Publicado en línea el Miércoles 20 de octubre de 2021, por Martina Neyra

Cuenta la leyenda de la antigua Grecia que, al abrir la Caja de Pandora, se escaparon de su interior todos los males del mundo. En el fondo quedó sólo el espíritu de la esperanza . Ahora, cuando un consorcio de grandes medios de comunicación destapó los “Papeles de Pandora” se ha disparado una información que sacude el mundo de la política y la gran empresa, desatando la curiosidad y también el morbo. Se busca nombres. Tratándose de personalidades de la política, del deporte, del jet set, en definitiva, de las élites dominantes del mundo y de sus países. Los pueblos quieren identificar esos nombres, quieren juzgarlos, burlarse y condenarlos, y está bien… ¿cada cuánto los pueblos pueden acusar con nombre y apellido a sus verdugos económicos?

Sin embargo, en medio de un océano de información sobre empresas offshore, paraísos fiscales, bufetes de abogados y demás, muchos de quienes cuestionan o justifican a los nombres de Pandora, se puede perder de vista una cuestión más profunda. Sin negar la necesidad de indetificar a quienes escondieron su riqueza en un paraíso fiscal y las razones para hacerlo –lo que debe llegar a las correspondientes sanciones– vale la pena tener claro lo que sugiere Rolando Astarita:

Se trata entonces de fenómenos de largo plazo, vinculados a la mundialización, o globalización, de la relación capitalista. No es algo que se deba a la deshonestidad particular de algunos, o muchos capitalistas; o a la moda del neoliberalismo. Por eso comprende también a Estados y gobiernos que se dicen nacionales y hasta enemigos de la globalización. Es en este marco que deberían inscribirse la corrupción, la evasión de impuestos, o el blanqueo de dineros ilícitos 1

En el caso ecuatoriano, los papeles de Pandora han ubicado al presidente Lasso como un personaje directamente comprometido y que hasta sirve de portada en la prensa internacional. ¿A eso se refería Lasso cuando planteaba que quería “más Ecuador en el mundo”? Ante la mención de Lasso en los papeles de Pandora, urge identificar los tiempos, las razones y los efectos de su opaco proceder. Hay algunas interrogantes que deberían plantearse para tratar de transparentar la situación. Luego habrá que conocer algo más de cómo funciona el sistema financiero actualmente, para así comprender cómo se puedan forjar monumentales fortunas y luego se las pueda ocultar sin generar mayor sospecha a las diferentes entidades estatales de control. De hecho, ¿por qué los esfuerzos periodísticos logran develar semejantes entramados fraudulentos antes que cualquier institución estatal u organismo internacional?

Por cierto, el momento es oportuno también para aclarar algunos momentos vividos en las últimas décadas en las que, gracias a varias decisiones de política económica, se permitió que la banca acumule riquezas como nunca. Riquezas que los banqueros siempre intentan presentarlas como “indispensables para el bien común” cuando, en el fondo, solo son un grosero reflejo del desigual sistema económico en el que vivimos.

En ese sentido, queda la esperanza de que ahora sí se pueda poner el cascabel al gato; es decir, ojalá se pueda empujar el debate hacia respuestas sistémicas. Hasta sería deseable que, por fin, la indignación generalizada contra los nombres de Pandora se empodere de un discurso que llame a eliminar los paraísos fiscales, dignos herederos de las cuevas de corsarios piratas del siglo XVI que fueron espacios clave de acumulación originaria para el naciente capitalismo.2 Asimismo, los debates deberían presionar a que se concreten las sanciones legales y también políticas –o al menos éticas– a este tipo de procederes que, de una u otra manera, afectan a las sociedades en su conjunto.

Entre un banquero-candidato y un banquero-presidente

Centremos nuestra atención en una persona. En el actual gobernante de Ecuador, un pequeño país andino atrapado en una crisis mayúscula.

Sin entrar en mayores detalles sabemos que, para ser candidato a la presidencia por segunda ocasión en 2017, Guillermo Lasso debió cumplir con la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular del 19 de febrero de dicho año. Allí se estableció que para el desempeño de una dignidad de elección popular –o para ser servidor público– no se podrá tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en territorios considerados paraísos fiscales (propietarios directos o indirectos de bienes o capitales, de cualquier naturaleza). Además, se amplió esa prohibición a las personas que sean candidatas o se encuentren postulando para un cargo público, pues corren el riesgo de ser inhabilitados para inscribir su candidatura o ejercer el servicio público según sea el caso.

Si damos crédito a la explicación presidencial, Lasso habría disuelto los fideicomisos que mantenía -algunos de ellos desde 1991- en paraísos fiscales: 14 en total según los registros de los papeles de Pandora. Parte de esos recursos habrían pasado a otros fideicomisos: Bretten Trust y Liberty Trust, afincados en Dakota del Sur, Estados Unidos (un paraíso fiscal conocido por sus rigurosas disposiciones para guardar la confidencialidad de dichos depósitos, tanto así que se lo conoce como “el paraíso fiscal que los ricos aman”3). Lasso en su explicación –para nada convincente– sostuvo que no conoce quienes manejan estos fideicomisos y que en realidad está totalmente desligado de ellos.

Es más que evidente que

el dinero fluye inevitablemente a los lugares donde los gobiernos ofrecen los impuestos más bajos y la seguridad más alta. Cualquiera que pueda pagar los honorarios legales para beneficiarse de este desajuste puede mantener la riqueza que el resto de nosotros perdería, lo que ayuda a explicar por qué, en todo el mundo, los ricos se han vuelto mucho más ricos y el resto de nosotros no”.4

Sin querer anticipar algún juicio de valor, vale la pena plantear algunas interrogantes sobre la (¿antigua?) condición offshore del presidente ecuatoriano. Ojalá dichas interrogantes e inquietudes puedan ser investigadas por parte de la Asamblea Nacional (a través de una comisión multipartidista), la Contraloría General del Estado, la Fiscalía y también el Tribunal Contencioso Electoral. Es indispensable transparentar estas y muchas otras dudas por el bien de la propia democracia.

