és Refugi; Ghananian Culture Valencia; la Federación Unión Africana España y una veintena de asociaciones convocaron un acto de denuncia el 27 de noviembre en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia; en la concentración exigieron “la reubicación y solución a la situación actual de la antigua fábrica (La Garrofera), en (el barrio de) Benimaclet”.

En el ámbito del estado español, las ONG subrayaron la gravedad del respaldo manifestado por el Gobierno de Ceuta a la vicepresidenta primera del ejecutivo ceutí, María Isabel Deu del Olmo, del Partido Popular, encausada por un presunto delito relacionado con la deportación de 55 menores no acompañados, de origen marroquí; las expulsiones que dieron lugar a la causa abierta por el Juzgado de Instrucción ocurrieron en agosto de 2021.

Además, el procedimiento judicial por “presunto delito continuado de prevaricación administrativa” incluía a la exdelegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos,

Otra denuncia de los colectivos movilizados frente al CIE de Zapadores tuvo como protagonista al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, del PP, resumida del siguiente modo por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), en un comunicado de agosto: “(…) Parece que le molesta (al alcalde) tener en el municipio un Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI); será porque a diferencia de un CIE (una cárcel para inmigrantes), en el CETI los inmigrantes pueden entrar y salir sin problemas, y se les vería por las calles de Algeciras”.

El Ayuntamiento algecireño publicó una nota informativa -el 7 de septiembre- en la que recordaba la carta remitida por la Alcaldía al ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para rechazar la construcción del CETI en la ciudad.


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