Publicado en línea el Miércoles 20 de octubre de 2021, por Martina Neyra

La Junta de Control Federal sometió al Tribunal Federal especial un plan de ajuste de la deuda pública del gobierno central de Puerto Rico. Conforme a la ley Promesa, la legislatura territorial debe dar su endoso al mismo, pero no es palabra final, pues quien manda es la judicatura federal. Entonces el bipartidismo PNP-PPD aprobó el proyecto de ley número 1003, que al principio parecía alboroto de protesta, pero ha advenido a ser coro domesticado con la Junta de Control. Un pasito pa’ lante y diez para atrás. Algunos dicen: «pero si el plan de ajuste es bueno, reduce la deuda que los puertorriqueños tienen que pagar».

Lo que ocurre es que el plan, favorece desmedidamente a los acreedores, es insostenible porque no habrá recaudos suficientes para cumplir el mismo. Por otro lado, esa deuda no es responsabilidad del pueblo puertorriqueño. Es una deuda causada por la explotación del enclave colonial, por tanto odiosa y responsabilidad del gobierno federal. Todas las fuentes de obligaciones, legales y morales, internacionales y anglosajona, disponen esa conclusión. En el contrato de deuda pública de una colonia la relación de crédito es acreedores-metrópolis deudora. (1)

Estados Unidos, para intentar evadir su responsabilidad, aprobó la ley Promesa en junio 30 de 2016. Impuso, unilateralmente, un laberinto de quiebras especial, puso en sindicatura al ELA colonial y sus instrumentalidades; designó una Junta de Control como síndico del territorio y una juez federal especial para dilucidar controversias y aprobar un plan de ajuste favorable a los acreedores.

El gobierno federal se auto confirió una inmunidad soberana retroactiva sobre la deuda colonial en la Sección 210 de la ley Promesa. Como si un criminal pudiera decretar unilateralmente su absolución de un crimen. Conforme al caso de Landgraff de la Corte Suprema Federal, una inmunidad soberana retroactiva se presume altamente inconstitucional y si afecta derechos constitucionales fundamentales de los ciudadanos es plenamente inconstitucional. (2) y (3) Pero no le ha importado sus mismos precedentes, como no le ha importado sus crímenes de guerra ni el crimen del colonialismo.

Según los expertos, el plan de ajuste de deuda es injusto, insostenible e impagable.(4) Es regalo para los buitres y despojo para la población. Dispone: un pronto de $7 billones de fondos públicos en efectivo para los bonistas asegurados, una emisión de nuevos bonos de $7 billones para permutarlos por bonos existentes y otra emisión de $7.8 billones de bonos fluctuantes y contingentes al desempeño de los tributos al ron y al IVU. A contrario, el plan de ajuste es cicuta venenosa para el pueblo: contemplaba recortar 8.5% a las pensiones mayores de $1,500 mensuales, triturar a la universidad con un presupuesto de muerte, recorte de un 50% de las aportaciones del gobierno a los planes médicos de los empleados públicos, el recorte de aportaciones y destrucción de municipios, aumento a 63 años la edad de retiro de los maestros, congelación de pensiones frente a la inflación que es muy grave, entre otras medidas. Los pensionados, universitarios, empleados públicos, municipios y múltiples sectores se han opuesto a ese plan de ajuste.

Los políticos coloniales husmean el descontento, saben que en el 2024 tienen que someter su desempeño a los votantes, y aprobaron el proyecto de ley número 1003 con lenguaje aparentemente atrevido. El proyecto propone no recortar ciertas pensiones adquiridas, un fondo especial para estudiar los planes médicos, presupuestos limitados para la UPR y los municipios y “un fondo de becas”. El gobernador Pierluisi manifestó estar dispuesto a firmar el mismo. Los partidos de minoría lo consideraron timorato y votaron en contra. La Junta de Control radicó una moción de oposición a ese proyecto de ley ante la Juez Taylor Swain quien citó a una vista evidenciaría para considerar la aprobación del plan de ajuste de deuda y su compatibilidad con el plan fiscal.

Amplios sectores del pueblo convocaron el pasado 15 de octubre a una marcha nacional muy concurrida centrada en el problema energético.Sin energía limpia y eficiente no habrá estabilidad en el servicio ni desarrollo económico. Grupos de la sociedad civil invitaron a una actividad frente a la legislatura colonial de rechazo al plan de ajuste de deuda el 18 de octubre de 2021 bajo la consigna “El Plan del Tumbe”. Un proceso alentador es que partidos de minoría que participaron fraccionados durante el proceso electoral del 2020, (PIP y MVC) han endosado estas manifestaciones. Hay necesidad de un pueblo unido, para enfrentar a sus antagonistas: el gran capital foráneo y financiero y su gobierno federal. Ello fomenta un clima de respeto y buenos sentimientos en el seno del pueblo, es necesario desechar la división, enconos y odios viejos. Debemos cultivar esa necesaria renovación hacia una primavera nacional.

