Publicado en línea el Sábado 20 de noviembre de 2021, por JDF

De inmediato diversos y dilectos representantes de las burocracias universitarias, encabezados por el mismo rector Enrique Graue de la Universidad Nacional, rechazaron los señalamientos del presidente, reivindicaron la autonomía de sus instituciones y sacaron a relucir ante la opinión pública los logros y aportaciones al conocimiento científico y social realizadas por las mismas. Destacó la intervención en una videograbación del secretario general de la misma UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, resaltando la crítica que desde más de 125 publicaciones universitarias se han hecho al orden neoliberal contemporáneo. Desde luego, como economista, el funcionario conoce la amplia bibliografía escrita al respecto por sus colegas e investigadores de otras disciplinas sociales. Pero el punto nunca fue si, como resultado de las libertades de cátedra e investigación, los académicos han expresado esas posiciones críticas, sino cómo las instituciones en cuanto tales se amoldaron a las ideologías y prácticas dominantes en la sociedad y la administración pública durante las décadas de predominio del privatismo y el fundamentalismo del mercado.

Uno de los aspectos que debiera colocarse sobre la mesa es, desde luego, la funcionalidad de la autonomía universitaria, legítima y ampliamente justificada desde la Carta de Córdoba de 1918, para la configuración de grupos burocráticos autorreproducidos que dominan las instituciones y generan intereses particulares, más allá de la naturaleza pública de éstas. Ejemplos hay con profusión: la Sosa Nostra de Gerardo Sosa Castelán (hoy preso, pero cuyo grupo logró colocar diputados y funcionarios municipales en alianza con el Morena en las pasadas elecciones) en la Universidad Autónoma de Hidalgo; el grupo de Raúl Padilla en la Universidad de Guadalajara; el de Fernando Moreno Peña en la de Colima, entre otros; todos ellos surgidos bajo la otrora indisputada hegemonía del PRI, aunque hoy corran por otros derroteros políticos.

Hasta el presidente del Tribunal Universitario de la UNAM, Eduardo López Betancourt, se sumó a la crítica a esas prácticas mafiosas en su propia institución cuando declaró “[…]somos los universitarios los que debemos transformar a las universidades públicas, que por naturaleza deben ser esencialmente democráticas, por lo que es inaceptable que nuestras casas de estudios sean gobernadas por grupúsculos que durante años se han favorecido en todos los ámbitos económicos y particularmente en la obtención de prebendas académicas” (https://www.sinembargo.mx/07-10-2021/4038223 ).

En otros muchos casos, como ocurre con la Universidad Michoacana, son directamente los gobernadores en turno los que asumen el control político de las instituciones universitarias imponiendo a los rectores de su preferencia, muy a pesar de la formalidad de la autonomía. Quizá sea éste el patrón más extendido en nuestra educación superior.

No se trata, entonces, de cuestionar o poner en duda la importancia de ese nivel educativo para la población ahí formada profesionalmente, ni los aportes que sus investigadores y docentes hacen a la sociedad. Lo que está y debe estar en el debate son sus orientaciones educativas y de investigación y sus estructuras de comando, que es un tema eminentemente político tratándose de grandes organismos con repercusiones en los ámbitos regionales o nacionales.

El control político y el autoritarismo no iniciaron con la etapa de las doctrinas neoliberales; son de vieja data y tienen raíces profundas en la naturaleza casi por definición elitista de sus orígenes como instituciones o en haber surgido de decisiones de los grupos gobernantes; pero esos componentes se acentuaron como reacción a la presencia de pujantes movimientos estudiantiles y sindicales en las décadas de los sesenta y setenta. De las instituciones universitarias surgían muchos de los cuestionamientos al orden político autoritario y a la estructura social que reproduce en prácticamente todos los ámbitos la desigualdad: económica, sexual, laboral, etcétera, y el insuficiente cumplimiento de derechos para los grupos sociales debilitados.

¿Se acoplaron nuestras instituciones de educación superior a las prácticas dominantes de la política de privatización de la ganancia y el patrimonio sociales que es el núcleo del llamado neoliberalismo? Claro que lo hicieron; y lo raro sería que no lo hubieran hecho, dados sus múltiples enlaces y vasos de comunicación con las diversas instancias de poder político y, más recientemente, las económicas, también con intereses privatistas.

