Publicado en línea el Jueves 21 de octubre de 2021, por Miguel Arróniz

Las 34 universidades públicas colombianas que conforman el Sistema Universitario Estatal tendrán que enfocar sus propósitos comunes y sus capacidades colectivas a recuperar la autonomía (creada por la asamblea constituyente como derecho fundamental y garantía para realizar el derecho humano a la educación) y presionar al estado para que provea la totalidad de recursos para su financiación.

Las consecuencias del periodo de excepción por pandemia muestran un diagnóstico de perdida de legitimidad (como todas las demás instituciones) y una alta exposición a “sobrevivir” con menos recursos y más necesidades. El faltante de 2018 cercano a 15 billones de pesos ha aumentado y la tendencia señala crecimiento del número de estudiantes (contrario a los pronósticos de deserción). Hay también un notorio déficit en la injerencia e intervención intelectual real en los asuntos del estado, la gobernabilidad es débil, con riesgos severos de ingobernabilidad y perdida de estabilidad.

Las universidades saben que tienen que cambiar, que no podrán volver a ser las mismas, que tendrán que forzarse por deconstruir, rediseñar, acomodar variables y dimensiones, sin perder la misión de creadoras de conciencia crítica y actoras en la transformación de las estructuras de la sociedad y del estado. El confinamiento las aisló socialmente y a su interior la deliberación cedió espacio a la relativización de las opiniones. La frágil autonomía está a merced del gobierno, gerentes, empresarios, políticos e incluso de sus formas de poder internas a veces antagónicas, que conducen las decisiones hacia tribunales de justicia (decisiones que respondían a la lógica de deliberación, consenso y pacto, ahora comienzan y terminan con un concepto jurídico o una sentencia judicial).

Un adicional relevante es la amenaza a la institución, con expresión en enquistadas estructuras clientelistas de poder, que se niegan a aceptar cambios y tienen pendiente su aporte a la verdad del conflicto armado, del que han sido reconocidas ya 3 universidades como víctimas y el asesinato de un estudiante cada mes durante 60 años, más cientos de hechos victimizantes contra profesores y trabajadores, lo que obliga a promover la implementación de la paz, como asunto vital de la agenda.

En su pronto retorno a los campus, no podrán volver a ser las mismas, sus problemas son también ahora los problemas de la sociedad. Las desigualdades están presentes en ellas, al menos 8 de cada 10 estudiantes viene de sectores populares, que viven en arriendo, carecen de agua, luz, alcantarillado, internet, o todas juntas, con baja conectividad, alimentación precaria, sin seguridad social, ni oportunidades de ingresos. Los jóvenes aumentaron sus carencias, las pequeñas empresas, negocios y empleos familiares quebraron, los campesinos carecen de tierras y de oportunidades para producir y vender. ¿Cómo van a pagar entonces las matrículas, que constituyen la cuarta parte de los ingresos ordinarios que mantienen estables a las universidades? La fórmula actual, con la que el estado envía recursos alcanza para cubrir solo la mitad de lo necesario y las universidades se “rebuscan” la otra mitad. La fórmula ha llegado a su fin, en pandemia las gestiones directivas colocaron sus mejores esfuerzos por nuevas fuentes de recursos y soluciones económicas y financieras por la vía de extender sus ventas de servicios, posgrados, cursos, tecnologías, conocimientos y convocado la generosidad de gobiernos locales y sectores económicos, para completar faltantes y recaudar la matrícula de los estudiantes, pero ni la donación, ni las ventas, pueden entronizarse como partes sustantivas, estas son apenas paliativos temporales, nada útiles para atacar las causas, superarlas y predecir sostenibilidad.

Las universidades públicas tienen aplazada la tarea de fortalecer su trabajo colectivo en torno a una agenda común centrada en la autonomía y la financiación total del sistema estatal. Los desafíos indican un momento para comprometerse como instituciones, con estudiantes, docentes, trabajadores, sindicatos, sin vanguardismos, ni infiltraciones, a levantar su voz intelectual, hasta garantizar que los poderes públicos comprendan, se interesen y atiendan la necesidad urgente de aprobar una política de respeto por la autonomía y la financiación total del sistema público. En democracia la educación tiene tres cualidades inderogables, es derecho humano, derecho fundamental y valor esencial para la cultura y el bienestar colectivo de la sociedad y a las universidades públicas, se les reclama que vuelvan su mirada hacia el mundo desigual y en retroceso de sus derechos y sirva de guía intelectual y cultural de la nación y aborde las demandas por descolonización y atención al orden global que controla la vida a través de grandes agencias del capital y del poder.

Los desafíos convocan al sistema universitario estatal a organizar una agenda común que responda a urgencias superando retos generales posibles de agrupar en pocos títulos así: 1. Asumir e incorporar los cambios ganados, como el uso pedagógico de nuevas tecnologías, formas asimétricas de comunicación, gestión concertada del conocimiento, circulación de otras ideas invisibles hasta ahora. 2. Aprender a mezclar y erradicar purezas de disciplinas, conocimientos, culturas. 3. Robustecer las condiciones del entorno tecnológico, ampliar las competencias digitales de docentes y estudiantes, funcionarios y asumir la tecnología como herramienta de ventaja competitiva. 4. Presionar del estado una declaratoria de la conectividad y acceso público gratuito a la internet como derecho social. 5. Mantener la educación de calidad con un sistema más masificado por el incremento de cobertura. 6. Resignificar bibliotecas, talleres, museos, laboratorios y hechos culturales, entendiéndolos como partes sustantivas, no complementarias, como puentes de articulación entre la creciente investigación, docencia y habilidades y experiencias de los estudiantes. 7. Volver a crear comunidades académicas con vínculos sociales reales, mayor interdisciplinariedad y más velocidad en las actuaciones. 8. Recuperar el sentido intelectual de la institución, su ética y estética, laica, flexible, critica de la ciencia, la cultura y del poder. 9. Crear condiciones de inclusión, facilitar que cualquier persona pueda acceder sin mediación de estratos, origen socioeconómico o exámenes previos y a partir de allí definir los méritos de permanencia. 10. Enfocar la mirada en la Diversidad y reconocimiento del otro, la otra, para alcanzar una ciudadanía constructora de paz y defensora de la vida y del entorno, que le permita a cada universidad volver a situarse en el contexto de la comunidad en la que esta inserta, entender la voz de cada territorio y ser la principal referencia ética, critica, científica y cultural de la nación.


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