Publicado en línea el Lunes 1ro de noviembre de 2021, por Martina Neyra

La aceptación del Gobierno de Guillermo Lasso cae en picado. Según las encuestadoras Clima Social y Perfiles de Opinión apenas supera el 40%. Solo CEDATOS, que más bien actúa como parte del equipo de propaganda del Gobierno y no como una empresa de investigación, dice que el Gobierno tiene una aceptación del 60%. Ante esta situación el Gobierno tiene dos posibilidades: Escuchar a la ciudadanía y rectificar.

Seguir con la propaganda y sin credibilidad mantener su política, que es la misma que sostuvo el gobierno de Lenin Moreno durante los últimos 3 años.

Para los demócratas la disputa se la da en:

– Las elecciones: las próximas son las de gobiernos locales a principios del 2023.

– La Asamblea, donde el Progresismo tiene una bancada mayoritaria de 47 asambleístas, pero que no es suficiente; para tener mayoría absoluta se necesitan 70, el Gobierno cuenta con el apoyo de 27 asambleístashttps://www.alainet.org/es/articulo... 1, pero con acuerdos y ofrecimiento de prebendas puede conseguir los apoyos que necesita, como lo hicieron con la elección de Guadalupe Llori (Pachakutik) como Presidenta de la Asamblea; y haciendo uso del derecho constitucional a la resistencia.

Los demócratas no conspiramos ni desestabilizamos, exigimos el cumplimiento de las leyes y la constitución. Por lo tanto la iniciativa para resolver la situación política y rectificar la debería tomar el Gobierno, que tiene el sartén por el mango a pesar de la fuerza de la oposición progresista. La pregunta es, ante las denuncias de los Pandora Papershttps://www.alainet.org/es/articulo... 2 ¿el presidente está dispuesto a buscar una salida democrática? Esto, considerando que la legalidad de su elección está cuestionada.

La disputa es entre neoliberalismo y progresismo

En la caída de la aceptación del Gobierno nada tiene que ver la falsa disputa entre correismo y anticorreismo: es única y exclusivamente responsabilidad de Lasso, de sus políticas, de sus errores. El único que conspira contra el Gobierno es Lasso y su caída se da en el siguiente contexto:

– En abril del 2021 Lasso gana las elecciones con el 52% de los voto y genera expectativas en la ciudadanía sobre la posibilidad de tener futuro.

La ciudadanía considera que un banquero exitoso podrá tomar las riendas del país y solucionar sus problemas. La ciudadanía cree en las ofertas de campaña como el salario a $500, la saca de arroz a $35, el crédito al 1% a 30 años plazo, el libre ingreso a la Universidad, el no despido de empleados públicos. Muchas de estas ofertas son demagógicas y no estaban en su Plan de Gobierno Neoliberal registrado en el CNEhttps://www.alainet.org/es/articulo... 3. La tesis de que en abril 2021 ganó un Plan de Gobierno Neoliberal es una verdad a medias; ganaron las mentiras y la demagogia. El Gobierno pretende aplicar el Plan que registró en el CNE, pero ese no es el Plan por el que votó la ciudadanía. La ciudadanía quería el fin de la confrontación política, que fue la única forma de resistencia posible ante la persecución y la destrucción. El “voto nulo ideológico” del movimiento indígena debilitó el apoyo a la candidatura progresista y contribuyó al triunfo de Lasso. El cambio formal y de contenido de la estrategia progresista fue un error. No solo fue el cambio de la línea gráfica, fue también la pretensión de ampliar la adhesión sin tener en cuenta la principal fortaleza, los logros de la Revolución Ciudadana.

– La persecución y la destrucción continúan después de 4 años de la traición de Moreno y al Gobierno neoliberal de Lasso no le interesa buscar la verdad. El Vice presidente Jorge Glas sigue encarcelado, sin que hayan podido demostrar con pruebas las irregularidades de las que le acusan, y sin que los corruptos de Odebrecht hayan sido procesados en Ecuador. El Presidente Correa sigue sin poder regresar al Ecuador, sentenciado a 8 años de prisión por “influjo psíquico”, con pruebas forjadas para impedir el registro de su candidatura, con informes de peritos que no son peritos y presión del Gobierno a la función judicial, junto a María Duarte, Viviana Bonilla, Vinicio Alvarado, Fernando Alvarado, Alexis Mera, ex funcionarios de su gobierno. Los Dirigentes de la Revolución Ciudadana como Ricardo Patiño, Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri, Edwin Jarrín y Sol Buendía, están exiliados y no pueden regresar al Ecuador.