Primero, es importante indagar sobre la fecha, los montos y las condiciones en las que emigraron sus capitales del país. Se tendrá que aclarar las fechas y las condiciones en que los 14 fideicomisos fueron disueltos. La existencia, los beneficiarios y administradores de sus fideicomisos en Dakota del Sur es otra cuestión de interés. La transparencia demanda también conocer si todavía Lasso tiene algún patrimonio en el exterior y, si es así, la pregunta consiguiente es si esos recursos están consignados en la declaración patrimonial del presidente-banquero. Asimismo, cabe preguntarse por los movimientos de recursos realizados a través de familiares o de terceros, pues la sombra del testaferrismo ronda en este tipo de operaciones. Sin duda también habría que inquirir sobre el origen de la fortuna del mandatario en el exterior y aún dentro del país, pues no es suficiente afirmar que “ha trabajado toda la vida” para, con eso, justificar su riqueza.

Segundo, cabe plantearse la interrogante de si Lasso llegó o no a incurrir en evasión de impuestos (y los posibles montos de afectación al Estado en caso de que así haya sido). De hecho, en una carta nada “cortés”, el presidente ecuatoriano increpó al periódico El Universo por “omitir información” sobre sus pagos de tributos, a la vez que publicó el monto total de impuestos que pagó tanto él como individuo como un fideicomiso familiar como también el Banco de Guayaquil (gerenciado por Lasso durante varios años). En total, dicho pago de impuestos suma 588,8 millones de dólares en quince años5. Aquí nace otra duda inmediata: ¿cuánto habría pagado de impuestos Lasso si no incurría en la creación de empresas offshore?

En fin. Dejemos estas dudas a las entidades correspondientes para aclararlas.

Pasemos a reflexionar sobre algunos impactos adicionales de las revelaciones de los papeles de Pandora. Con total razón, muchas personas se preguntan por qué sobre todo los grandes empresarios protegen sus “legales” ganancias en ámbitos donde la opacidad es la norma; en el caso de políticos el tema despierta muchas más suspicacias.

A primera vista parece que estos personajes quisieran escaparse del control tributario del país de origen, así como de cualquier otra disposición que podría afectar sus intereses. “Es su plata y pueden hacer lo que quieran”, acolitan algunas personas que a lo mejor también protegen sus depósitos en el exterior o que, en su fundamentalismo de mercado, quieren ver desaparecidas las normas de vigilancia estatales. Tales posiciones dejan ver que, para algunos, el “tener plata” parecería dar patente de corso a las personas para “hacer lo que quieran”, incluso si eso significa privar de recursos tributarios a sociedades altamente desiguales y con tantas urgencias en sectores sociales como salud y educación… Lo que a la postre también provoca incrementos de impuestos normalmente regresivos como el IVA y por cierto genera mayores presiones extractivistas para incrementar las exportaciones de materias primas, con todas sus secuelas de destrucción y violencia.

Por otro lado, algunos miembros de nuestra sociedad, como nuestros compatriotas emigrantes, se deben preguntar por qué quienes viven fuera deben hacer un gran esfuerzo por enviar dinero a sus familias en Ecuador (factor clave en la sostenibilidad de la dolarización, dicho sea de paso), para que élites como el banquero Guillermo Lasso y otras lo saquen del país hacia paraísos fiscales. Igualmente quedan flotando en el aire las repercusiones que esta reflexión podría provocar en potenciales inversionistas extranjeros que verán con estupor que el propio presidente ecuatoriano mantiene recursos en el exterior, demostrando que ni él confía en su propio país. ¿O acaso Lasso va a repatriar los recursos mantenidos opacamente en el exterior? Es más, ¿cuántos recursos planea invertir el propio presidente –y su círculo cercano– en el país para dar el ejemplo y la confianza a otros inversionistas?

Hablando de paradojas, veamos los Papeles de Pandora a través de las propuestas tributarias de la Ley CREO: Creando Oportunidades. El tímido carácter redistributivo de la propuesta gubernamental se ve debilitado cuando el mismo gobierno –de un presidente propietario de grandes riquezas– propone eliminar el impuesto a las herencias; un impuesto que más bien debería ser potencializado para ser aún más redistributivo. Esto hasta indigna si se recuerda la herencia que recibirían los miembros de la familia del patriarca del consorcio económico construido a partir del Banco de Guayaquil; una herencia que no pagaría impuesto alguno y que –para colmo– se encuentra plagada de los males de la caja de Pandora.

A lo anterior se suma la reflexión que podría hacer más de una persona con patrimonio superior a los 500 mil dólares obligada a hacer una contribución para enfrentar la crisis, sobre todo si queda la duda de que el presidente Lasso y miembros de su familia mantienen depósitos de cualquier naturaleza en el exterior, que no han sido declarados en el Ecuador. A más de las contribuciones económicas temporales para el impulso económico post-COVID, en la Ley CREO se plantea un régimen impositivo para regularizar activos en el exterior. Será acaso que en esta propuesta de reforma legal hay el deseo de “blanquear” el retorno de los recursos presidenciales en el exterior. Asimismo, ¿no sería oportuno que en la misma reforma tributaria que plantea el gobierno de Lasso se impongan impuestos extraordinarios a los capitales ubicados en paraísos fiscales (eso por no declararlos directamente ilegales)?

Como complemento a todas estas dudas y reflexiones, interesaría conocer no solo los nombres de quienes tienen sus capitales fuera del país y las circunstancias en las que se produjo su salida, sino el papel que cumple esa riqueza y sus propietarios en una sociedad y su economía, así como el funcionamiento del sistema que permite esos flujos y en especial la posibilidad de amasar esas enormes fortunas (muchas veces con la propia complicidad de los gobiernos, más allá de sus discursos políticos coyunturales).

Ojeando el engranaje de la Caja de Pandora

La banca es de los agentes más poderosos en el capitalismo. Su principal fuente de poder es la capacidad de crear liquidez al crear depósitos y ponerlos a disposición de quienes solicitan créditos; todo sustentado desde la confianza, protegida por leyes que ayudan a creerla incluso de manera ficticia. En verdad, los bancos crean depósitos y préstamos al mismo tiempo, en cantidades muy superiores a su capital y a los mismos depósitos de sus clientes.6 Para colmo, cuando la banca amasa el suficiente poder económico, hasta puede darse el lujo de manejar la liquidez y la creación de dinero a su antojo sin sentirse obligada a rendir cuentas ni siquiera a la legalidad (o rinde cuentas cada que le viene en gana).

