Publicado en línea el Lunes 18 de octubre de 2021, por Arturo

Ismael Morales – Responsable de Comunicación de la Fundación Renovables

Publicado en 20 minutos.es

Quien nos hubiera dicho que existirían movimientos sociales en contra de la principal solución para la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI): las energías renovables. Coexisten tendencias ciudadanas para acelerar la mitigación de las causas del cambio climático con otras contra esas mismas iniciativas. Toda una paradoja que nos puede salir cara.

Hay que reconocer que la raíz del problema está en que se ha dejado todo a la rentabilidad del terreno y al puro rédito financiero. No existen criterios de control u ordenación para definir dónde sí y dónde no. Ya lo analizamos en la Fundación Renovables y propusimos toda una batería de líneas de actuación en el informe Renovables, ordenación del territorio y biodiversidad . La más urgente es revisar el PNIEC con urgencia-antes de la revisión fijada en 2023- para, entre otras cosas, que incluya una escala de priorización sobre el territorio para las instalaciones centralizadas y distribuidas y una zonificación ambiental y socioeconómica vinculante para los promotores, incluso en las subastas de renovables. Aunque suene mal, también hay que poner líneas rojas a algunos proyectos. No todo vale.

Esa urgencia nace del evidente rechazo social, pero tenemos herramientas legislativas y comunicativas para trabajar desde ya mismo; no podemos esperar a que “los aerogeneradores tengan pelo”.

Pero, la solución no es una moratoria, ni mucho menos. No podemos echar el freno de mano en la transición energética porque en ello nos va la conservación del planeta, nuestra salud y el futuro de nuestras generaciones. La moratoria per se generaliza un problema que es particular y localizado en determinadas comarcas; no todos lo hacen mal, hay iniciativas que cumplen con y por el territorio y la ciudadanía.

¿Son pocas? De momento. Ya serán más si aplicamos medidas, pero no paremos. Las renovables son imprescindibles y en eso no hay dudas. Hace 10 años también se realizaban instalaciones y mucha gente las miraba con orgullo, considerándolas como un avance hacia la modernidad que las energías limpias traían a los pueblos. Ahora se ha perdido esa visión, por lo que toca ordenar, priorizar y dar beneficios a los municipios para su propio desarrollo, considerando las instalaciones no como extractivas, sino como impulsoras de la economía local.

Si un promotor llega a un municipio, independientemente del tamaño, alejado de las grandes urbes, con la intención de instalar un parque fotovoltaico o eólico en suelo público, lo primero que debería pasar es que la administración, con la opinión de los vecinos, le diga: “vale, tiene usted estas zonas donde puede llevarlo a cabo. El resto están protegidas porque tienen un elevado valor ambiental y socioeconómico para muchas familias por años de tradición”. Una herramienta que deberían facilitar tanto el Gobierno central como los autonómicos.

Por otro lado, las recaudaciones impositivas o parte de los beneficios derivados de la ocupación de los terrenos, en el caso de que sean públicos, que se destinen a las arcas públicas para generar empleo de calidad en sectores con futuro, como la propia transición energética, o a mejorar la calidad de sus servicios públicos. ¿Por qué no se pueden destinar los beneficios obtenidos a acelerar la movilidad sostenible, instalando puntos de recarga y electrificando la flota de transporte público? El abanico de posibilidades es muy amplio.

Otra de las opciones es que el promotor ofrezca algo a cambio a la ciudadanía de la población en cuestión. Muchos empiezan a predicar con este ejemplo y debería replicarse si existe esa posibilidad. El proyecto Hybrex es un claro ejemplo de por dónde deben ir las soluciones, conjugadas con buenas ideas. En este caso, en la comarca de la Sierra de Montánchez, entre las provincias de Cáceres y Badajoz. Sentarse, hablar, debatir, escuchar, proponer y acordar. Así se construye el futuro de las renovables, evitando el “aquí no”.

El proyecto contempla 4 instalaciones fotovoltaicas que suman en total 120 MW (46,5 MW+22 MW+45 MW+6,5 MW), que generaran 202 GWh anuales y una capacidad de almacenamiento de 50 MWh. Paralelamente, contempla otros 4 parques eólicos que suman 110 MW, con una capacidad de 333,3 GWh de generación anual. Hasta ahí, todo bien, nada de grandes parques de 300 MW ni miles de hectáreas. Pero, la innovación y la idea disruptiva se vislumbra en lo que van a aportar de manera gratuita a los municipios.

Hybrex financiará instalaciones de autoconsumo en los municipios afectados y serán gestionadas por comunidades energéticas. Es decir, pretende otorgar a los ciudadanos de las localidades afectadas la oportunidad y las herramientas de ser partícipes activos de la transición energética, con el consecuente beneficio de una reducción de la factura. Además, exigirá a las empresas proveedoras que contraten a trabajadores de la comarca, con una formación previa si requiere de una fase de especialización. ¿Se pueden hacer bien las cosas? Por supuesto. No todo es negro o blanco.

Este ejemplo no exime al legislador de realizar su función de “regular” a escala nacional, regional y local y no dejar a la bondad de los promotores estas ideas. No podemos caer en dogmas irracionales como el de que las renovables son un peligro; al contrario, el peligro vendrá si no las instalamos con criterios racionales de ordenación, mejorando el bienestar y la economía de los municipios aledaños.

En algún momento, mejor cuanto antes, resonará el eco de esta frase en los consistorios de toda España al recibir la petición de un proyecto: “renovables sí, pero póngalas aquí”. Y habrá merecido la pena construir las soluciones desde el consenso.


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