Las amenazas de glosas y procesos judiciales a multitud de funcionarios del Gobierno de la Revolución Ciudadana continúan; la Contraloría, la Fiscalía y la función judicial se han convertido en instrumentos para la persecución, no para cuidar los recursos de todos los ecuatorianos. La Contraloría sigue persiguiendo a Marcela Aguiñaga, Presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, con una glosa que ha demostrado suficientemente que no hay perjuicio alguno al patrimonio de todos.

– La renovación de dirigentes en el movimiento indígena. La elección de Leónidas Iza como presidente de la CONAIEhttps://www.alainet.org/es/articulo... 4, el 27 de junio, con 821 votos, el 65% de los delegados al Congreso de las comunidades, es un triunfo contundente. Las contradicciones del movimiento indígena con el Gobierno de la Revolución Ciudadana, la exigencia, su adhesión a la oposición neoliberal para debilitar el Gobierno, tiene como consecuencia el debilitamiento del progresismo. Las protestas de octubre 2019 contra el alza de precios de la gasolina son producto de la decisión de las organizaciones sociales, con el protagonismo del movimiento indígena, de enfrentar las políticas neoliberales y recuperar su identidad popular. Triunfaron, el Decreto del alza fue derogado, pero fueron traicionados por el Gobierno de Moreno y los dirigentes indígenas que pactaron con Moreno para golpear el progresismo. En el Congreso de la CONAIE de fines de junio son derrotados los traidores de octubre 2019 que privilegiaron el acuerdo con los neoliberales en lugar de mantener canales de comunicación con el progresismo; el triunfo de Leónidas Iza de ninguna manera significa una ruptura de la organización, es más bien su fortalecimiento. Las contradicciones en el movimiento indígena son evidentes: varios de los asambleístas electos por Pachakutik, brazo político del movimiento indígena, privilegia el acuerdo con el gobierno. Ejemplo de esto es la elección de Guadalupe Llori como Presidenta de la Asamblea con los votos del Gobierno; y por otro lado la CONAIE privilegia el diálogo con movilización para garantizar derechos y el cumplimiento de las ofertas electorales. La recuperación de la CONAIE como referente del movimiento popular es una buena noticia para el Progresismo que debe respetar su autonomía y sus planteamientos. No es solo la CONAIE, son también los nuevos liderazgos y nuevas organizaciones en el movimiento campesino de la costa y otros movimientos sociales que emergen con reivindicaciones propias. La historia ha dejado atrás a los viejos dirigentes sindicales del FUThttps://www.alainet.org/es/articulo... 5 y otros que aunque siguen opinando y no representan al movimiento popular.

– En los 100 primeros días de Gobierno se vacunaron contra la pandemia 9 millones de personas: evidentemente hay un cambio del “quemeimportismo” de Gobierno de Moreno a la preocupación por la vida. Esto explica que durante los 3 meses de gobierno la aceptación del mismo llegue a más del 70%. Hay esperanza en la ciudadanía, aunque esta esperanza se diluye rápidamente ante los incumplimientos de las promesas de campaña y de las mentiras.

– La disminución del gasto público que propone el neoliberalismo tiene efectos directos en las políticas para garantizar derechos y atención de la ciudadanía, salud, educación, vivienda y por supuesto, seguridad. Para garantizar la seguridad se necesita inteligencia y la Policía necesita recursos y equipos. La rehabilitación social precisa recursos para que las cárceles funcionen, plata para alimentación, capacitación para la reinserción, contratar guías penitenciarios, médicos, etc. Si el Gobierno no asume su responsabilidad y entrega el control de las cárceles a los presos y a las bandas se produce la situación de miedo y zozobra en la que vivimos ahora. Los aproximadamente 300 asesinados en el 2021 en las cárceles y el incremento de muertes violentas en las calles (1.885 en 10 meses durante el 2021)https://www.alainet.org/es/articulo... 6, son producto de la disminución del gasto público.