Así las cosas, a los banqueros con una mínima cantidad de aporte de capital propio –un 9% de los activos totales del banco ponderados por riesgos– se les permite administrar el 91% de dinero ajeno (depósitos de la gente). A esto cabe sumar que el proceso de intermediación financiera, es decir, la “transformación” de depósitos en créditos, permite que la cantidad de dinero físico (capital más depósitos) se multiplique contablemente dos, tres, cuatro…veces.

¿Cómo funciona esta operación? Una empresa (o una persona) va a un banco y pide un préstamo para contratar empleados y comprar materia prima. Si el banco se lo concede, no es entregándole dinero en efectivo proveniente de los depósitos de otros clientes. Más bien el banco crea una cuenta de depósito en nombre del solicitante del préstamo y ahí registra –actualmente de forma digital– un monto equivalente al dinero prestado. Si el solicitante del préstamo se desenvuelve en un entorno altamente bancarizado, probablemente no retirará el dinero del depósito en efectivo, sino que hará sus pagos a terceros vía cheques u otras formas de transferir el dinero acreditado. Quien esté abajo en la cadena de pagos seguramente hará lo mismo si también se desenvuelve en un ambiente altamente bancarizado. Así, puede ser que el banco que creó el depósito inicial no necesite nunca usar efectivo para cubrir el retiro del depósito.

Es decir, ¡la operación bancaria moderna es la realización del sueño del alquimista! Sin embargo, esa realización depende mucho de cuán bancarizados estén los agentes económicos, así como de la confianza que la sociedad tenga en los depósitos bancarios como equivalentes del dinero físico. De todas formas, el grueso del negocio se encuentra en este privilegio del que goza la banca privada, junto con la habilidad para moverse en las turbulentas y oscuras aguas del torrente financiero, que encuentra muchas veces refugio en los paraísos fiscales.

Demos un paso más. Un banco no es una empresa cualquiera, aislada de su entorno económico, político y cultural, pues a su alrededor se configuran poderosos grupos compuestos por financieras, aseguradoras, medios de comunicación, inmobiliarias, restaurantes, cines, comercializadoras de vehículos, centros comerciales, etc. Semejantes vínculos estrechos son claros en el caso ecuatoriano donde grandes bancos se han apropiado de múltiples empresas distintas a la actividad financiera. Por ejemplo, según información del Servicio de Rentas Internas (SRI) en 2020 sabemos que el Banco de Guayaquil, el segundo más grande después del Banco Pichincha, conforma un grupo económico con unas 40 empresas integrantes tales como: MULTIBG; PROMOQUIL; South Pacific investors; etc.

Aparte del vínculo directo de los bancos con sus grupos económicos, también existen vínculos entre grupos económicos protagonizados por la banca, varios vínculos incluso “oscuros” y corruptos, como ya se denunció en su momento en los “Papeles de Panamá”. A todos estos complejos vínculos de la banca privada, cabe agregar que hasta los accionistas y administradores bancarios sirven de nexos directos o indirectos con los grupos económicos, creándose muchas veces un conflicto de intereses al aprovecharse los depósitos y/o la información de los clientes bancarios. De hecho, los banqueros son hasta “propietarios” de los “secretos empresariales” de sus clientes. Y no olvidemos cómo actuaron muchos banqueros al finalizar el siglo pasado provocando en gran medida la grave crisis del tornasiglo que incluso llevó a la dolarización. Por cierto, tampoco podemos olvidar que, con la dolarización, la capacidad de la banca ecuatoriana de controlar la creación de dinero se volvió aún más drástica.

La verificación de estos estrechos vínculos entre la banca y demás actividades económicas muestra que nunca se cristalizaron a cabalidad las disposiciones constitucionales de Montecristi, sintetizadas en aquello de que “un banquero, sea un banquero y nada más que un banquero” (artículo 312 de la Constitución ). La incapacidad de romper el viciado vínculo entre banca y grandes grupos económicos es una grave herencia dejada por el correísmo, que al “morenismo” no le interesó cumplir y peor todavía podremos ver cambios durante el gobierno de Lasso.

Como resultado de esa falta de transformación, los grupos financieros usan a la banca para crear profundas asimetrías en los mercados. Es decir, la banca contribuye a generar una elevada concentración de la riqueza y mercados dominados por pocos grupos. Ese desbalance de poder empobrece y margina a los sectores productivos populares, obligados a competir en una desigualdad de condiciones que complica hasta su capacidad de sobrevivir. Es en ese contexto que se debe entender lo que significa la denuncia global de los Papeles de Pandora.

Si la situación mencionada es grave, también es preocupante que la propia banca privada ecuatoriana sea altamente concentrada y hasta posee un carácter oligopólico. Por ejemplo, en 2020, apenas seis bancos (Pichincha, Guayaquil, Pacífico, Internacional, Produbanco, Bolivariano) controlaron el 67,1% de la cartera bruta de crédito y el 73,8% de los depósitos a la vista y a plazo fijo de todo el sistema financiero monitoreado por la Superintendencia de Bancos. De hecho, la banca privada controla el 86% del crédito de todo el país, mientras que las cooperativas y mutualistas solo absorbieron el 14%. Para completar la imagen, notemos que entre 2007 y 2020 la banca privada obtuvo 4.619 millones de dólares en utilidades (solo en 2020 se generaron 233 millones de dólares de utilidades pese a la crisis económica generalizada del COVID-19).

En otras palabras, son pocos los bancos privados de gran poder que controlan la creación de dinero vía crédito en el país. Lo cierto es que no se aprendió del gran atraco bancario de fines de fines del siglo XX. Y, por cierto, esta concentración oligopólica es uno de los aspectos que explica por qué las tasas de interés en el Ecuador son mucho más altas que en otros países que no han dolarizado sus economías.

