Publicado en línea el Martes 13 de julio de 2021, por Admin2

Ingmar Bergman (Suecia 1918-2007) es considerado por muchos críticos como el más grande director de cine de todos los tiempos. En el año 1977 dirigió el film El huevo de la serpiente, una historia que se desarrolla en Alemania en la segunda década del siglo XX.

A través de los avatares de tres personajes (Abel Rosenberg, Manuela y el científico Hans Vergerus) Bergman exhibe a la sociedad alemana de la postguerra; el resentimiento y la desolación de muchos por la derrota que sufrieron y la búsqueda de un cambio encabezado por un líder.

En un diálogo que sostienen Rosenberg y Vergerus, éste le señala que el futuro de la Alemania es predecible como un huevo de serpiente el cual puede ser observado detrás de la cáscara del huevo, aunque nadie quiera admitirlo o niegue lo evidente.

El huevo de la serpiente es una metáfora que usó el cineasta sueco para mostrar un nazismo en ciernes que penetrará en la sociedad alemana alentando el antisemitismo, el sentido de superioridad racial y que terminará involucrando al mundo en una segunda conflagración.

La cinta de Bergman muestra que en ciertas etapas se gestan y materializan dentro de la sociedad una serie de acciones y circunstancias que al ser tan evidentes no pueden pasar inadvertidas y que la negación de esas señales tiene un alto costo social poniendo incluso en riesgo la existencia del Estado.

Desde hace varios años en el estado de Chiapas se han generado una serie de acontecimientos cuyo punto de inflexión será el homicidio de cuatro personas ocurrido el 17 de junio de 2021 en el municipio de Jiquipilas y el enfrentamiento armado entre dos grupos delincuenciales el pasado siete de julio en Tuxtla Gutiérrez que tuvo como resultado siete personas asesinadas.

El gobierno del estado y la fiscalía general tuvieron éxito en desviar la atención del cuádruple asesinato, alentando a través de las redes sociales y algunos medios de comunicación, la versión de que el homicidio –aun y cuando desde un principio el hecho presentaba características de una ejecución típica del crimen organizado- había sido perpetrado por un miembro del Movimiento Campesino Regional Independiente Coordinadora Nacional Plan de Ayala Emiliano Zapata (MOCRI CNPA EZ) que había invadido el inmueble de una de las víctimas. Una vez que se consumó el linchamiento social, la policía especializada de la fiscalía detuvo arbitrariamente a Misael Eleria López y a base de tortura lo obligó a autoinculparse del múltiple asesinato y de otros más. Su detención fue presentada ante la sociedad como un ejemplo de que en Chiapas “prevalece el Estado de derecho”.

Sin embargo, el montaje mediático fue efímero; la grave crisis de seguridad y la actuación impune del crimen organizado, la cual buscaba encubrir el gobierno encabezado por Rutilio Escandón Cadenas, se evidenciaron en el enfrentamiento del siete de julio, exhibiendo la incapacidad del gobernador para garantizar la paz social en el estado. También demostraron que la aplicación del Estado de derecho, es una simple retórica que utilizan las autoridades estatales para justificar su torpeza y sus arbitrariedades.

Los sucesos letales demuestran que la violencia en la entidad ha crecido exponencialmente al igual que la penetración de la delincuencia organizada en la vida diaria de la sociedad chiapaneca. Las actividades institucionales, políticas y económicas dan fe de ello. Para nadie es un secreto que las principales ciudades del estado se han convertido en sedes de blanqueo de recursos ilícitos y lugar de residencia de personas vinculadas con el crimen organizado, las cuales han abandonado el bajo perfil, involucrándose activamente en la vida cotidiana de la sociedad.

La construcción de plazas comerciales y la apertura de toda clase de giros mercantiles contrasta con la falta de poder adquisitivo de la mayor parte de la sociedad chiapaneca. La oferta de servicios no justifica la demanda de los mismos, desafía la lógica de la mercadotecnia, salvo que el objetivo no sea la obtención de ingresos lícitos sino el lavado de dinero.

La narcomanta que apareció en la ciudad de Palenque el pasado cuatro de julio en donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) anuncia su presencia en el estado, no puede desasociarse del cuádruple homicidio y del enfrentamiento que aconteció en Tuxtla Gutiérrez el siete de julio. Todos estos elementos corroboran la existencia de una disputa entre los distintos grupos de la delincuencia organizada con la finalidad expandir y/o defender el control territorial.