– La Asamblea Nacional funciona sin credibilidad ni aceptación de la ciudadana (según las encuestas apenas tiene una credibilidad del 26% de los ciudadanos). La Asamblea no tiene legitimidad democrática para ser un contrapeso a las políticas del Gobierno. El Gobierno, con apenas 27 de 137 asambleístas, logra desprestigiar y arrinconar a la Asamblea; en la elección de la Presidencia y del CAL, lograron la Presidencia para Guadalupe Llori, su aliada en Pachakutik (24 asambleístas, la vicepresidencia para una corrupta destituida por vender cargos, otra vicepresidencia y una vocalía para los neoliberales, otra vocalía para la ID (12 asambleístas); el progresismo, con 47 asambleístas de 137 asambleístas, solo tiene un vocal en el CAL; la derecha tradicional no tiene representación. El acuerdo Gobierno, Pachakutik e ID tienen mayoría en 12 de las 15 Comisiones de la Asamblea. La función de fiscalización de la Asamblea esta disminuida, no hay control político al Gobierno, siguen con la persecución a la Revolución Ciudadana. La Comisión de Fiscalización está presidida por un operador político del Gobierno que pretendió boicotear el Juicio Político al Contralor Celi, que bloqueó el Juicio Político a ex Ministro de Finanzas, quien pagó deuda externa en plena Pandemia (el ex Ministro fue propuesto por Lasso en el Gobierno de Moreno). Tampoco la Asamblea cumple con su función de legislar, hay muy pocas propuestas de leyes de los asambleístas, el pleno se dedica a aprobar exhortos y resoluciones, el Gobierno envía pocas propuestas de ley y algunas incumpliendo los procedimientos de ley y constitucionales. El Presidente Lasso no asiste a responder los pedidos de información que hace la Asamblea. El Presidente Lasso dice que la Asamblea bloquea la gobernabilidad; si esto fuese cierto, entonces hay un auto-bloqueo ya que el Presidente Lasso tiene el control de la Asamblea.

– El progresismo de UNEShttps://www.alainet.org/es/articulo... 7 tuvo el 48% de los votos en las elecciones de abril de 2021. UNES, la Revolución Ciudadana y las organizaciones aliadas son la oposición democrática a las políticas neoliberales que pretende poner en práctica el Gobierno. La Revolución Ciudadana es la primera organización política del Ecuador, la más grande, con organizaciones territoriales de base y militancia en todas las provincias, distritos, cantones y circunscripciones del exterior. También la más democrática: realizó una Convención Nacional en la que durante 3 meses la militancia discutió y aportó al nuevo Régimen Orgánico (Estatutos) y a la Declaración de Principios; tiene el liderazgo del Presidente Rafael Correa. En la Convención realizada el 28 de agosto en Montecristi, Manabí, se eligió una dirección nacional y a la Presidenta del Movimiento Marcela Aguiñaga. La Bancada de la Esperanza en la Asamblea Nacional está integrada por 47 asambleístas que son el único freno a las pretensiones del Gobierno neoliberal que pretende restringir derechos. En las elecciones locales de marzo de 2019, luego de 2 años de persecución y bloqueo no la pudieron destruir, la Revolución Ciudadana emergió como la primera organización política del Ecuador, ganó las elecciones provinciales en Manabí y en Pichicha, ganó 60 concejales a nivel nacional. Luego de 4 años de bloqueo, el 17 de septiembre el Consejo Nacional Electoral registró el nuevo Régimen Orgánico, aceptó la nueva denominación e identidad de la Revolución Ciudadana. El progresismo tiene así un instrumento con registro electoral, con directiva nacional y presidenta para emprender en la lucha democrática.

– La derecha tradicional socialcristiana, que apoyó la candidatura y la elección de Lasso, que tiene más coincidencias que diferencias con el Programa de Gobierno Neoliberal de Lasso, ahora, por el incumplimiento de los acuerdos de gobernabilidad, se manifiesta en oposición al Gobierno de Lasso. Tiene en Guayaquil su importante base electoral, aunque debilitada por la mala gestión de la Alcaldesa Cynthia Viteri. Posee una bancada 14 asambleístas que han cumplido con los acuerdos puntales con el progresismo.

