Publicado en línea el Lunes 28 de noviembre de 2022, por Caty R

El 28 de noviembre de 2021, la candidata a la presidencia de la República por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Xiomara Castro, ganó las elecciones generales y se convirtió en la primer mujer presidenta de Honduras con más de 1.7 millón de votos. En 2013 le habían robado las elecciones con el fraude avalado por la Embajada Americana, y en las elecciones de 2017, desistió participar y cedió su candidatura a favor de Salvador Nasralla, fundador del partido Anticorrupción (PAC) y que participó como candidato de un Alianza entre partidos de oposición, sin incluir al Partido Liberal que sigue creyendo que las “milicias” no cambian de bando político, aunque sus principales dirigentes se presten a actos deshonestos de espaldas a las bases del partido.

Se pensó que el Partido Nacional iba a repetir el triunfo de las elecciones pasadas, empleando estrategias poco transparentes. Lo primero. Mapear e identificar a los votantes y garantizar la entrega de bonos y dinero, llevarlos a las urnas temprano y poner obstáculos para que la oposición conformada por LIBRE, el partido Salvador de Honduras (PSH), el Partido de Innovación y Unidad (PINU)-Social Demócrata (SD), y la candidatura independiente de Milton Benítez, conocido con el nombre de “Perro Amarrillo, no movilizaran a sus electores. Lo segundo, acusar a la candidata Xiomara Castro y miembros del partido de pretender traer el Comunismo a Honduras. Lo tercero, tratar de manipular y “jaquer” la información de la votación registrada por el Tribunal Nacional Electoral (TNE). Finalmente, no reconocer los resultados y en conjunto con ciertos miembros de la llamada prensa mediática, en especial aquellos que recibieron dinero por el gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH), trasmitir el mensaje que el Partido Nacional lideraba las votaciones.

Los dirigentes del Partido Nacional cometieron fallas de origen. La primera fue no prestarle el dinero requerido por Salvador Nasralla para estructurar su movimiento a nivel nacional y poder integrar las mesas de votación, ya que se hizo público la falta de personal del PSH para realizar tal laborar y no perder votos en la contada, en tanto el voluntariado no ajustaba. La segunda, prestar poca atención a un “rumor” que el candidato a la presidencia de la República, Nasry “Tito” Asfura, una vez ganada la elección, sería sustituido por JOH, a lo cual accedería si no quería ir a la cárcel por el manejo de las cuentas de la Alcaldía como cuentas personales y familiares. Se especula que Nasry Asfura no quería ser candidato, ya que había hecho buena gestión como alcalde de la ciudad capital y tenía en la bolsa la reelección, pero que aceptó postularse frente a la “presión” de JOH.

La tercera fue que, frente a la capacidad de movilización y recursos del gobierno en poder del partido nacional, no había como la oposición podría ganar no solo las elecciones, sino también las alcaldías de Tegucigalpa (ciudad capital), y San Pedro Sula (ciudad industrial), independientemente de los cuestionamientos a sus candidatos, acusados de consumir drogas y estar ligados al crimen organizado.

A ello se sumó que los dirigentes del partido nacional no valoraron el cambio de bando del “padrino”, o sea el gobierno de EEUU. La política del nuevo gobierno norteamericano con Joe Biden a la cabeza, es el control del narcotráfico y la corrupción, fue evidente con la llegada de la vicepresidenta Kamala Harris a la toma de posesión de Xiomara Castro, y la rápida captura de JOH pedido en extradición por los gringos; marcando pautas para el comportamiento de las FFAA a favor del cambio de gobierno.

No ha sido fácil para la presidenta Xiomara Castro gobernar, después de más de 11 años de gobiernos del partido nacional, caracterizados por autoritarios, centralistas y corruptos. Sin embargo, ha venido siendo fiel a sus promesas de campaña asumidas con el pueblo hondureño, que han incomodado a grupos económicos, prensa mediática, una parte de los militares y policías, y la Embajada Americana.

Una primera acción tomada fue la derogación de la Ley de Empleo por Hora. A ello se suman la prohibición de la minería de cielo abierto que debe ser cumplida y la derogación de Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), un negocio de piratas y malos hondureños, que consideran que el territorio y soberanía nacional pueden convertirse, de la noche a la mañana, en bienes privados. También destaca la derogación de la Ley de Secretos y de la Tasa de Seguridad, que sirvió como fondo de reserva para los políticos cuando se agotaban los recursos del presupuesto nacional y no querían tocar libretas de ahorro y tarjetas de crédito, abultadas con el dinero de negocios ilícitos y narcotráfico.

