Publicado en línea el Viernes 12 de noviembre de 2021

Las fuerzas de seguridad de la capital de Etiopía, Adís Abeba, han atacado a la población de Tigré, incluidos niños, niñas y personas de edad avanzada, y la han sometido a detenciones arbitrarias y reclusiones en masa como parte de una escalada de represión. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy. La mayoría de las personas detenidas permanecen recluidas sin cargos o sin acceso a asistencia letrada.Las detenciones se han intensificado desde que el gobierno declaró el estado de emergencia hace 10 días, cuando los combatientes del Frente Popular de Liberación de Tigré se hicieron con el control de localidades estratégicas en la región de Amhara, a unos 400 km de Adís Abeba. Las detenciones son llevadas a cabo mediante registros casa por casa por las fuerzas de seguridad con el apoyo de grupos paramilitares que comprueban la identidad de la gente en la calle. Las personas detenidas, entra las que se encuentran funcionarios, sacerdotes ortodoxos y un abogado, permanecen recluidas en centros para jóvenes y otros centros informales de detención en todo Adís Abeba, porque las comisarías de policía están desbordadas.“Estas detenciones colectivas han generado tal clima de temor que las personas de Tigré con las que ha hablado Amnistía Internacional tienen miedo de ser detenidas en cualquier momento en Adís Abeba. Las que se encuentran actualmente recluidas no han sido acusadas ni han comparecido ante un tribunal, y muchas han sido detenidas exclusivamente por su origen étnico”, ha manifestado Deprose Muchena, director de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.“Las autoridades deben garantizar que las familias están informadas del paradero y la situación de todas las personas detenidas, y que cualquier persona privada de su libertad tiene acceso sin demora a abogados y familiares.”El gobierno declaró el 2 de noviembre un estado de emergencia, que fue aprobado por el Parlamento el 4 de noviembre. El estado de emergencia permite a las autoridades detener y recluir a cualquier persona sin necesidad de orden judicial si existen “sospechas razonables” de cooperación con “grupos terroristas”, y les permite mantenerlas recluidas sin revisión judicial mientras esté vigente el estado de emergencia, actualmente durante seis meses. Algunas de las medidas violan el derecho internacional de los derechos humanos, que prohíbe la detención arbitraria y la discriminación en todas las circunstancias.Amnistía Internacional ha entrevistado a ocho personas —familiares, amistades y abogados de las personas detenidas— que han informado de haber visto a centenares de personas de Tigré detenidas en seis lugares diferentes. Aunque actualmente resulta imposible determinar la cifra exacta de personas detenidas, se sabe que asciende a centenares, y posiblemente a millares.Algunos familiares y amigos han tenido acceso limitado e irregular a las personas detenidas. No obstante, a muchas de esas personas les han negado el acceso a un abogado. Además, las personas entrevistadas han contado a Amnistía Internacional que la policía ha trasladado a algunas de las personas detenidas a lugares a las afueras de Adís Abeba.Dos abogados de Tigré entrevistados por Amnistía Internacional declararon que estaban esperando que las fuerzas de seguridad llamaran a su puerta en cualquier momento, y tenían preparado su equipaje con ropa de repuesto.Las Naciones Unidas han anunciado que entre las personas detenidas en Adís Abeba hay personal suyo, además de 72 conductores de camión de la ONU detenidos en Semera, Afar.Desde que hace un año estalló el conflicto entre el Frente Popular de Liberación de Tigré y las fuerzas gubernamentales federales, miles de personas han muerto y más de dos millones han sido expulsadas de sus hogares. Las partes del conflicto han sido responsables de crímenes de guerra y terribles abusos contra los derechos humanos, como violaciones y violencia sexual generalizadas y masacres de civiles desarmados.“El gobierno etíope debe poner fin de inmediato a las detenciones arbitrarias por motivos étnicos y modificar la proclamación del estado de emergencia para conformarlo con el derecho internacional”, ha manifestado Deprose Muchena.


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