– La destrucción de la institucionalidad democrática y la utilización de los organismos de control para la persecución, la logró el Gobierno de Moreno con la Consultahttps://www.alainet.org/es/articulo... 8 del 4 de febrero de 2018, que instaló el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, Transitorio que actuó con poderes absolutos, sin cumplir la ley y la constitución, ratificó al contralor Celi para que continúe con la persecución, designó a la Fiscal Salazar para que persiga a los adversarios políticos, designó a los jueces de la Corte Constitucional para que avalen y justifiquen la persecución. Los Consejeros electos por votación popular en marzo de 2019, cuando pretendieron revisar lo actuado por el CPCCS fueron destituidos y posesionaron en esas conserjerías a quienes perdieron las elecciones y son operadores de la política de persecución. Ahora todos los organismos de control, el CPCCS, Corte Constitucional, Fiscalía y Contraloría, no son autónomos, no tienen legitimidad democrática para cumplir sus funciones, están al servicio de la política de persecución y destrucción.

– Los grandes medios de comunicación, los medios del Gobierno y algunos medios de comunicación digital, tienen control absoluto de la opinión. Son operadores de la propaganda y de las mentiras del Gobierno neoliberal. Son operadores de la política de persecución y destrucción. En Ecuador no hay prensa libre ni independiente, todos repiten la información que decide difundir el gobierno neoliberal: no hay discrepancia, no hay debate.

– En Ecuador, desde la Consulta de febrero de 2017, los funcionarios públicos no pueden tener plata en Paraísos Fiscales: esto debería ser causal de destitución y los organismos de control deberían actuar. En la consulta de 2017, Lasso hizo campaña por el NO y perdió, y dijo que si ganaba las elecciones en segunda vuelta en abril de 2017 traería la plata de los Paraísos Fiscales. El 14 de octubre de 2020 el Tribunal Contenciosos Electoral (TCE) rechazó la impugnación de UNES a la candidatura de Lasso, porque según el TCE UNES no pudo demostrar que Lasso tenía plata en paraísos fiscales. Lasso, mediante declaración juramentada dijo que no tenía plata en paraísos fiscales. Si en el 2017 tenía y ahora no tiene ¿Qué pasó? ¿La trajo? ¿Se esfumo? ¿La regaló? ¿Hizo un mal negocio y la perdió? todas estas son dudas que hasta el momento no han sido resueltas. El domingo 3 de octubre los principales periódicos del mundo nos informaron sobre los Pandora Papers, resultado de una investigación de 600 periodistas en la que dicen que Lasso y otros líderes políticos tienen plata en paraísos fiscales. Lasso, en lugar de desmentir con pruebas la información difundida y de plantear una demanda por difamación a The Washington Post, The Guardian, El País y a los 600 periodistas, acusa a la Revolución Ciudadana de conspiración. La información difundida es creíble, es rigurosa, tiene sustento y si el Presidente Lasso no lo demuestra con contundencia, las instituciones democráticas deberían destituirlo por incumplimiento de la ley o perjurio o evasión tributaria.

Muy probablemente por el control del Gobierno de la Asamblea, el secuestro de los organismos de control y la falta de honestidad del Presidente Lasso, esta situación no tenga la solución que las leyes y la constitución exige.

La confrontación esta exacerbada; la representación política está cuestionada; la destrucción y la persecución a los adversarios políticos continua; no existen órganos de control político autónomos, independientes; la mentira, la demagogia y la propaganda caracterizan la gestión del Gobierno.

Tenemos la verdad, apoyo popular y fuerza política, pero una correlación de fuerzas adversa: el Gobierno sigue controlándolo todo.

¿Se cae el gobierno de Lasso?

