Publicado en línea el Viernes 22 de octubre de 2021

Ante la noticia, Lynn Maalouf, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, ha declarado:“El Estado sirio ha puesto en marcha una terrible campaña de ejecuciones que pone de manifiesto su cruel menosprecio del derecho a la vida y desprecio por el derecho internacional. Nuestra labor de investigación a lo largo de los años ha demostrado que frecuentemente se dictan condenas a muerte tras juicios secretos que incumplen las garantías procesales básicas o se basan en confesiones obtenidas mediante tortura. La pena de muerte es un castigo cruel y no puede justificarse en ningún caso, con independencia del delito.Las autoridades sirias deben declarar de inmediato una suspensión de las ejecuciones y tomar medidas dirigidas a su abolición total, y asimismo garantizar que todas las actuaciones y juicios penales se ajustan a las normas internacionales de imparcialidad.”Información complementariaLas ejecuciones son habituales en una Siria destrozada por la guerra, aunque el gobierno intenta mantenerlas en secreto. Hasta hoy, el Código Penal sirio permite imponer la pena capital y Siria sigue siendo un Estado retencionista.En 2017, Amnistía Internacional puso al descubierto la campaña de ejecuciones extrajudiciales del gobierno sirio mediante ahorcamientos colectivos en la prisión de Saydnaya. Antes de ser ahorcadas, las víctimas habían sido condenadas a muerte en “juicios” manifiestamente injustos y caóticos, de uno a tres minutos de duración, ante el tribunal militar de campaña con sede en Damasco. De 2011 a 2015, hasta 13.000 personas fueron ahorcadas en secreto en Saydnaya; la mayoría eran civiles presuntamente contrarios al gobierno.La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método de ejecución utilizado por el Estado.


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