Publicado en línea el Jueves 11 de agosto de 2022, por Miguel Arróniz

El informe de la Comisión de Empalme debería ser difundido y conocido por cada colombiano y explicado a lo largo y ancho del país. Es conveniente y oportuno que los colombianos conozcan las falacias e irresponsabilidad política y social, por las que se ha caracterizado siempre, el ejercicio del poder público en Colombia, en particular, por los representantes genuinos de la extrema derecha.

Los gobiernos de la extrema derecha, liberales y godos, siempre han ejercido el poder, en contravía de la historia socioeconómica nacional, del desarrollo integral y de la dignidad humana.ç

El informe que presentó la comisión de empalme, nombrada por el presidente electo Gustavo Petro, hace el diagnóstico de las principales deficiencias, desaciertos y fiascos del periodo de la Administración de Iván Duque, y debe ser referente y advertencia, para la toma de decisiones institucionales y administrativas en el próximo periodo presidencial.

Ante el hecho inédito del ascenso al poder de un ciudadano colombiano, reconocido defensor de la solidaridad social, de la dignidad humana y de los derechos socioeconómicos legítimos de los colombianos, representantes incondicionales de la extrema derecha, vociferan contra planteamientos, propósitos y decisiones del nuevo gobierno, bajo la consideración explicita o tácita, que menoscaban sus mezquinos intereses y su poder político y económico.

Representantes de esa añosa extrema derecha retardataria, irresponsable y mezquina, entre otras, rechazan con saña, la propuesta del nuevo ministro de educación de socializar, desde los centros de formación académica, el Informe de la Comisión de la Verdad, sobre las prácticas criminales, realizadas desde diferentes centros de poder y dominio de la riqueza nacional, el Estado y sus áulicos, crímenes intensificados en los periodos del diabólico Uribe Vélez.

Cómo pretenden ignorar o justificar el asesinato de más de 6.402 colombianos? . Hasta donde van las investigaciones de la Comisión de la Verdad, a Colombia lo convirtieron en na nación con los índices mas altos de criminalidad. Muchos, víctimas inocentes, solo responsables de ser pobres y desplazados y desempleados.

Debemos considerar y entender que el conocimiento, la difusión de los resultados, la gravedad de los mismos, las causas, y sobre todo, el desenmascaramiento de los responsables intelectuales y las diabólicas justificaciones. La sevicia de sus ejecutores. Conocerlo tiene que ser muy útil a la juventud y nuevas generaciones, para que conozcan la realidad social, política y económica de la nación, en que nacieron y vivirán.

Debemos entender, que en término de formación de la juventud, se les debe hacer conocer, quiénes y por qué, lo ocurrido. ¿Quiénes son los responsables del atraso socioeconómico nacional, las causas de la criminalidad, la inseguridad, el desempleo, la informalidad, la pobreza y la miseria. Quiénes son los responsables de la concentración de la riqueza nacional en poquísimas y en contra de derechos legítimos colectivos.

Debemos entender y asumir, como un invaluable acierto, la institucionalización de la cátedra de la historia social, económica, criminal nacional, articulada con el Informe de la Comisión de la Verdad, para que los niños y adolescentes, desarrollen conciencia social, sobre la realidad del entorno en que viven y el futuro que deben asimilar y afrontar.

Para que conozcan ampliamente las causas y resultados de la historia, política y social de Colombia, desarrollen pensamiento crítico independiente y de esa manera contribuyan a evitar la repetición de hachos y situaciones lamentables y absolutamente injustificables, generadas y auspiciadas desde, siempre en Colombia, por los planificadores del conformismo y sometimiento socioeconómico.

Es menester que los colombianos seamos conscientes de la agudización de las diversas problemáticas nacionales, por cuenta de la actitud y decisiones de los gobierno Uribe-Duque, con la anuencia y complacencia de la extrema derecha, que sirve de catalizador a la desatada violencia y al resurgir de organizaciones armadas ilegales, que se extienden a lo largo y ancho del país y la penetración incontenible del narcotráfico en la economía y la conciencia nacional.

Esas decisiones del gobierno Duque, se cristalizaron en el incumplimiento de los Acuerdos de Paz y la ausencia del Estado en las denominadas Zonas de Conflicto, con los resultados de altos índices de criminalidad, contra líderes sociales, reinsertados, defensores de derechos humanos y del medio ambiente.

La posición y decisiones del Gobierno Duque, respecto de las obligaciones del Estado derivadas de la firma de los acuerdos de Paz con las FARC, se plasmó en el desconocimiento de las obligaciones del Estado, bajo la consigna del uribismo en el poder, de hacer trisas los Acuerdos de Paz, con lo que se acentuó la ausencia del estado, en zonas específicas de la nación, en las que creció la deserción de reinsertados, la presencia de bandas criminales al servicio del narcotráfico y el número de alzados en armas, con los resultados desastrosos, que al finalizar el gobierno de Duque, puede superar el número de antes de la firma de los Acuerdos.

Los resultados dramáticos evidencian en el crecimiento generalizado de la inseguridad ciudadana, la criminalidad y el fortalecimiento del narcotráfico.

Bajo las anteriores circunstancias y condiciones reales, los líderes sociales quedaron desprotegidos en sus propias comunidades y sometidos al poder local que ejercen disidencias de las FARC, guerrillas y grupos narcoparamilitares.

Lo mismo ocurrió con algunos de los excombatientes, cuya reincorporación a la vida civil les costó la vida, en medio del reclamo constante de garantías para desarrollar lo que contemplaba el Acuerdo de paz.

Durante los últimos cuatro años, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) monitoreó los asesinatos de luchados sociales y exguerrilleros, además de las masacres. Esta organización no gubernamental, que lleva su propio registro de las víctimas, presentó el pasado martes 02-08-2022, el informe ‘Cifras durante el gobierno de Iván Duque-Balance de la violencia en cifras’, que abarca desde el 7 de agosto de 2018, cuando se posesionó el mandatario saliente, al 1 de agosto de 2022, a menos de una semana para que Gustavo Petro ocupe la silla presidencial.

Los datos de Indepaz arrojan que en los últimos cuatro años 957 líderes sociales y defensores de los derechos humanos han sido asesinados, al igual que 261 excombatientes. Del mismo modo, se contabilizan 313 masacres que dejan 1.192 víctimas.

Además, según el escrito, se han presentado 2.366 amenazas, 220 casos de desaparición forzada, 555 secuestros, 446 eventos de confinamiento, según la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que pertenece a la Jurisdicción de Paz (JEP).

Los departamentos más afectados son Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Putumayo. El municipio nariñense de Tumaco es el más golpeado por el asesinato de líderes, firmantes de la paz y masacres.

En cuanto a los homicidios nacionales, se ubican en 50.179. La cifra más alta fue en 2021, cuando se reportaron 13.873 asesinatos, según información tomada de la Policía Nacional.

Es la dimensión de la criminalidad en Colombia al finalizar un gobierno de extrema derecha. Y es la realidad que tiene que asumir el nuevo gobierno, para tratar de encontrar los procedimientos y adoptar políticas de estado, que correspondan y permitan revertir el desastre nacional en que está sumida la nación colombiana. La juventud, de la mano de sus profesores, deben comenzar a interesarse por conocer la realidad nacional, y a pensar y decidir contribuir, para reconstruir la nación, integralmente. De esa manera se puede cuantificar el desastroso cuatrienio, que aun pretenden presentar como resultados positivos, la extrema derecha y sus secuaces.


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