En esta coyuntura de falta de credibilidad por lo que revelan los Pandora Papers, en la que los neoliberales no tienen posibilidad de gobernar, no tienen la fuerza para ejecutar sus políticas; con una Asamblea Nacional desprestigiada, secuestrada y sin credibilidad; con organismos de control secuestrados por el Gobierno para la persecución, en un país verdaderamente democrático se buscaría una salida constitucional a esta situación. El Presidente renunciaría y se disolvería la Asamblea provocando la “muerte cruzada”https://www.alainet.org/es/articulo... 9 para que la ciudadanía le ratifique su encargo de gobernar. Pero según las encuestas Lasso no ganaría una nueva elección y por lo tanto no renunciará.

Además, la Asamblea Nacional debería llamar a juicio político al Presidente, sancionarlo, destituirlo y provocar la “muerte cruzada”, pero los 47 votos de la Revolución Ciudadana no son suficientes para esta decisión democrática, se necesitan 91. Los organismos de control deberían actuar y aplicar la ley.

No tenemos una democracia plena y nos toca vivir en una “cuasi dictadura” o en un “democracia secuestrada”, muy similar a la de los 2 últimos años del Gobierno de Moreno. Moreno se mantuvo en el Gobierno desde octubre de 2019 con el apoyo de Lasso, de los socialcristianos, de los grandes banqueros y empresarios, de los medios de comunicación, etc. ¿Tendrá Lasso la capacidad para mantenerse en el Gobierno durante los próximos años?

Hay otras 2 salidas democráticas que tenemos que analizar. Una es que el triunfo contundente del progresismo en las elecciones locales de principios del 2023, con acciones democráticas de resistencia, obligue a renunciar al Presidente y a la Asamblea. O, dos, que la protesta y la resistencia de las organizaciones sociales obligue al Presidente y a la Asamblea a renunciar, pero para enfrentar esta situación el Presidente tiene recursos como el vigente estado de excepción y la represión.

Nuestro deber como demócratas es seguir resistiendo para la recuperación de la patria y para fortalecernos como alternativa popular, planteando la disputa democrática en los terrenos que corresponda en las urnas y en las calles.

1 12 electos por CREO el Partido de Gobierno, más 15 electos por otras organizaciones políticas que se han adherido a la BANCADA ACUERDO NACIONAL – BAN para apoyar al Gobierno.

2 Filtración de 12 millones de documentos sobre las fortunas de personas poderosas, incluidos más de 330 políticos de 90 países, han revelado las complejas redes que se construyen en el mundo de los negocios para mover dinero. https://www.bbc.com/mundo/noticias-58806992

3 El CONSEJO NACIONAL ELECTORAL – CNE, según el Código de la Democracia, es la institución encargada de convocar, organizar los procesos electorales, de aprobar las candidaturas y de registrar los programas de gobierno que los candidatos se comprometen a cumplir.

4 La CONAIE es la organización popular más importante del Ecuador. Es un referente para el resto de organizaciones sociales. Se convirtió en un interlocutor del Estado desde el Levantamiento de 1990. Es la voz de las comunidades indígenas visibilizadas y excluidas desde la invasión española.

5 Frente Unitario de los Trabajadores – FUT, unidad de las grandes centrales sindicales que surge a mediados de los 70, debilitada por la falta de representatividad de sus dirigentes y por el debilitamiento del movimiento sindical.

6 Información publicada por el Diario El País https://elpais.com/internacional/2021-10-20/ecuador-el-pais-donde-las-ba…

7 Unión por la Esperanza – UNES acuerdo político – electoral del Progresismo en Ecuador que presento las candidaturas de Andrés Arauz a la Presidencia, Carlos Rabascall a la Vice Presidencia, a Asambleístas y a Parlamentarios Andinos en las elecciones que se realizaron en febrero y abril de este año.

8 Consulta; mecanismo constitucional de democracia directa en la que se plantea una o más preguntas a los ciudadanos para que mediante votación universal y obligatoria respondan las preguntas. Las preguntas deben ser aprobadas por la Corte Constitucional.

9 Muerte Cruzada; mecanismo constitucional en la que establece que para resolver el posible bloqueo político entre la función legislativa, la Asamblea Nacional y el Gobierno. El Presidente disuelve la Asamblea e inéditamente se convocan a elecciones para presidente y para Asambleístas; o la Asamblea mediante juicio político destituye al Presidente, y también se convocan a elecciones.

Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/214188


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