La banca gana… siempre

En síntesis, más allá de situaciones puntuales que sacuden a la sociedad, deberíamos conocer la estructura y el funcionamiento de un sistema que permite acumular enormes riquezas, sobre todo en tan poco tiempo, y que luego son enviadas al exterior para ser escondidas o protegidas…

Sin hacer ninguna aseveración que aborde el tema de la legalidad o no sobre el proceso de la acelerada acumulación de riqueza del presidente Laso y su familia, cabría recordar que el Banco de Guayaquil ha sido uno de los principales ganadores en las últimas cuatro décadas, cuando la sociedad ha vivido muchos años de angustia y dolor; salvo un corto lapso en el que algo de la bonanza petrolera chorreó hacia los más pobres.

Antes de explicar algunos de estos elementos, hagamos una síntesis. El Banco de Guayaquil aparece a la cabeza de los beneficiarios de la sucretización de la deuda externa ecuatoriana, una suerte de salvataje de los deudores privados por parte del Estado ecuatoriano en los gobiernos de Oswaldo Hurtado Larrea y León Fébres Cordero. Igualmente, el banco se benefició de la compensación de pasivos a través de la compra de cuentas especiales en divisas en el régimen de Fébres Cordero, que representó por igual un subsidio elevado para bancos privados y pocos grupos económicos. También dicho banco de propiedad de Lasso –como el resto de los bancos privados– sacó una importante tajada de los escudos fiscales en el gobierno de Jamil Mahuad, así como de los certificados de depósito reprogramables (CDR) con Gustavo Noboa Bejarano en medio de la grave crisis del tornasiglo y del costoso salvataje bancario. Y tampoco se puede marginar en este breve recuento la ventaja que representó al ser el Banco de Guayaquil el principal destinatario de los depósitos de la Corporación Financiera Nacional (CFN) durante el correismo, época en la que la banca privada amasó las mayores utilidades de la historia hasta esa fecha.

Conozcamos algo más de esta evolución: Sucretización de la deuda externa

El gobierno del doctor Oswaldo Hurtado Larrea, al que le tocó inaugurar los ajustes de inspiración neoliberal, convirtió las deudas en dólares de algunas decenas de agentes económicos privados, libremente contratadas fuera del país, a deudas en sucres con el Banco Central del Ecuador. Así el instituto emisor asumió el compromiso de pago en dólares frente a los acreedores internacionales. De esta manera, las deudas externas privadas pasaron a engrosar la deuda pública externa. Este proceso se conoce vulgarmente como “la sucretización de la deuda externa privada”: conocido también como “créditos de estabilización” o a secas “sucretización”. En realidad fue un proceso de socialización o estatización de deudas privadas.

Como muchas otras medidas aplicadas en torno al endeudamiento externo, la

“sucretización” no fue el resultado de una reflexión propia del gobierno ecuatoriano. Como consecuencia del proceso de negociaciones de la deuda externa, iniciado en 1982, los acreedores plantearon la transformación de las deudas externas privadas en deuda pública. Así se cumplió una de las condicionalidades del FMI y del Banco Mundial, que argumentaban –no sólo para el caso ecuatoriano– que el Estado es mejor garante para

atender estos créditos que los particulares. Esto configuró otro ejercicio de colusión abusiva y dolosa, en beneficio de los acreedores privados.

La “sucretización” benefició a un reducido número de personas naturales y jurídicas, muchas de las cuales han sido actores de primera línea en un complejo y añejo proceso de “privatización” del Estado. Recuérdese que en el Estado, como parte de este proceso social de larga data, han intervenido directa o indirectamente, en calidad de actores y de

beneficiarios, los grupos financieros más poderosos.

El discurso oficial rezaba que esta medida estaba pensada en función de salvar al

aparato productivo, ante la incapacidad (coyuntural) del sector privado para pagar su deuda externa. Con esta decisión, además, se pretendía proteger el empleo, al impedir la quiebra de aquellas empresas que se encontraban extranguladas por su deuda externa. Y por cierto se deseaba prevenir el colapso de los bancos nacionales, al tornarse irrecuperables los créditos que había concedido. Según Abelardo Pachano, quien fuera gerente del Banco Central cuando el gobierno de Hurtado inauguró esta medida,

el objetivo principal (…) fue el de asistir al sector privado, evitar quiebras no justificadas, estabilizar el sistema financiero y el comportamiento del mercado libre de cambios del país que estaba distorsionando fuertemente la política de ajuste gradual establecida por el programa de estabilización que buscaba la actualización del tipo de cambio real cuyo retraso era mayor a once años”. 7

En la práctica, fue una garantía de crédito en favor de los acreedores externos y una

garantía de cambio para los deudores en moneda extranjera. La “sucretización” determinó que, a partir de 1983, la mayoría de la deuda externa del sector privado se convirtiera en deuda del sector público (es decir de toda la sociedad) de forma indiscriminada. También fue cuestionable que no se previeron mecanismos para saber si las deudas declaradas

estaban realmente pagadas: los registros del Banco Central, que eran incompletos, sólo consideraban su ingreso y no su pago. Algo que se explicaría por la ineficiencia burocrática del Banco Central y en gran medida también porque las deudas no registradas no tenían que pagar impuestos; este fue el caso de las empresas de la construcción. Walter Spurrier anotaba, entonces, que “la deuda no registrada sigue siendo un enigma”. El mismo Abelardo Pachano afirmó posteriormente que no debería sorprender pues, que pueda haberse “sucretizado” más de un crédito ficticio y también créditos de otra manera

irrecuperables. Y el mismo Pachano –banquero experimentado– concluyó que la sucretización fue un me­ca­nis­mo pa­ra sal­var a los “aman­tes del ries­go, agre­si­vos en la cap­ta­ción de una ma­yor por­ción del mer­ca­do, pro­cli­ves a in­ter­me­diar con mo­ne­da ex­tran­je­ra y po­co cui­da­do­sos en la se­lec­ción del por­ta­fo­lio”.

