Publicado en línea el Jueves 21 de abril de 2016, por ANRed - Sur (redaccion@anred.org)


El Estado turco bajo la dirección del partido islamista AKP, está llevando adelante una política de genocidio contra el pueblo kurdo, por medio de las matanzas, el desplazamiento de población y la destrucción del patrimonio histórico y cultural del Kurdistán turco. Para justificar esta política, el gobierno de Erdogan se sirve del pretexto de la lucha contra el Estado Islámico y la atención del problema de los refugiados, particularmente a partir del acuerdo sobre el tema con la Unión Europea Por Pablo Mestrovic para ANRed

El Estado turco, bajo la dirección del partido islamista AKP, está llevando adelante una política de genocidio contra el pueblo kurdo. Los métodos utilizados son diversos, y van desde la matanza indiscriminada de la población kurda, el cerco de las ciudades y el desplazamiento de población, hasta la utilización de los refugiados sirios que Turquía se ha comprometido a recibir en su territorio como parte del acuerdo con la Unión Europea para sustituir a la población kurda desplazada.

A partir de los últimos meses de 2015, la represión en el Kurdistán turco se concentró en las ciudades en que se había proclamado el autogobierno El movimiento de liberación nacional kurdo avanza en Siria y retrocede en Turquía, a diferencia de los años ’90, en que la guerra contrainsurgente se había desarrollado principalmente en el medio rural. Sin embargo, la lógica de la campaña “antiterrorista” del gobierno de Erdogan es muy similar a la represión en las “zonas de emergencia” de los años ’90. En los dos casos se trata de llevar adelante matanzas indiscriminadas para amedrentar a la población y producir su desplazamiento. En el caso de la represión más reciente, se ha utilizado el bloqueo de las ciudades, con la privación de alimentos, atención médica y los servicios públicos, incluídos los de telecomunicaciones, para fomentar el éxodo.

El paso siguiente de esta política es la utilización de la “expropiación urgente”, un recurso previsto en la legislación turca que permite la expropiación por decreto de amplias extensiones de terreno urbano. Con el pretexto de la implementación de programas de “renovación urbana”, se han expropiado amplias extensiones de las localidades de Silopi, Cizre, Nusaybin y el distrito de Sur, correspondiente a la zona antigua de la ciudad de Diyarbakir (conocida en kurdo como Amed), la más importante del Kurdistán turco. La expropiación urgente afecta, hasta ahora, a un total de 7 distritos del Kurdistán turco. En general se trata de ciudades antiguas, con las características urbanísticas típicas de Medio Oriente, particularmente las calles estrechas y de trazado irregular. La expropiación, que habilita al Estado a demoler la edificación de las zonas expropiadas en forma total o parcial, persigue cuatro objetivos. El primero es la modificación del trazado urbano para facilitar la acción de las fuerzas de represión. El armamento pesado del ejército y las fuerzas de seguridad turcas ha resultado frecuentemente inútil en las calles estrechas de Silopi, Cizre o el barrio de Sur, en Diyarbakir. El segundo es el desplazamiento de la población, antes mencionado. El tercero es la destrucción del patrimonio histórico y cultural de Kurdistán. El distrito de Sur, por ejemplo, incluye numerosas iglesias armenias y asirias, casas de baños y otros edificios de valor histórico cuya mera existencia implica un recordatorio de la diversidad cultural que el Estado turco ha estado tratando de eliminar durante décadas. El cuarto es la apertura de nuevas posibilidades para la especulación inmobiliaria y el desarrollo del negocio turístico.

Por supuesto, la represión al movimiento de liberación nacional kurdo ha sido encuadrada en la lucha contra “el terrorismo”, englobando en la misma categoría al Daesh y al movimiento de liberación nacional kurdo. La atribución al PKK de los atentados llevados adelante el 17 de febrero y el 13 de marzo en Ankara por los Halcones de la Libertad Kurda (TAK), una organización escindida del PKK precisamente a causa de la negativa de esta última organización a llevar adelante ataques indiscriminados, entra dentro de esa política.

La forma en que el Estado turco ha decidido “ocuparse” del problema de los refugiados sirios entra también en el plan de genocidio contra el pueblo kurdo y otras minorías étnicas y religiosas dentro de Turquía. La mayoría de la población de Siria (alrededor de un 70%), profesa el islam sunnita. Si bien los cristianos y otras minorías religiosas se ven mucho más amenazados por la acción del Daesh y otros grupos islamistas afines, los refugiados sirios corresponden a todos los sectores de la población que se ven afectados por el conflicto: en algunas zonas por la acción de los grupos armados islamistas, en otras por la del régimen de Bashar Al Assad. Por este motivo, el flujo masivo de refugiados sirios hacia Turquía abre al Estado turco la posibilidad de modificar la composición étnica y religiosa del Kurdistán turco.

Esta política se evidencia en la instalación de los campos de refugiados en el Kurdistán turco (que, como ya hemos visto, no es precisamente una “zona segura” en la que se puede instalar a los refugiados de acuerdo a la normativa del derecho internacional). Particularmente en las zonas de Kurdistán turco en que tiene mayor presencia la confesión aleví. Los alevíes siguen una variante sincrética del islam históricamente perseguida por el Estado turco, incluso por gobiernos “laicistas”, anteriores al del AKP, particularmente a partir de los años ’70 y después del golpe militar de 1980. En la provincia de Maras, en que existe una población aleví considerable, se ha iniciado en los últimos meses la construcción de campos de refugiados. Los habitantes de la zona, si bien no rechazan la recepción de los refugiados, han denunciado esta política como una forma más aumentar el peso demográfico de los musulmanes sunnitas, una de las principales bases electorales del AKP.


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