Publicado en línea el Viernes 2 de septiembre de 2022, por JDF

De ese modo, se despliega la eliminación de partidas para educación, salud y otros derechos elementales de la población argentina. Se explicita la sub-ejecución de las partidas como excusa de una decisión pre elaborada de achicamiento del gasto público social. Es un momento especial porque en simultaneo con la continuidad y profundización del ajuste, se evidencian elementos de crisis políticas en el país por el accionar del poder judicial. Remitimos al juicio sobre corrupción en obras públicas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El dato relevante lo constituyeron las movilizaciones solidarias con la ex presidenta, las que contribuyeron a cerrar filas en el Frente de Todos, incluso con perspectivas de una movilización gestada desde el peronismo. Se ocultan así las contradicciones y discusiones que venían desde el interior de la coalición del gobierno, suspendidas en la coyuntura de mayor avance de las medidas antipopulares expresadas en subas de precios y una inflación anualizada en torno al 90%. Por su parte, se puso en evidencia el plan y accionar político represivo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, habilitando debates al interior de la coalición opositora. La represión y la negociación con autoridades nacionales visibilizó las críticas de los duros del macrismo y los anarco-liberales ante la debilidad del aspirante a la presidencia en el 2023.

La situación permite sacar lecciones de estos acontecimientos. Existe una demanda para construir referencia política en la Argentina y el armado del Frente de Todos, que alcanzó para evitar el segundo mandato de Mauricio Macri y su propuesta de profundización de la liberalización, no constituyó una política a contramano de la lógica económica que condicionó el gobierno anterior con la sujeción al condicionante del FMI. Tampoco intentó modificar el modelo productivo y de desarrollo, de fuerte concentración y extranjerización asentado en la primarización de las exportaciones y la subordinación a la dinámica de la transnacionalización productiva, mercantil y financiera, un proceso en construcción desde la propia dictadura genocida.

Ahí está el problema político y económico a enfrentar, como desafío histórico para construir alternativa política. Ni las derechas del macrismo o los libertarios, ni la coalición gubernamental pueden resolver la demanda social descontenta con el ajuste y el rumbo económico definido en el país.

En ese sentido, si el ajuste es la base del descontento social, no hay que dudar en el crecimiento de la desconformidad, la protesta y la conflictividad social, aun cuando cierre filas el oficialismo ante la ofensiva judicial.

Lo evidente en la Argentina es la ausencia de un proyecto político alternativo, que pueda confrontar con la lógica del acuerdo llevado adelante entre la Argentina y el FMI, que supone compromisos de las dos principales coaliciones que disputan el gobierno del capitalismo en la Argentina. No había acuerdo con el FMI sin la voluntad política de una parte del Frente de Todos que impulso las negociaciones y la oposición de Juntos por el Cambio que favorecieron el aval parlamentario para que se suscribiera ese compromiso de ajuste y auditoria regular y permanente del FMI sobre las cuentas públicas del país. En los próximos días, Sergio Massa y su equipo otorgarán las garantías suficientes para el desembolso de 4.000 millones de dólares antes del 10/9 para cancelar vencimientos con el Fondo, al tiempo que gestionarán nuevos préstamos para mejor las reservas internacionales y cumplir lo acordado con el organismo internacional, claro, a costo del conjunto de la sociedad.

Alternativa política

Por eso esta movilización y crisis política que se genera en la Argentina da para pensar la necesidad de conformar rumbos alternativos que confronten con esta dinámica de ajuste fiscal.

Señalemos que, si se debe reducir el gasto público, se puede transitar otro camino, caso de eliminar la política que privilegia los subsidios a las grandes empresas, derivada de la lógica privatizadora de los servicios públicos ejecutada hace ya tres décadas, sustentada con financiamiento público a costa de resolver partidas para derechos socioeconómicos de la mayoría empobrecida.

La “solución” en ejecución en estas horas pasa por la disminución de subsidios energéticos que se transfiere vía segmentación a los usuarios, o con la suba de las tarifas del transporte público, especialmente en la zona metropolitana, antes ejecutada en el conjunto del país. Se consolida la orientación a la privatización, con tendencia a achicar el subsidio público y elevando el precio a pagar por la población.

Para construir alternativa política se requiere discutir el modelo productivo y de desarrollo desde el origen de la privatización de la energía y los servicios públicos en los años 90´, continuado y consolidado por tres décadas.

Ese es el debate estructural que va mucho más allá del incremento coyuntural en las tarifas y que pone en discusión la organización económica del país.

Se trata de discutir la política sobre hidrocarburos, es decir, ¿qué tipo de energía se necesita, energía para qué y para quien, para que tipo de desarrollo productivo, para resolver que necesidades?

Así como señalamos que el principal gasto publico son los subsidios a las empresas privatizadas de servicios públicos, el segundo gran gasto publico tiene que ver con los servicios de la deuda pública.

Por eso necesitamos hacer crecer la campaña de la auto convocatoria por suspensión de pagos de la deuda y la auditoria popular, iniciando por la anulación del acuerdo con el FMI. Urge resolver el pago de la deuda con la sociedad empobrecida y comenzar a satisfacer la demanda por derechos.

Reorientar el gasto público supone un debate político gigantesco para construir un consenso crítico al accionar sistémico de los poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que desde sus especificidades constituyen la base de sustentación del orden capitalista local.

Es un debate que necesita trascender la gestión del capitalismo contemporáneo y colocar en el centro la discusión sobre una alternativa política.

Junto a la disputa por la gestión del régimen del capital, la izquierda está desafiada a visibilizar una política de organización y movilización por un orden socioeconómico, político y cultural que satisfaga derechos bajo una orientación solidaria, de autogestión y comunitaria a contramano de la lógica de la ganancia y la acumulación que define el presente de penurias sociales ampliadas.

Julio C. Gambina. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP


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