Pachano tenía toda la razón. No se investigó si los deudores tenían reservas en dólares. Era fácil suponer que muchos agentes económicos privados tenían reservas en dólares y otras divisas, dentro e incluso fuera del país, para atender el servicio de sus deudas externas. El propio ex-presidente Hurtado, reconocería esta realidad en un libro que escribió sobre la deuda8, en el que asevera que las personas naturales y jurídicas, para protegerse de las presiones cambiarias, “aumentaban sus provisiones en moneda extranjera”. Otras personas endeudadas quizás no pudieron acceder a los dólares necesarios para pagar sus obligaciones, pero debían haber estado en capacidad de entregar los sucres equivalentes al Banco Central. Y por cierto las empresas exportadoras no debían tener dificultades en acceder a los dólares, que los recibían como resultado directo de sus operaciones comerciales. Tampoco se averiguó sobre la existencia de garantías y menos aún sobre el destino real de los fondos. Se “sucretizó” casi toda la deuda privada, sin importar el destino que se dio a los créditos contratados libremente en el exterior.

Al iniciar su gobierno, el ingeniero León Febres Cordero completó la faena de su

antecesor al ampliar mucho más las ventajosas condiciones de pago de la deuda externa

“sucretizada”, concedidas durante la administración precedente.

Así, Hurtado Larrea y Febres Cordero, cual toreros experimentados, asiendo un solo capote –el de la “sucretización”–, al alimón9, cada uno a su tiempo, se burlaron del pueblo. Discursos más discursos menos, sus acciones organizaron la economía para

garantizar el servicio de la deuda, trasladando el peso de su pago a toda la sociedad…

Lo que nos interesa en este texto es anotar que el Banco de Guayaquil encabeza la lista de entidades financieras beneficiarias, después del Banco del Pacífico, y se encuentra en el puesto 17 de la lista total de sucretizadores.10

La “su­cre­ti­za­ción” de ca­si 1.500 mi­llo­nes de dó­la­res de deu­da ex­ter­na re­pre­sen­tó un sub­si­dio al sec­tor pri­va­do su­pe­rior a un bi­llón tres­cien­tos mil mi­llo­nes de su­cres (1’300.000’000.000) o sea mil tres­cien­tos mi­llo­nes de dó­la­res (1.300’000.000), al ti­po de cam­bio de mil su­cres por dó­lar co­mo pro­me­dio pa­ra el pe­río­do de pa­go, si so­lo se con­si­de­ra el efec­to del di­fe­ren­cial cam­bia­rio. La Comisión de Auditoría del Crédito Público, que concluyó su trabajo a fines de 2008, estima el subsidio total en 4.400 millones de dólares. Esta fue una de las ma­yo­res sub­ven­cio­nes pun­tua­les de la his­to­ria re­pu­bli­ca­na, que se­ría su­pe­ra­da años des­pués con el sal­va­ta­je ban­ca­rio ins­tru­men­ta­do por el go­bier­no de­mo­cris­tia­no de Jamil Ma­huad Witt, con un monto que superó los 8.000 millones de dólares. Compra de cuentas especiales en divisas

Pero eso no fue todo. Como complemento de la sucretización, simplemente para refrescar la memoria pública, aquí cabe mencionar otro generoso apoyo brindado por el ingeniero León Febres Cordero, durante su gobierno, a los mimos grupos de beneficiarios de la “sucretización”. Partiendo del principio básico del mercado secundario, o sea del descuento existente en él, el Banco Central del Ecuador autorizó, durante su gestión, la compra de cuentas especiales en divisas o compensación de pasivos, sobre todo al sistema financiero. Los agentes económicos, que habían comprado papeles de la deuda ecuatoriana con un considerable descuento en dicho mercado, luego los convirtieron en sucres al valor nominal de dichos papeles, es decir al 100%. Así, por ejemplo, si alguien había comprado un pagaré de deuda ecuatoriana, nominalmente valorado en 100 mil de dólares, con un descuento de un 70%, tuvo que desembolsar 30 mil dólares al acreedor internacional, pero lo redimió en el Banco Central al 100% de su valor nominal, en sucres. Todo el descuento iba en beneficio de un grupo reducido de persona, como sucedió con la “sucretización”.

Los réditos para los beneficiarios de este mecanismo se estiman entre 260 y 300

millones de dólares, si se calcula que los títulos de la deuda se habrían adquirido con un

descuento promedio que pudo haber oscilado entre 60 a 70%. Las 140 ope­ra­cio­nes de con­ver­sión de deu­da rea­li­za­das en el trie­nio 1986-1988, a tra­vés de “la com­pra de cuen­tas es­pe­cia­les en di­vi­sas” per­mi­tie­ron la re­duc­ción de la deu­da por 435 mi­llo­nes de dó­la­res (47 mi­llo­nes de dó­la­res en 1986, 127 mi­llo­nes en 1987 y 261 mi­llo­nes en 1988). Can­ti­dad mi­nús­cu­la fren­te al vo­lu­men que ha­bía al­can­za­do el en­deu­da­mien­to ex­ter­no en 1988, cuan­do és­te ya ha­bía su­pe­ra­do los 10 mil mi­llo­nes de dó­la­res; pe­ro que sí pro­du­jo be­ne­fi­cios importantes en el ám­bi­to em­pre­sa­rial.

Adicionalmente, los recursos necesarios –los sucres– para realizar estas operaciones –sobre todo por parte de la banca privada– fueron proporcionados por el Banco Central. Algunos bancos –por ejemplo, Filanbanco y Banco de Guayaquil (uno de los mayores beneficiarios en esta compensación de pasivos), como se desprende de los “contratos de mutuo”, suscritos el 29 y 31 de marzo de 1988, respectivamente– obtuvieron créditos del Banco Central, en forma de anticipos ordinarios, que “solventarían al momento su problema de liquidez”; con estos recursos financiaron la adquisición de fracciones de la deuda, que eran convertidas, sin descuento alguno o sea a su valor nominal, a sucres por el Banco Central. Mientras que otros bancos simplemente se sobregiraron en el Banco Central para financiar este lucrativo negocio.