Baste, en primera instancia, con ver la proliferación de instituciones educativas privadas que ofrecen diversas licenciaturas, cursos y posgrados (no siempre de buena calidad). Tal propagación en los lustros recientes da cuenta, ante todo, de la insuficiencia de las instituciones públicas para satisfacer la demanda educativa y la formación reclamada por los mercados de fuerza laboral profesionalizada (es decir, de trabajadores capacitados en ámbitos casi siempre muy particularizados del conocimiento). Desde los años ochenta se frenó el crecimiento de la educación superior pública, junto con los presupuestos destinados a ese fin; se impusieron restricciones al ingreso (en áreas como Medicina, particularmente, con el costo social que eso ha representado ante una nueva situación como la actual pandemia) y a la matrícula, y todo eso dio lugar a un gran crecimiento de las empresas de formación profesional en el país, como es ya bien conocido.

Pero también se combatieron sus expresiones de autonomía más acentuada (como en las universidades de Guerrero, Puebla y Sinaloa) y se impusieron a la enseñanza orientaciones claramente técnicas por sobre las humanísticas y sociales, se prefirieron las carreras de alta particularidad, no los conocimientos enriquecidos interdisciplinariamente, y se buscó la vinculación con los mercados como prioridad educativa.

La entrega neoliberal de la autonomía universitaria se ha expresado también como una transferencia de funciones a organismos privados evaluadores o dictaminadores (el Ceneval, Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior), que incluye desde la selección de aspirantes al ingreso hasta la titulación de los egresados mediante exámenes estandarizados. Nuestras instituciones han abdicado ahí por completo de sus atribuciones legales sin que ante esos actos se eleven voces de protesta como lo hacen ante la crítica de sus desviaciones.

Una modalidad más reciente de la política universitaria de los gobiernos federal y estatal es la precarización creciente del trabajo académico. Según estimaciones recientes, en la misma UNAM, sin duda la mejor institución de educación superior en el país, el 70 por ciento de los trabajadores académicos son de asignatura contratados interinamente (https://www.sinembargo.mx/03-11-2021/4052400 ). La brecha salarial entre académicos de tiempo completo y docentes por materia se ha ampliado sustantivamente y, sobre todo, se han hecho mucho más estrechos los canales de ascenso a mejores plazas. La llamada meritocracia es una absoluta falacia, cuando las instituciones relegan a sus propios egresados a posiciones de labilidad laboral por decisiones de los grupos de poder que manejan las universidades para dar cobijo solamente a sus protegidos y adherentes.

La precarización no es meramente una determinada ubicación en el mercado laboral, sino un medio de control político que las autoridades usan ampliamente sobre los trabajadores. La amenaza del despido o de la no recontratación convierte al docente en un instrumento manejable al antojo de los directivos e introduce una diferencia sustantiva entre los definitivos de carrera y aquéllos que periódicamente tienen que postularse a exámenes o concursos, o simplemente al criterio de las autoridades de la institución, para conservar el empleo.

Esta situación también ha contribuido a debilitar al sindicalismo, y se extiende también, penosamente, a los organismos no autónomos, dependientes directamente del gobierno federal, como lo han mostrado los reportajes de Montserrat Antúnez sobre el hostigamiento laboral y la precariedad en el Instituto Politécnico Nacional (https://www.sinembargo.mx/30-10-2021/4049540 ) y de Mathieu Tourliere en la revista Proceso (2348, 31 de octubre de 2021) acerca de las Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García”, creadas por el actual gobierno. Y no deja de ser una gran paradoja que a cargo de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP y de las UBBJG, aplicando esas políticas discriminatorias y atentatorias contra el trabajo, estén dos ex militantes comunistas como Luciano Concheiro Bórquez y Raquel Sosa Elízaga, respectivamente.

Pero eso no es todo. La aplicación por el actual gobierno de topes salariales y de un modelo de contención a las prestaciones establecidas en los contratos colectivos de trabajo es otro de los legados del en realidad no superado periodo de neoliberalismo en la educación pública. Y recientemente ha aflorado otra política de afectación a los trabajadores de la educación superior, con la pretensión de trasladar el régimen laboral de los trabajadores de los centros de investigación directamente dependientes de la Federación, del apartado A del artículo 123 al B, limitando por esa vía su capacidad para negociar contratos colectivos y para estallar huelgas, como se pretende con el CIESAS, o con la reducción del presupuesto (se ha hablado hasta de su desaparición) al CIDE y al Instituto Mora.

Sí, en estos casos y en muchos más, la recepción del liberalismo por las universidades formalmente autónomas y por las dependientes del gobierno federal ha sido amplia y abarcante en sus equipos dirigentes, y recorre con sus efectos también a las comunidades de estudiantes y trabajadores que los padecen. Por eso es que el debate debe seguir abierto dentro de las propias comunidades académicas y en el conjunto de la sociedad, y sobre todo conducir a acciones de fondo que lleven a recuperar su vocación democrática, su justificada autonomía y su espíritu de servicio al pueblo.

Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH.


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