En ese contexto la Junta de Control y el liderato de los partidos coloniales PNP y PPD iniciaron una luna de miel de reuniones y conciliaciones. La Junta de Control envió una carta a la legislatura el 14 de octubre de 2021 en la que informó que estaría dispuesta a enmendar su plan de ajuste de deuda para que no se recorten ciertas pensiones existentes en curso-excepto las de los maestros y judicatura- sin compromiso alguno, sujeto a la aprobación de los acreedores y la Juez Taylor Swain, conferir $500 millones anuales a la UPR (el presupuesto de la universidad pública rondaba los $1,000 millones anuales) durante 4 años, determinados fondos a los municipios y la creación de un comité de “trabajo conjunto” entre la Junta, Legislatura y Ejecutivo local. Las declaraciones del liderato bipartidista colonial del PPD y PNP han sido conciliatorias, han acogido estas enmiendas, lo interpretan como un premio de lotería y regalo de amor, una lavada de cara ante sus huestes. Ya hay un acuerdo oneroso para el pueblo entre la Junta de Control y el bipartidismo. Es todo un montaje, puro teatro para distraer y desmovilizar al pueblo. Nada garantiza que la juez Swain, otros bonistas, acreedores no asegurados o foros apelativos federales no se opongan y revoquen estos acomodos. (4)

Este plan de ajuste de deuda con enmiendas aguadas es insostenible e impagable. El servicio de deuda anual por 40 años saldrá de las contribuciones que se impondrán al pueblo. El pago anual de deuda central ascenderá a más de un billón de dólares. Al sumar el servicio anual de Cofina y de las corporaciones públicas y municipios, el servicio agregado anual de deuda ascenderá a más de $3 billones de dólares. Las enmiendas para el pago de pensiones, universidad y municipios tiene impacto presupuestario y no son garantía que serán cumplidas en el futuro pues dentro del orden de prioridades de la Constitución colonial del ELA y la ley de servicios generales, la preeminencia de pago la tienen los bonistas. La población de Puerto Rico de 4.5 millones de isleños se redujo más de un millón de personas durante los pasados 20 años, fruto de la migración de jóvenes altamente calificados, ha quedado una población de envejecientes producto de la crisis de deuda y periodo especial de años recientes. Demógrafos han estimado que de seguir esta crisis estructural, la población de la isla seguirá en reducción vertiginosamente hasta quedar en cerca de 2 millones de habitantes en 30 años. Se impondrán tributos y aumentos de tarifas para pagar billones de dólares en servicio anual del agregado de deuda pública colonial. No habrá sobrante para pagar servicios de educación, salud, seguridad, pensiones congeladas durante decadas, universidad, municipios y otros gastos. En este momento, con la población actual de 3.2 millones de isleños y sin estarse pagando el servicio de deuda por la paralización automática de los procesos de quiebra en curso, los recaudos no son suficientes para pagar los gastos generales. Serán procesos complejos, técnicos, especializados, prolongados y difíciles (5). Se anticipa una segunda quiebra territorial.

Las mejores medicinas contra el virus de la corrupción, de los usureros, la deuda odiosa, el plan del “tumbe”, la ley Promesa, el colonialismo y neoliberalismo privatizador del gobierno imperial, la explotación del enclave colonial, y este bolero entre lacayos y verdugos, es la educación, organización, crítica y lucha política prolongada del amplio pueblo afectado en todos los espacios, por medios éticos, incluidas las calles y proyectos auto gestionarlos. Encaminadas a configurar una contracultura mayoritaria de la emancipación y la igualdad, que repudie la deuda odiosa, recogida y orientada por una tercera fuerza o frente nacional renovador, democrático y convergente a ser formado en la práctica cotidiana.

Hay que continuar plantando bandera con consignas que resuman los reclamos de la inmensa mayoría de los boricuas isleños y los que componen su diáspora. “Fuera Luma”, “queremos fuentes alternas de energía”, “administradas democráticamente, de manera mixta y pluralista por cooperativas y sectores autogestionarios”, “cese de fuentes fósiles de energía”, “protección ecológica”, igualdad entre géneros”, “cese a todo discrimen”, “cero neoliberalismo”, “respeto a las pensiones”, “salarios mínimos y pensiones decentes que no se reduzcan con el costo de vida”, “defendamos nuestra universidad y su autonomía”, “los derechos del pueblo por encima de los acreedores”, ““la deuda odiosa colonial es responsabilidad de la metrópolis”, “fuera la Junta de Control que es más coloniaje”, “desarrollo económico sostenible”, “participación y unidad nacional con la diáspora”, soberanía y autosuficiencia alimentaria”, “plena soberanía para tener desarrollo y felicidad

*Abogado, profesor, escritor de múltiples ensayos, autor del libro La Deuda Odiosa y la descolonización de Puerto Rico (Publicaciones Libre Pensador, 2018), egresado de Harvard, Magna Cum Laude (1987).