Con el producto de esta operación destinada a la compensación de pasivos, se

procedió a cubrir sobregiros de la banca, desencajes, pagos de cartera vencida y de intereses de anticipos, así como prepagos de redescuentos en el Banco Central; igualmente se permitió el pago de las multas a la Superintendencia de Bancos. Y, en algunos casos, se dice que les sobró dinero… ¿para enviar a paraisos fiscales?, salta de forma casi natural la inquietud.

No sólo interesa conocer y analizar el monto del regalo que se otorgó con la

“sucretización” y la “compra de cuentas especiales en divisas”, o el nombre de sus

beneficiarios entre los que se encuentran en los dos casos inclusos empresas extranjeras como Texaco. Es importante analizar los efectos perniciosos de estas operaciones. Si por un lado estas medidas aliviaron las presiones sobre un grupo selecto de personas naturales y jurídicas, mientras la mayoría de la población recibía el impacto de la crisis económica, las dos operaciones provocaron nuevas presiones inflacionarias, por ejemplo el canje de deuda impactó directamente sobre el tipo de cambio. Por otro lado, el cada vez más acelerado aumento de los precios se convirtió en un mecanismo para licuar la deuda externa privada transformada en obligaciones en sucres, en tanto permitió que los “sucretizados”, que tenían que cumplir estas obligaciones con tasas de interés y un tipo de cambio fijos, se beneficien de este proceso inflacionario que dejó montado sobre todo el duo Hurtado y Fébres Cordero.

A lo anterior brevemente descrito faltaría conocer si el Banco de Guayaquil fue o es aún tenedor de papeles de deuda externa ecuatoriana o simplemente intermediario de algunos acreedores foráneos y/o nacionales. A pesar de que no disponemos de esa información sí podemos concluir, una vez más, que los mejores garantes de los intereses de los acreedores de la deuda externa y de los grupos económicos de poder criollos fueron los gobernantes ecuatorianos. Recordemos solamente cómo en medio de la pandemia del coronavirus11 –cuando literalmente morían millones de compatriotas– el gobierno de Lenín Moreno prefirió atender las demandas de los acreedores y no la salud de su pueblo. Liberalización del sistema financiero, desregulación de los depósitos fuera del país, escudos fiscales

Sigamos en nuestro recuento. Particularmente desde 1992, con Alberto Dahik Garzozi y Sixto Durán Ballén, en orden de importancia en el manejo económico, se liberalizó y flexibilizó el sistema financiero, al tiempo que se eliminaron las estructuras preferenciales de las tasas de interés y la acción de fomento de la banca estatal. El Banco Central asumió exclusivamente funciones monetarias y cambiarias. Los bancos de desarrollo –Corporación Financiera Nacional (CFN) y Banco Nacional de Fomento, transformado el primero en banca de segundo piso–, facilitaron el libre accionar de la banca comercial.

Antes ya se había flexibilizado la fijación de las tasas de interés desde 1986. De todas formas, el punto de partida de la liberalización financiera radica en la aprobación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero en 1994 (Ley N° 52, Registro Oficial N° 439 del 12 de mayo de 1994) –impulsada por el FMI–, que permitió a los banqueros ampliar sus actividades y diversificar sus negocios, al tiempo que amplió la posibilidad de aumentar los créditos para sus propias empresas: créditos vinculados. Con esto se introdujo el libertinaje en el sector, exacerbado por la reducción de la capacidad (y voluntad) de control de la Superintendencia de Bancos. Entonces se dio paso a una serie de reformas jurídicas y a la expedición de nuevas normas legales, tales como la Ley de Mercado de Valores, la Ley de Modernización del Estado, y, en particular, la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.

A lo anterior se sumó la desregulación de los depósitos fuera del país, en la banca off-shore (sucursales de los bancos nacionales en el exterior), que no atrajo ahorro externo, sino que canalizó recursos de los ecuatorianos hacia el exterior para ser manejados extraterritorialmente –paraísos fiscales– en un ambiente caracterizado por cada vez menos controles. Este sería otro de los detonantes para acelerar la dolarización espontánea de la economía, pues esta banca off-shore sirvió para alentar y esconder el ahorro en dólares, no para atrae ahorro externo, como era el mensaje oficial.

Estas reformas cambiaron el sistema de banca restringida (y relativamente controlada) por un sistema de banca universal liberalizada, con lo cual, en la práctica, aumentaron los riesgos en sus operaciones. Igualmente se permitió el ingreso de nuevos productos bancarios a tono con el ambiente especulativo internacional. Esta banca canalizó masivos recursos externos hacia la economía nacional sin adoptar criterios de selectividad productiva y sin tomar las precauciones del caso; recursos que luego fueron sacados del país cuando aparecieron los primeros síntomas de la crisis…

Con este esquema de banca universal o multibanca se debilitó la banca provincial y regional, se ahondó el fenómeno de transferencia asimétrica y de concentración de capitales que se da en el Ecuador, pues apenas pocas provincias –Guayas, Los Ríos, El Oro y Pichincha– captaban el grueso del ahorro privado, que escapaba de las otras provincias.

En este contexto, el sistema financiero, como consecuencia directa de la liberalización de la cuenta de capitales y afectado también por la crisis, luego de lucrar de un ambiente favorable para la especulación más que para la producción, terminó por transformarse en un lastre económico. Recordemos el lucro que obtuvieron con los conocidos como escudos fiscales: la banca privada, como en muchas ocasiones en la historia, se transformó al finalizar el siglo pasado en prestamista del gobierno nacional. Este emitía bonos con una tasa de interés interesante que eran comprados por la banca, la que además podía descontar dichas compras del pago de sus impuestos, así alentaba el gobierno la compra de sus bonos en la medida que se seguía ahogando con un defícit fiscal transformado en un tonel sin fondo sobre todo por el peso del servicio de la deuda externa.

En este ambiente permisivo se consolidaron las condiciones para el uso ineficiente y hasta corrupto de los créditos, las cuales, sumados a los problemas macroeconómicos mencionados y a las dificultades exógenas, permitieron que afloren los desequilibrios financieros, reflejados en las deficiencias de cartera, la excesiva concentración de crédito, los enormes montos de créditos vinculados, la ausencia de adecuadas herramientas de control, la ineficiencia, el despilfarro de recursos –multimillonarias campañas publicitarias, lujosas oficinas y múltiples gangas para ocultar las debilidades–, a más por supuesto de un canibalismo bancario explicable por la disputa de un mercado en contracción, encubierto también detrás de la “cuestión regional”, exacerbada desde fines del siglo XX.

