Publicado en línea el Lunes 14 de noviembre de 2022, por Martina Neyra

Las acusaciones provienen de las elecciones de 2020. Todos los arrestados habían sido encarcelados previamente por asesinato o delitos sexuales y están actualmente en libertad condicional.

El gobernador de Florida es el conocido Ron DeSantis, un intolerante de ultraderecha, abiertamente racista, antitrans, anticomunista y antiobrero. Y Florida tiene el mayor número de ex “delincuentes” per cápita de cualquier estado.

Una enmienda constitucional estatal, aprobada por los votantes en 2018, restableció el derecho al voto de muchos ex presos, pero otros quedaron fuera, dejando a muchos en la incertidumbre o desinformados sobre su elegibilidad para votar. La enmienda excluye a las personas condenadas por asesinato o delitos sexuales graves y les exige que soliciten por separado la restitución de su derecho al voto. Pero, ¿cuántos ex presos conocen siquiera estas distinciones de quién puede y quién no puede votar una vez que son liberados?

El pasado mes de agosto, The Tampa Bay Times grabó en vídeo una ronda de algunos de los detenidos en Florida y la compartió con el New York Times. Un africo-americano, Tony Patterson, preguntó a los policías en uno de esos vídeos por qué le detenían por dos delitos graves por votar “ilegalmente” en las elecciones de 2020, cuando le dijeron entonces que se le había restablecido el derecho al voto. Patterson dijo: “¿Qué pasa con este estado, hombre? Me han metido en la cárcel por algo de lo que no sabía nada. ¿Por qué me dejaron votar si no podía hacerlo?”. (New York Times, 19 de octubre)

A Robert Lee Wood, que es jamaicano y uno de los 20 detenidos, un juez del condado de Miami-Dade le retiró los cargos de fraude electoral. Cuando Wood fue arrestado durante una redada a las 6 de la mañana, su abogado, Larry Davis, explicó cómo fue tratado su cliente: “La casa estaba rodeada de policías que tenían armas automáticas. Ni siquiera le dejaron vestirse y le llevaron a la cárcel”. (New York Times, 21 de octubre)

La desestimación de estos cargos puede ser un revés legal para DeSantis, pero no disuadirá de estos ataques racistas contra los más oprimidos. Son la norma, no la excepción. Los ex presos, al igual que los presos tras los muros, son criminalizados, marginados y demonizados, especialmente si son personas de color. No sólo les resulta casi imposible encontrar un trabajo decente, sino también una vivienda asequible, educación, atención sanitaria, respeto y dignidad.

Las detenciones tienen como objetivo aterrorizar a las personas y aterrorizar a cualquier persona de color que intente ejercer su derecho democrático al voto, especialmente, pero no exclusivamente, en el sur profundo. Este derecho fue robado violentamente tras el derrocamiento del periodo de Reconstrucción posterior a la Guerra Civil y no fue restaurado hasta la firma de la Ley de Derecho al Voto en 1965. Las maniobras de la derecha en las legislaturas estatales y en los tribunales han erosionado varias enmiendas de esta ley histórica, que se ganó con la sangre, el sudor y las lágrimas de los africo-americanos.

Negar a cualquier preso o ex-preso el derecho al voto continúa la histórica privación de derechos de los africo-americanos.

Aunque el elegir a un demócrata no significa fundamentalmente mejores condiciones para las masas, defender a los que se les ha negado el derecho al voto puede conducir a la solidaridad de clase en torno a muchas otras luchas y cuestiones. La unidad de clase ayudará, en última instancia, a derrotar a la clase capitalista y a sus portavoces reaccionarios como DeSantis, que trabajan horas extras para mantener a la clase obrera multinacional dividida y confundida sobre quién es su verdadero enemigo de clase.

Fuente: https://www.workers.org/2022/11/67577/


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