La economía ha sido un tema que se ha planteado contracorriente para el gobierno de LIBRE y la presidenta Xiomara Castro. Por un lado, se ha vendido la idea que el gobierno recibió la economía del país en bonanza, por lo que tenía que seguir con la política económica de los gobiernos anteriores avalados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial. Se argumenta que uno de los grandes logros lo fue la estabilización económica heredada, con un crecimiento del PIB positivo de 2.7% en 2019, una inflación de 4.1% y Reservas Internacionales Brutas (RIB) por el orden de los 6,029 millones de dólares, equivalente a más de 6 meses de importaciones. Se dice muy poco de la baja inversión pública y baja Inversión Extranjera Directa (IED), unos 500 millones de dólares en 2019, el sobreendeudamiento externo, donde la Deuda Publica Bruta del Gobierno Central se acercó al 50% del PIB; y el fuerte desequilibrio en las cuentas externas, estimado en más de 3,360 millones de dólares como saldo comercial (CEPAL: 2020, BCH.2022).

Los efectos e impactos negativos de la Pandemia Covid-19 afectaron el PIB al caer en -8.0% y el Per cápita en -9.3% en 2020, igual sucedió con la Inversión Pública y la IED que cayó a 273 millones de dólares; hubo una contracción de la demanda de importaciones y baja en la tasa de inflación. No obstante, el sobrendeudamiento externo no paró en 2021, siendo visibles los impactos de ETA e IOTA en la producción agropecuaria e infraestructura económica y social.

Se dice poco del legado de falta de transparencia y generalización de la corrupción, aumento de las actividades del narcotráfico y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, violencia doméstica y pérdidas de derechos económicos y sociales de la población. Hay, dentro de la oposición, una página leída que no merece ser recordado su contenido porque no beneficia lo actual y futuro, más bien perjudica, visualizando en la población la imagen que lo “pasado” es pasado.

Una parte del contenido de esa página también refiere al aumento del problema de la pobreza, desempleo y subempleo, donde lo más visible es la creciente migración de la población, inseguridad alimentaria y aumento de la violencia y actividades ilícitas. Las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) hablan de un 73% de la población en situación de pobreza y 53% en pobreza extrema, de 9.5 millones de hondureños. El desempleo afecta a 3.5 millones de personas y 2.5 millón están subempleados (INE: 2022).Asimismo, la pérdida de recursos naturales, biodiversidad y contaminación ambiental.

El logro de objetivos de estabilización económica no debe hacerse a costa del logro de objetivos de desarrollo humano, o destruyendo las capacidades y medios productivos de vida de la población; igual, sobre/endeudando el país, donde gran parte de los recursos se utilizan en forma irracional y poco transparente. La política económica del gobierno del Socialismo Democrático apunta a lo contrario, o sea canalizar la mayor cantidad de recursos para atender las demandas económicas, sociales y culturales de la población, potenciando sus capacidades y reivindicando derechos adquiridos. No se trata de una “piñata” como en el pasado, sino la contratación de recursos para satisfacer necesidades de desarrollo humano, y de una reorientación de los recursos de presupuesto a las prioridades de desarrollo nacional, garantizando transparencia, eficiencia y productividad del gasto de inversión.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), ha venido cuestionando la política económica seguida por el gobierno de Xiomara Castro en 2022, especialmente lo relacionado con el aumento del gasto público y su financiamiento para enfrentar las obligaciones financieras heredadas, caso de los pagos por el servicio de la deuda externa, las deudas contraídas con las empresas de energía, el pago de contratos pendientes y gastos de funcionamiento. Pero, además, el cubrimiento de las llamadas “brechas” heredadas, que se manifiestan en baja producción alimentaria, desempleo, subempleo, pobreza, pobreza extrema, bajas coberturas de salud, educación, vivienda social, protección social, infraestructura económica y social, ambiente y seguridad pública.

El argumento es que el gobierno se ha endeudado más, utilizando 1,000 millones de dólares de las reservas internacionales (préstamo del Banco Central), donde parte de los recursos sirve para pagarle a los acreedores, especialmente externos. Ello, según el enfoque tradicional monetarista, impulsa la inflación al existir muchos recursos en la economía frente a una oferta de bienes y servicios baja.

La inflación para finales de 2022 se estima cerca del 11%, pero su principal factor causal es exógeno a las decisiones de política económica que ejecute el gobierno, como la guerra de Rusia-Ucrania y el aumento de los precios del petróleo, fletes e insumos importados, sumado a la contracción de la economía norteamericana y las medidas de política restrictivas como aumentos del costo del dinero y apreciación del dólar.