El salvataje bancario y los grandes negocios de la banca que no quebró

Es conocido que muchos presidentes han llegado al Poder político en contubernio con el Poder económico. Una y otra vez, los grupos dominantes, en muchas ocasiones encabezados por los banqueros, controlaron el Poder político por mano ajena, siendo uno de los primeros casos más notables el de Francisco Urbina Jado a principios del siglo XX. En 1998, junto a Fernando Aspiazu: Banco del Progreso, que financió el 27% de la campaña de Mahuad y que representaba los intereses de una empresa como Emelec, afectada por una compleja relación morosa con el Estado desde 1985, asoman banqueros de peso como financistas de la campaña democristiana. Esta vinculación bancaria se hizo evidente en los nombramientos de dichos banqueros en importantes puestos del gobierno de Mahuad –Guillermo Lasso (Banco de Guayaquil; gobernador del Guayas y superministro de Economía), Alvaro Guerrero (Banco La Previsora; presidente del CONAM), Medardo Cevallos Balda (Bancomex; embajador en México) entre otros– y de influyentes directivos de la Asociación de Bancos Privados: Ana Lucía Armijos (ministra de Gobierno y de Finanzas, embajadora en España) y Carlos Larreátegui (superministro de Desarrollo Social).

A contrapelo del discurso del libre mercado, no faltaron intervenciones del Estado a favor de bancos en situación crítica, a partir del salvataje del Banco Continental durante el gobierno de Durán Ballén. El problema se agudizó cuando el gobierno de Mahuad, a fines de 1998, horas antes de que el grupo Isaías entregue su banco –el Filanbanco– al Estado, se estableció, por recomendación del Banco Mundial, la AGD (Agencia de Garantía de Depósitos) para que asuma la garantía de todos los depósitos casi sin límites, mientras que los banqueros –en la práctica– no estaban obligados a entregar garantías adecuadas por los préstamos obtenidos. Este descabellado “invento” fue coherente con las tradicionales prácticas rentísticas. Es interesante anotar que gran parte de las reformas de esta época, como la propia creación de la AGD, fue obra de los partidos Social Cristiano, Demócrata Popular y Conservador, a los cuales adhirieron el FRA y en determinadas situaciones el PRE. Partidos que formaron gobierno en el período del ajuste.

A cuenta de créditos de liquidez, en términos netos, el Estado entregó a la banca, unos 900 millones de dólares desde agosto de 1998 hasta marzo de 1999; otros 1.400 millones en bonos de la AGD los dio a partir de diciembre de 1998; en marzo de 1999 congeló en toda la banca los depósitos de los clientes por unos 3.800 millones (que en parte se devolvieron, pero sin considerar intereses y menos aún el lucro cesante ni la devaluación del tipo de cambio), a lo cual se añaden más de 2.300 millones entregados, por diversos conceptos (incluida la conversión de deuda en capital a favor del Filanbanco) en el año 2000. A esto se suman los 300 millones en nuevos bonos para el Filanbanco y casi 100 millones de capitalización del Banco del Pacífico, recursos entregados en 2001 para que estos bancos cumplan con las exigencias legales del 9% de patrimonio técnico sobre activos y contingentes ponderados por riesgo.

El discurso liberal quedó marginado cuando el Estado dio paso al salvataje bancario, con el cual afloró una de las facetas propias de la estructura autoritaria y paternalista de la sociedad ecuatoriana, en definitiva del neoliberalismo realmente existente. Salvataje bancario que representó la entrega de miles de millones de dólares al sistema financiero privado.12 Y el Es­ta­do con­tro­ló por es­ta vía el 70% del pa­tri­mo­nio y el 60% de los ac­ti­vos de la ban­ca.

El sal­va­ta­je re­pre­sen­tó so­lo en 1999 ca­si el 30% del PIB, una de las ma­yo­res ci­fras re­gis­tra­das a ni­vel mun­dial en es­te ti­po de ope­ra­cio­nes: 15% en el Su­des­te Asiá­ti­co en­tre 1995 y 1997, mien­tras que el pro­me­dio de Amé­ri­ca La­ti­na fue de 8,3%. He aquí una de las ex­pli­ca­cio­nes del au­men­to de la po­bre­za y la mi­se­ria, pues el pe­so del sal­va­ta­je se car­gó a la so­cie­dad, mien­tras la ma­yo­ría de ban­que­ros beneficiados del salvataje bancario po­nía a buen re­cau­do sus pro­pie­da­des y sus in­ver­sio­nes. Además, en especial la banca privada lucró de los certificados de depósitos reprogramables (CDR), con los que se licuó gran parte de la deuda de la banca intervenida por el Estado. CDR que, por otro lado, acompañarón las angustias de los depositantes durante la crisis del tornasiglo, quienes recibieron dichos certificados se entregaban a cambio del dinero congelado en los bancos.

En este punto el salvataje del Filanbanco, que recibió más de 1.200 millones de dólares desde 1998 al 2001–más del doble de lo que el Estado destinó para salud desde 1998 al 2001–, resulta paradigmático pues sus antiguos propietarios pretendieron negar la quiebra de la institución cuando fue entregada al Estado y exigieron la devolución de algunas garantías entregadas… pero eso es otra historia.

En esta ocasión, una vez más, la Superintendencia de Bancos brilló por la ausencia. El fracaso de su gestión asomó con claridad cuando ni siquiera pudo entregar una lista actualizada de los deudores morosos del Filanbanco, entidad que, por lo demás, resultó impenetrable para el control estatal: el propio presidente de la República, Gustavo Noboa, quien llegó al Poder como vicepresidente de Mahuad, en julio de 2001, llegó a reconocer que se le había ocultado información… su gobierno, como lo demuestra la historia, resultó un digno heredero del régimen bancocrático de Jamil Mahuad.