Notas:

1)Un salto en calidad en la lucha contra la deuda odiosa colonial. Rebelión. 20 de noviembre de 2019. Un salto en calidad en la lucha contra la deuda odiosa colonial

En ese ensayo discuto la historia jurídica y de la economía política de la deuda odiosa colonial. Puerto Rico es un enclave colonial de consumo y estratégico político-militar de los Estados Unidos. Los isleños compran $23 billones en mercancías al capital foráneo, este capital no domiciliado, pero que realiza actividades no eslabonadas con la producción local, expatria anualmente $35 billones de ganancias netas o de rendimiento de capital sin pagar tributos locales, salvo el 4% provisional que tiene sus días contados. Esa actividad ha destruído la manufactura, industria agropecuaria y actividad comercial puertorriqueña, tecnologías, capital, sistemas de producción y trabajo nacional y ha convertido el consumo en vicio general. El la transportación de mercancías se efectúa mediante el monopolio de la marina mercante norteamericana que es subsidiado a un costo anual de $1,500 millones de dólares. En estos 3 renglones se expatrian cerca de $60 billones de dólares anuales. En contraposición, entran a Puerto Rico $13 billones anuales desde Estados Unidos, de los cuales $8.5 billones son devengados por derechos pagados por los puertorriqueños como seguro social, pensiones de veteranos y seguro por incapacidad. El remanente de $ 4.5 billones son desembolsos para cupones de alimentos, plan 8 y becas Pell, que en realidad son subsidios a la industria agrícola y manufacturera foránea y para exportación de mano de obra estudiantil y general calificada sin pago de divisas a cambio. Otras ayudas federales especiales cumplen la función de reparar y mantener la infraestructura necesaria para mantener en operación el enclave de explotación colonial. Se llevan más de $60 billones anuales sin pagar tributos adeudados, entran solo $4.5 billones. Eso causa y causará quiebras a cualquier nación o ente político.

La Revista Jurídica de Harvard del 10 de abril de 2017 indica que si luego del caso Pueblo v Sánchez Valle (2016) Puerto Rico es una colonia, el responsable de la deuda pública territorial a los acreedores es el gobierno federal. El derecho imperativo, obligatorio internacional, recogido en el proyecto de Tratado Internacional de Viena de 1983, en proceso de aprobación, dispone lo mismo: que las deudas públicas en una colonia son responsabilidad de la metrópolis colonial, que no las heredan ni las naciones colonizadas ni los nuevos estados independientes. Es lo lógico, justo y moral puesto que el proceso de explotación del enclave colonial provoca el saqueo y la destrucción de las riquezas y fuerzas productivas-capital, mercancías y proceso de producción, trabajo y tecnologías- de los nacionales colonizados. En 1898, previo a la invasión norteamericana, no existía deuda pública. 123 años después hay una deuda colonial de 120 billones de dólares, resultado de la explotación del enclave colonial por el capital foráneo y su gobierno federal.

De cosas malas a veces salen cosas buenas. En el infame Tratado de París de 1898, Puerto Rico y sus habitantes fueron cedidos como botín de guerra a los Estados Unidos por la España derrotada en la llamada guerra hispanoamericana. Ese Tratado, vigente, es ley suprema de Estados Unidos por virtud de la cláusula de supremacía de la Constitución Federal. Mediante las contraprestaciones conducentes a su otorgamiento, se determinó por sus negociadores plenipotenciarios que la deuda pública colonial cubana era injusta, onerosa, odiosa, y el responsable de pagarla a los acreedores fue la metrópolis colonial española. Estados Unidos incorporó así la doctrina de deuda odiosa a su derecho anglosajón.

(2) Acciones recientes de la Junta y la Sección 210 de la ley Promesa. Revista 80 Grados. 14 de junio 2019.. Acciones recientes de la Junta y la Sección 210 de Promesa

(3) Aclaraciones en cuanto a la Demanda para impugnar la Sección 210 de la Ley Promesa.

Facebook. 6 de diciembre de 2019.

https://www.facebook.com/100005561383098/posts/1130654950463207/?d=n

(4) González, Joanisabel. Conoce qué implicaciones tendría el Plan de Ajuste si queda en manos del tribunal . El Nuevo Día. 15 de octubre de 2021.

https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/notas/conoce-las-implicaciones-que-habria-si-el-pda-queda-en-manos-del-tribunal/

(5) Gerardo Carlo Altieri. Ajustes de la deuda: tropiezos y avances. El Nuevo Día. 14 de octubre de 2021.

https://www.elnuevodia.com/opinion/punto-de-vista/ajustes-de-la-deuda-tropiezos-y-avances/


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