El enfoque a seguir por el Banco Central de Honduras, como rector de la política monetaria y cambiaria del país, es de modelos de calibramiento y ajuste de las variables como el crédito, tasas de interés y el tipo de cambio, para que su comportamiento no afecte directamente las políticas de desarrollo ni dispare la inflación por encima de un umbral establecido previamente. No es tarea fácil, cuando nos hemos acostumbrado a políticas de ajuste económico cuya receta es bajar el déficit fiscal, congelar los salarios, despedir empleados públicos, privatizar empresas, aumentar las tasas de interés, devaluar la moneda; otras.

Se cuestiona el aumento del presupuesto de ingresos y egresos para 2023 en un 8% si se compara con 2022, estimado en 392,000 millones de lempiras, y de 234,000 millones para la administración central; el sobredimensionamiento de los ingresos tributarios y la falta de transparencia en el manejo de los recursos de compensación social, ligados a los programas de la Red Solidaria. El COHEP confía muy poco en la gestión de instituciones como la Secretaria de Finanzas, Banco Central, Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el Servicio de Administración de Rentas (SAR), sin valorar los cambios propuestos frente a las políticas de gobiernos anteriores poco efectivas y transparentes.

Para técnicos del COHEP y diputados de la oposición política, hay una sobredimensión del aparato estatal, ya que se destinarán en 2023 unos 90,000 millones de lempiras para mantener una “burocracia” improductiva. No se valora la reingeniería de las instituciones públicas, el respeto de convenios de préstamos y contratos de personal, igual las obligaciones por el pago de alquileres y servicios.

Otro cuestionamiento es la falta de garantías para la inversión privada, por permitir invasiones de tierras y fincas en zonas como el Bajo Aguan y Región Sur. El gobierno conformó una Comisión de Alto Nivel para buscar solución a estos conflictos, e incluso identificando áreas de tierras pertenecientes (recuperadas) a narcotraficantes que pueden reasignarse para fines de Reforma Agraria, aunque la oferta ( unas 3,000 has de tierra ) son insuficientes frente a la demanda de tierras estimada en más de 15,000 has, lo que implica reformas o derogación de la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA) que data desde 1992, la reactivación del fondo de tierras y vigencia de un impuesto a la tierra agrícola ociosa que conspira contra el desarrollo nacional. Caso contrario, las tomas seguirán ya que, frente a los problemas de falta de empleo y la crisis alimentaria, los campesinos (as) demandan un pedazo de tierra para subsistir. Hay, sin embargo, invasores de oficio que deben ser identificados y procesados, estando de acuerdo las organizaciones y grupos aglutinados en la Plataforma Agraria.

En el tema agraria hay que actuar ya, caso contrario, tal como sucede con las tomas de carreteras en la zona norte del país por empleados de las empresas exportadoras, puede generar un conflicto de dimensiones mayores, que afecten el clima de inversión en el país.

El manejo de los recursos forestales y cambio climático, también ha recibido la atención del gobierno, pero se necesita de más recursos para el control de la deforestación y quemas. El sector forestal es uno de los sectores que más empleos de buena calidad puede generar, siendo necesario la vigencia de una nueva política de desarrollo y reconversión del sector forestal de mediano y largo plazo, donde las medidas de política, programas, proyectos y metas se acoplen al Plan Estratégico de Gobierno (PEG) liderado por la Secretaria de Planificación Estratégica (SPE).

Ligado a lo anterior, destaca la crisis de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), rescatada por el gobierno como un Bien Público, y que enfrenta una deuda total de más de 75,000 millones de lempiras, en pagos a empresas generadoras de energía por contratos -de dudosa monta- suscritos. El gobierno ha venido renegociando estos contratos con parte de las empresas, pero el reto mayor es la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas estimadas en 40% (muy alto) y el rescate del control de cobros por la venta de energía manejada por una empresa poco eficiente cuyo capital mayoritario es colombiano. El gobierno tiene que demostrar avances en la solución de este problema, ya que la profundización de la crisis puede afectar los logros de gestión pública obtenidos.

Ha sido evidente el mayor apoyo con recursos a sectores como salud y educación, unos 65,720 millones de lempiras para 2023,pero los cuestionamientos a la gestión de los Ministros del ramo no se han hecho esperar, por lo que se demanda una Estrategia más efectiva de intervención en ambas instituciones, donde se visualicen y demuestren avancen en aumento de coberturas, acceso de la población carenciada, dotación de recursos, personal y medicamentos. En el gobierno de JOH, la salud y educación no fueron sectores tan prioritarios, si se compara con compensación social, seguridad e infraestructura económica y social.

La compensación social recibió nuevo impulso con la aprobación del programa Red Solidaria, manejado en el gobierno de Manuel Zelaya (2006-junio2009) por Xiomara Castro, con buenos resultados según evaluaciones de organismos de cooperación externa. Hay, sin embargo, necesidad de avanzar en un enfoque más integral de aquél que relaciona el riesgo o vulnerabilidad social con la ayuda pública, sin valorar los aportes de la población, de otras instituciones y actores económicos y sociales. Se ha fortalecido la Secretaria de Desarrollo Social, y el área de diseño y evaluación de políticas públicas sociales, lo que posibilita que la compensación social se acompañe de acciones para el desarrollo humano.