Creando oportunidades para un cambio radical

Para ir cerrando estas líneas, recuperemos los resultados económicos de los últimos años. En medio de la crisis y por cierto más aún durante la segunda bonanza petrolera, durante el correismo, la banca privada, que incluye al Banco de Guayaquil, consiguió utilidades como nunca antes en la historia. Recordemos: 4.619 millones de dólares entre 2007 y 2020. Durante ese período, en ningún instante hubo algún intento de incautación o apropiación de la banca y sus propietarios. Es más, durante el gobierno supuestamente socialista de Correa, el Banco de Guayaquil se benefició directamente del Estado a través de la banca estatal, concretamente de la Corporación Financiera Nacional, con el 40% de los depósitos de dicha entidad bancaria.13 A su vez, en el propio gobierno de Rafael Correa los grupos más acomodados consolidaron su posición con algunas mejorías para los sectores populares gracias a los ingentes ingresos petroleros y de un irresponsable endeudamiento externo pero que, luego, como resultado de la caída de los precios del petróleo y la mala administracion económica de dicho gobierno, empezó un claro proceso de reversión social y de estacamiento económico.14

Para finalizar, no anticipamos –porque no somos los indicados– ninguna conclusión sobre la legalidad de estas operaciones asociadas a Guillermo Lasso y su banco. Sin embargo, estamos convencidos que el asunto es ético. Un banquero, como establece incluso la Constitución de Montecristi, no puede ser más que banquero, pero de otro tipo de banca, que esté sustentada en la ética y la solidaridad. Es más, en medio de la oscuridad de los papeles de Pandora, ¿por qué no recuperar la esperanza de que la banca sea por fin nacionalizada, fragmentada y transformada en un auténtico instrumento de apoyo sobre todo a las finanzas de los sectores populares? Y también, ¿porqué no apoyar decididamente todas las acciones a nivel mundial que apuntan a la desaparición de los paraísos fiscales y al combate a los flujos financieros especulativos que tantos problemas ocasionan15?

El pueblo, como siempre, tiene la palabra.

Notas:

1 Ver Rolando Astarita (2019); “Pandora: paraísos fiscales y globalización del capital”. Disponible en https://www.sinpermiso.info/textos/pandora-paraisos-fiscales-y-globalizacion-del-capital

2 Oscar Urgateche, brillante economista peruano, nos recuerda es realidad, en la siguiente entrevista (2016): https://cdes.org.ec/web/evadir-hoy-evitar-impuestos-manana/

3 “Un fideicomiso de Dakota del Sur cambia todo eso: protege los activos de reclamos de ex cónyuges, socios comerciales descontentos, acreedores, clientes litigiosos y casi cualquier otra persona. No te protegerá del enjuiciamiento penal, pero evita que la información sobre sus activos se filtre de una manera que podría despertar el interés de la policía. Y protege su riqueza del gobierno, ya que Dakota del Sur no tiene impuesto sobre la renta, impuesto sobre sucesiones ni impuesto sobre ganancias de capita. (…) A los políticos estadounidenses les gusta jactarse de que su país es el mejor lugar del mundo para hacerse rico, pero Dakota del Sur se ha convertido en otra cosa: el mejor lugar del mundo para mantenerse rico.” Consultar en R. López (Noviembre 2019), “Dakota del Sur: El paraíso fiscal que los ricos aman”. Consultar en https://www.antilavadodedinero.com/dakota-del-sur-el-paraiso-fiscal-que-los-ricos-aman/

4 Ibid.

5 Consultar en Diario el Comercio, Quito, 12 de octubre del 2021. https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/lasso-tributacion-impuestos-pandora-papers.html

6 Consultar el artículo de los autores: “La banca gana… ¡siempre!” (Septiembre 2017). Disponible en https://lalineadefuego.info/la-banca-gana-siempre-por-alberto-acosta-john-cajas-guijarro/

7 Ver Pachano, Abelardo; Endeudamiento global y requisitos de la intervención estatal: experiencias y perspectivas, Apunte

Técnico Nº 8, CORDES, pp. 42-44.

8 Ver Hurtado Larrea, Oswaldo; Deuda externa y desarrollo en el Ecuador contemporáneo, PLANETA, Quito, 2002.

9 Consultar en Alberto Acosta (2008); Sucretización, ¿un atraco al alimón? – Oswaldo Hurtado Larrea y León Febres Cordero. Disponible en https://flacsoandes.edu.ec/web/imagesFTP/1229543406.Sucretizacion.pdf

10 La lista completa de todos lo sucretizadores y canjeadores se encuentra en el libro de Alberto Acosta (1994); Los nombres de la deuda: sucretizadores, canjeadores, tenedores. FONDAD, CAAP, Quito.

11 Al respecto de puede consultar el libro de John Cajas-Guijarro (2021); COVID-19: la tragedia de los pobres. Entre crisis, sindemia y otros males. Plataforma por el Derecho a la Salud/Fundación Donum/FOS. Quito. Disponible en https://saludyderechos.fundaciondonum.org/wp-content/uploads/2021/07/Covid-tragedia-de-pobres.pdf

12 Consultar en el artículo de Alberto Acosta (2008); “Entretelones del salvataje bancario”. Disponible en https://rebelion.org/recordando-los-entretelones-del-salvataje-bancario/

13 Consultar el informe del Ministerio de Coordinación de la Política Económica (2015). Disponible en https://es.scribd.com/document/339168939/Informe-sobre-la-Corporacion-Financiera-Nacional

14 Al respecto se puede consultar en Acosta, Alberto y Cajas Guijarro, John (2018); Una década desperdiciada – Las sombras del correismo, CAAP, Quito. Disponible en https://drive.google.com/file/d/1ezro-SaBUzXlzsEllvOAjpIwJIijwiqj/view

15 Tema que también preocupa a los autores. Ver su artículo Acosta, Alberto y Cajas Guijarro, John (2020); “Del coronavirus a la gran transformación – Repensando la institucionalidad de la económica global”, en el libro de varios autores y varias autoras: Posnormales – Pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemias, editado por Pablo Amadeo. Disponible en https://www.academia.edu/43722890/Posnormales_ASPO


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