Los últimos acontecimientos solo pueden ser explicados a partir de la innegable disputa por el control territorial de las rutas de trasiego de droga, migrantes, armas etcétera, que llevan a cabo los cárteles. Esa contienda se exacerbó a partir de los resultados del proceso electoral del pasado seis de junio, ya que algunos grupos de la delincuencia organizada a través de ciertos candidatos lograron acceder al poder legalmente instituido, lo que se traduce en el control del aparato administrativo, el acceso a recursos públicos estatales y federales, la seguridad pública municipal y por ende el control del poder punitivo de la autoridad. Con esta transmutación, los grupos delincuenciales pasan de ser un poder fáctico a un poder legamente instituido, que al consolidar su control territorial obliga a una reconfiguración de rutas que terminan involucrando a todos los cárteles de droga, que ven obligados a emprender la defensa armada de su territorio y la conquista de nuevos territorios. No será extraño sino consecuencia de esa lucha, que en un corto plazo algunos ediles sean objeto de agresiones.

Al igual que en otras entidades federativas, la simbiosis crimen organizado-autoridades está presente en Chiapas, y sólo de esta manera puede explicarse la presencia de dos policías estatales que perdieron la vida prestando sus servicios como escoltas a una de las víctima del enfrentamiento del pasado siete de julio. Sería absurdo pensar que los mandos superiores eran o son ajenos a esa u otras situaciones similares.

Aunado a la crisis de seguridad y la presencia del crimen organizado, tenemos que los sistemas estatales de procuración y administración de justicia se encuentran sumergidos en una grave crisis de credibilidad. La corrupción ha penetrado todas las estructuras de la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial de Chiapas. La utilización sistemática de la tortura para justificar las detenciones arbitrarias y la fabricación de falsos culpables, el abuso de poder en contra del ciudadano común, de los activistas sociales, defensores de derechos humanos y periodistas, la actuación de jueces de consigna, es un rasgo común que distingue a esas dos instituciones.

Los hechos de violencia que se han venido desarrollando en los Altos, la Frailesca, los Llanos y la capital del estado, contrario a la versión difundida por las autoridades estatales, nada tienen que ver con la actuación de las organizaciones sociales; éstas, realizan un trabajo abierto y sus acciones se enmarcan en el derecho a la resistencia. La violencia inusitada de las últimas semanas, no es propia de las organizaciones sociales, sino de la delincuencia organizada que a través del terror busca imponer su poder.

Al igual que el huevo de la serpiente, la presencia y actuación del crimen organizado del cual solo puede emanar mayor violencia y un proceso de descomposición social, es una realidad, aunque las autoridades estatales traten de encubrirla y una buena parte de la sociedad chiapaneca siga negando lo evidente.

Comportamiento judicial

Son paradójicos y contradictorios los criterios que aplican algunos juzgadores del Poder Judicial de la Federación en los juicios de amparo. En los últimos meses, algunos togados se han mostrado más inclinados a admitir demandas de grupos empresariales que han impugnado (lo cual es un derecho) diversas reformas constitucionales. Las demandas de estos quejosos no solo han sido admitidas, sino que en la inmensa mayoría de ocasiones los jueces les conceden las suspensiones provisional y definitiva.

En cambio con las demandas de amparo que promueven grupos vulnerables, por ejemplo pueblos y comunidades indígenas, los juzgadores han sido extremadamente proclives a desecharlas por causales de sobreseimiento o negar el amparo basados en razones absurdas.

Una prueba fehaciente de esa actuación fue la forma en que los jueces federales resolvieron las demandas de amparo que en su momento promovió el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) impugnando la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y la manera en que esos mismos juzgadores ahora atienden las demandas de amparo que han impulsado los grupos empresariales impugnando la cancelación de esa terminal aeroportuaria.

La actuación de los togados deja ver un sesgo en la administración de justicia encaminado a beneficiar a los grupos con los cuales se sienten identificados ideológicamente. Negar esta realidad es ir en contra de un amplio acervo bibliográfico que responde a la pregunta ¿por qué los jueces deciden cómo lo hacen?

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