Las políticas de compensación social se justifican porque son selectivas y focalizadas, beneficiando a grupos vulnerables y en situación de pobreza extrema; sin embargo, tal como lo hizo Lula en Brasil, hay que complementarlas con políticas alimentarias, acceso a la tierra, empleos y emprendimientos comerciales y productivos, enmarcadas en los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico de Gobierno (PEG) 2022-2026.

En seguridad publica las críticas no sean hecho esperar, ya que la extorción a las personas, dueños de negocios y empresas de transporte no paran, igual los asaltos y asesinatos. Las autoridades policiacas presentaron un Plan Anti/extorción, pero necesita del concurso de la población, para lo cual las Mesas de Participación Ciudadana (MPC) juegan un rol fundamental, más allá de las llamadas mesas de seguridad, donde a éste y otros problemas no se le daba un solución integral.

La presidenta de la República aprobó el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorción y Delitos Conexos (2022-2026), donde la colaboración de los ciudadanos con los cuerpos policiacos, la vigencia de regímenes de excepción, contratación de más policías, control de la movilización y de aparatos electrónicos y llamadas, se complementa con la ejecución de un programa masivo de programas y proyectos de desarrollo para la población de barrios y colonias apoyado por las demás instituciones y liderado por la SPE.

La migración amerita también un tratamiento integral, más allá de las promesas y los ofrecimientos de recursos de inversión por empresas norteamericanas en sectores como maquila, telecomunicaciones, energético y agroalimentario. Hay que revisar y actualizar el plan para el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Salvador, Honduras) elaborado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) con la participación de México.

Un tema de agenda es la revisión del RD-CAFTA, solicitado por la presidenta Xiomara Castro, pero que amerita el concurso de los presidentes de los otros países de la región. No es posible que nos estemos quedando sin maíz indio, carne de cerdo y arroz. Hay que revitalizar los mecanismos e instrumentos de Integración Centroamericana y acuerdos de cooperación entre gobiernos en temas de comercio, cambio climático, migraciones, tráfico de drogas y derechos humanos.

Los retos y desafíos son grandes. No es prohibido hablar de un Plan Anticrisis Económica y Financiera en 2023, pero que no se renuncié a los objetivos de desarrollo y compromisos de campaña política de la presidenta Xiomara Castro. Implica un manejo menos ortodoxo de las políticas de estabilización económica, poniendo como prioridad la generación de empleos de buena calidad, alimentos y activos productivos para población carenciada. Será acompañado de una Plan contra el Hambre, ya que 1.5 millón de hondureños padecen hambre, donde la ayuda alimentaria sea solo un componente, complementado con acceso de la población a tierra, crédito, tecnologías y asistencia técnica.

El gobierno de la República no debe renunciar a la Refundación del Estado hondureño, con una amplia participación de la población. Esa es su identidad frente al pueblo. En ello juega un papel central la vigencia y funcionamiento del Sistema Nacional de Planificación Social y Económica, y la integración de los gobiernos locales y subnacionales a las decisiones del poder ejecutivo, igual de las Mesas de Participación Ciudadana.

El próximo año se elige una nueva Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República, pero desde ya existe un interés porque la repartición de los puestos se haga de dedo por los diputados del Congreso Nacional. Se ha conformado una Junta Nominadora que enviará a dicho órgano la lista de los aspirantes, o sea los más limpios, honorables y capacitados para el cargo. El gobierno de la República ha respetado este proceso y hay indicios que los diputados de LIBRE también lo harán. En esto, hay fuertes intereses económicos y en los elegidos -por debajo- una camisa de color rojo, rojo teñido y azul.

La presidenta Xiomara Castro ha manifestado que la estadía de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) en el país debe abarcar un año más del periodo de gobierno, con lo cual manifiesta su voluntad para que dicha Comisión se instale en 2023.

El año 2023 ha sido bautizado por dirigentes del partido LIBRE como el año de la planificación para la refundación nacional; implica mayor participación e integración de grupos y organizaciones sociales de tierra dentro y de aquellos localizados en zonas urbanas y periurbanas en las acciones del desarrollo; implica también la creación de más espacios políticos e institucionales para pactos entre actores.

Tegucigalpa, DC, 26 de Noviembre de 2022

Javier Suazo. Economista hondureño con maestría en políticas económicas y estudios doctorales en economía, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH y colaborador de revistas nacionales e internacionales. Se basa en conversatorios con dirigentes de base del partido LIBRE y alumnos de la carrera de sociología.


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